Ayer se llevó a cabo la audiencia pública en la que la empresa estatal Aguas del Norte pidió un aumento del 21,9% en la tarifa a partir del mes que viene. Desde las 9, en la Sociedad Española, unas 50 personas se reunieron para exponer su postura frente a esta demanda. Salvo el titular de la empresa distribuidora de agua, el resto de los participantes plantearon duras críticas al servicio y pidieron al Entre Regulador que no autorice la suba.
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Ayer se llevó a cabo la audiencia pública en la que la empresa estatal Aguas del Norte pidió un aumento del 21,9% en la tarifa a partir del mes que viene. Desde las 9, en la Sociedad Española, unas 50 personas se reunieron para exponer su postura frente a esta demanda. Salvo el titular de la empresa distribuidora de agua, el resto de los participantes plantearon duras críticas al servicio y pidieron al Entre Regulador que no autorice la suba.
La solicitud de incremento por parte de Aguas del Norte llega aparejada de uno de los peores veranos para la empresa, en medio de una ola de reclamos por la mala calidad del servicio que pusieron de manifiesto la deficiencia de la empresa.
Esta suba del 21,9%, si se aprueba, se sumaría a otro 18,42% que empezó a impactar en los bolsillos en noviembre del 2017, es decir que en cinco meses el incremento para los usuarios superaría el 40%.
Qué dice la empresa
Lucio Paz Posse, presidente del directorio de Aguas del Norte, en diálogo con El Tribuno manifestó que la suba representa en la factura un incremento de $63. "Esto nos permitiría tener una sustentabilidad y que los costos operativos se cubran. El incremento se está pidiendo para marzo y se percibiría recién en abril", aclaró.
Lucio Paz Posse aseguró que se está buscando bajar el gasto público y que el Ejecutivo provincial va a dejar sin efecto el subsidio a la tarifa, que es al rededor de $17 millones mensuales para cubrir costos operativos.
"Nosotros teníamos un presupuesto de $198 millones y lo que haríamos es destinarlos a obras que vayan en beneficio del sistema", especificó.
El presidente de Aguas del Norte aclaró que con este aumento se van a cubrir sueldos, pago de energía eléctrica y potabilización del agua. "Somos conscientes de que hay un servicio deficitario, que tuvimos muchísimos inconvenientes, pero justamente necesitamos tener la disponibilidad económica para poder dar una respuesta concreta en cada uno de los problemas que se vienen planteando", resaltó.
Golpes al bolsillo
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad rechazaron el pedido que realizó Aguas del Norte de un incremento tarifario. Frida Fonseca, titular del organismo, consideró que tiene que haber razonabilidad en las tarifas y que este principio no se está cumpliendo. "Primero por la situación socioeconómica que vive la gente en Salta. Estamos hablando de un momento crítico en el cual las paritarias están cerrando por debajo del 15%. Entonces, hablar de un incremento de un 22% más el 18% que ya se aumentó en noviembre, es subirle el precio al agua más del 40%", remarcó.
Para Fonseca, todas las empresas pretenden subir las tarifa sin tener en cuenta que todo debe salir del "mismo bolsillo". "Creo que en el caso del agua, se agrava por el hecho de que la empresa tiene un 90% del paquete accionario a cargo del Gobierno de la provincia. Acá no estamos hablando de una empresa privada que deba tener lucro, sino del Gobierno, que no puede estar ajeno a la situación económica del vecino", agregó Fonseca.
Además rechazó el aumento por la falta de proporcionalidad con la calidad del servicio de Aguas del Norte. "La verdad que es terriblemente deficitario", expresó.
Por su parte, Pablo López, dirigente del Partido Obrero, consideró que la audiencia pública solamente sirve para legitimar un nuevo tarifazo en el agua. "El Gobierno quiere imponerles a los vecinos que paguen el fracaso de su política económica que lleva a aplicar este tipo de ajustes, en consonancia con los ajustes nacionales. El Estado debería garantizar las obras para que todo el mundo tenga acceso al agua porque es un derecho", expresó el exdiputado nacional.
López argumentó que si se toma el concepto de que "los números deben cerrar", los usuarios no van a tener la posibilidades de que se garantice el derecho de todos los trabajadores a tener un servicio de agua potable.
Además, criticó los aumentos, consideró que se hacen "insostenibles" y dijo que muchos vecinos pagan por un servicio deficiente.
El diputado provincial por la UCR, Héctor Chibán, también participó de la audiencia pública y calificó a la prestación de la empresa como "deplorable". "Realmente nos avergenza tener que venir a decir lo obvio. Les he pedido a los presentes que levanten la mano quiénes eran las personas que le dan agua de la red a sus hijos para beber y solamente dos personas levantaron la mano. Creo que el Ente Regulador debería rechazar este pedido", expresó Chibán, quien fue uno de los que más enérgicamente planteó su negativa.
El legislador salteño consideró que el Ente Regulador de Servicios tiene una "oportunidad histórica" de denegar este aumento. "Esto obligaría a los funcionarios del Gobierno a adoptar las medidas tendientes a que se incremente la infraestructura y que el servicio se adecue a las necesidades básicas de la población que están garantizadas constitucionalmente. Acá no hay un plan de inversiones que amerite un aumento de la tarifa", afirmó.
Por su parte, el recientemente elegido senador provincial, Guillermo Durand Cornejo, consideró a la audiencia pública como una "paparruchada" y un mero trámite. Dijo que los salteños pagarían "lo que sea con tal de tener el servicio". "Ya sabemos todos cuánto es lo que quieren por el aumento y ya está hecho el instrumento legal para sacarlo así. Entonces, a los que venimos a perder el tiempo nos da bronca. Nunca se invirtió, cada vez está más profundizado el deterioro y dentro de un año va a estar mucho peor. Este aumento no va a mejorar el servicio sino que es para poder seguir pagando los costos operativos de la empresa", finalizó el legislador.