Un proyecto que  puede aniquilar la seguridad jurídica para el agro

El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, envió un proyecto para que el Congreso incluya en el Código Penal como delito federal la "deforestación ilegal". La iniciativa tiene todas las características del fundamentalismo ambiental. De hecho, el difusor de la novedad es el biólogo de Vida Silvestre y secretario de Políticas Ambientales, Diego Moreno, quien promete "penas entre los seis meses y los tres años de prisión", e incluye "agravantes que podría elevar el castigo a cinco años y que no sea excarcelable".

Para las provincias se plantea un serio problema jurídico. Moreno, así como los activistas verdes, consideran ilegales los desmontes autorizados por los gobiernos provinciales en lugares donde a ellos no les gusta. De hecho, el recordado Emiliano Ezcurra acuñó una frase histórica: "La yunga llega hasta donde yo quiero", dijo, cuando le señalaron que, contrariamente a sus eslóganes, en la yunga no se puede plantar soja, porque es selva de montaña.

Ezcurra fue premiado por su desparpajo: es vicepresidente de Parques Nacionales.

Un referente de Greenpeace, Hernán Giardini, hizo declaraciones que anticipan un horizonte sombrío para las zonas más relegadas de Salta. "Si se desmonta donde no se puede, se está rompiendo el acuerdo de conciliar la conservación y las explotaciones que se les permiten al sector del agro para avanzar en algunas zonas".

¿Quién va a interpretar lo que se puede y lo que no se puede?

La Suprema Corte de la Nación, luego de impedir por cuatro años los desarrollos rurales, terminó enviando el expediente a la Corte salteña. La interpretación de la ley de bosques corresponde a la Justicia provincial. No es el Ministerio el que debe ocuparse del tema. Y mucho menos una organización ambientalista.

Los equívocos solemnes

Para Salta, el tema no es menor. El ministerio y la ONG hablan indistintamente de deforestación, desmonte o degradación. La confusión, a veces, se genera por ignorancia; otras por mala fe. El ministerio pasa por alto que la ley de bosques, establece "presupuestos mínimos". Solo se puede evaluar y controlar con organismos técnicos y provinciales que analicen la situación biológica y social de cada predio.

Giardini habla de "emergencia forestal" y se refiere a una "deforestación descontrolada". Las cifras que maneja Greenpeace no son consistentes, pero menos aún lo es la interpretación. "Deforestar", según la FAO, es eliminar la cobertura vegetal e impedir la recuperación de la flora. "Degradar" el bosque, con la consecuente desertificación, es la mayor causa de destrucción del bosque. Siempre según la FAO, las mediciones satelitales son imprecisas, no permiten identificar las verdaderas causas de la pérdida de cobertura vegetal y destaca el impacto de la degradación por el pastoreo sin manejo y la extracción descontrolada de madera.

Es decir que la causa más poderosa para la pérdida de la cobertura boscosa no es el desarrollo agropecuario racional, que obliga a la preservación de zonas verdes en cada predio, de cortinas vegetales y corrientes de agua, sino la economía de subsistencia.

Giardino, sin embargo, dice lo contrario y afirma que asociar la producción con el desarrollo es una "falsa teoría". En una columna aseguró que "el 80% de los desmontes se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa". Claro, son las provincias donde quedan bosques. Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires eliminaron su flora hace tiempo y lograron una mejor calidad de vida. El mismo activista admite: "Esas provincias siguen estando entre las que tienen más pobres". Esa expresión prueba que el desarrollo agroindustrial y el país agroexportador en los términos económicos actuales generan desarrollo y superan paulatinamente la pobreza. Bergman, Moreno y Giardino podrían cumplir su parte de la ley: el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería distribuir -en 2018- $ 10.200 millones entre esas provincias. El presupuesto contempla una partida de apenas $556 millones.

 

 

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