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Empantanados en el patio trasero

"Los vaivenes de la economía, la presión impositiva y la imprevisiblidad del dólar no son creación reciente, sino el resultado de la ausencia de un proyecto productivo en serio, fenómeno que se profundizó en la última década".
Martes, 20 de febrero de 2018 02:37

La orden de paralización de actividades rurales en 32 fincas salteñas, dictada por el Gobierno provincial a instancias del ministerio nacional que encabeza Sergio Bergman, se encuentra en un “impasse” que agrava sus efectos minuto a minuto. 
Las actividades de desmonte ahora prohibidas habían sido autorizadas; la contradicción en evidente, tanto como el daño, pero además genera un agujero jurídico de tal dimensión que compromete seriamente el futuro de la producción.
Y no solamente la producción primaria: todas las cámaras se encuentran en estado deliberativo, porque las perspectivas para cualquier actividad generadora de ingresos proyectan un futuro sombrío.
El cierre de San Isidro y los despidos - y la posibilidad latente de reconversión a cereales y oleaginosas en el Tabacal - anticipan un nuevo paso hacia la reprimarización de la economía local.
Los dos ingenios conforman el núcleo más sólido de generación de empleo genuino y la plataforma de la agroindustria futura. La provincia no ha sabido intervenir en los conflictos que se suceden desde 2011 y dejó a esas empresas libradas a su suerte. 
Ante esa indiferencia hay varias hipótesis, pero ninguna supera el nivel de la conjetura.
Los vaivenes de la economía, la presión impositiva y la imprevisiblidad del dólar no son creación reciente, sino el resultado de la ausencia de un proyecto productivo en serio, fenómeno que se profundizó en la última década. 
De hecho, si la soja salvó a la economía nacional de la catástrofe de 2001, no fue milagro, sino el beneficio de un proyecto agroindustrial. Ese proyecto incluía la incorporación del norte grande a la producción ganadera. El avance, que durante 12 años permitió triplicar el rodeo vacuno, se abortó en “la década ganada”. 
La ideologización siempre es mala consejera. La producción rural ofrece materia prima, pero el estigma del “modelo agroexportador” pertenece al archivo histórico, aunque algunos aún lo agiten contra el campo. De hecho, las zonas más prósperas del país son extraordinarias exportadoras de industria metal mecánica.
Una actividad agroganadera, forestal y minera estimula el desarrollo. Con proyecto, aparecen frigoríficos, plantas elaboradoras de frutas y verduras, y se va sumando tecnología. 
Esa actividad requiere fundiciones, fábricas de equipos, estructuras metálicas, tecnología química, maquinaria agrícola, carrocerías, para abastecer una demanda que, con actividad constante, es creciente. 
Así funcionan los mercados. En otra época, estos talleres generaban 2.100 puestos de trabajo en la ciudad de Salta. Hoy ya no están. Cualquier proyecto que se diseñe en Salta se encontrará con un déficit en la formación profesional, y también, con que deberá adquirir en Tucumán, Córdoba o Buenos Aires maquinaria e insumos que antes se conseguían en nuestra provincia.
El NOA y el NEA son el patio trasero en un país que no arranca. Ese de por sí es un problema serio. 
Cuesta aceptar la realidad de un país en retroceso.
En el diagnóstico aparecen varios factores: una deuda que se retroalimenta desde hace cuatro décadas, una inflación promedio del 72% anual en 34 años, la incorporación compulsiva y con retrocesos de las nuevas tecnologías, un sistema monetario y cambiario imprevisible y, especialmente, una enorme inseguridad jurídica. 
Es imposible que un país prospere si en una misma generación privatiza y reestatiza las jubilaciones, o si maneja la producción de hidrocarburos como si fuera una ruleta.
Pero también es inviable una provincia si el mismo gobierno que autorizó inversiones en 32 fincas, después da marcha atrás -como ahora- por el capricho de un ministro nacional lego en materia productiva.
Las cámaras de la producción están preocupadas. La Rural ya solicitó la reconsideración de la resolución provincial, pero la respuesta se demora. El camino que queda para los damnificados es plantear una demanda ante la Justicia provincial. 
Los empresarios, desconcertados además por las erráticas medidas tributarias y muy inquietos por el colapso azucarero, piensan que el problema es de fondo y los obliga a salir de cierta diplomática apatía que cultivaron hasta hace poco.
 

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La orden de paralización de actividades rurales en 32 fincas salteñas, dictada por el Gobierno provincial a instancias del ministerio nacional que encabeza Sergio Bergman, se encuentra en un “impasse” que agrava sus efectos minuto a minuto. 
Las actividades de desmonte ahora prohibidas habían sido autorizadas; la contradicción en evidente, tanto como el daño, pero además genera un agujero jurídico de tal dimensión que compromete seriamente el futuro de la producción.
Y no solamente la producción primaria: todas las cámaras se encuentran en estado deliberativo, porque las perspectivas para cualquier actividad generadora de ingresos proyectan un futuro sombrío.
El cierre de San Isidro y los despidos - y la posibilidad latente de reconversión a cereales y oleaginosas en el Tabacal - anticipan un nuevo paso hacia la reprimarización de la economía local.
Los dos ingenios conforman el núcleo más sólido de generación de empleo genuino y la plataforma de la agroindustria futura. La provincia no ha sabido intervenir en los conflictos que se suceden desde 2011 y dejó a esas empresas libradas a su suerte. 
Ante esa indiferencia hay varias hipótesis, pero ninguna supera el nivel de la conjetura.
Los vaivenes de la economía, la presión impositiva y la imprevisiblidad del dólar no son creación reciente, sino el resultado de la ausencia de un proyecto productivo en serio, fenómeno que se profundizó en la última década. 
De hecho, si la soja salvó a la economía nacional de la catástrofe de 2001, no fue milagro, sino el beneficio de un proyecto agroindustrial. Ese proyecto incluía la incorporación del norte grande a la producción ganadera. El avance, que durante 12 años permitió triplicar el rodeo vacuno, se abortó en “la década ganada”. 
La ideologización siempre es mala consejera. La producción rural ofrece materia prima, pero el estigma del “modelo agroexportador” pertenece al archivo histórico, aunque algunos aún lo agiten contra el campo. De hecho, las zonas más prósperas del país son extraordinarias exportadoras de industria metal mecánica.
Una actividad agroganadera, forestal y minera estimula el desarrollo. Con proyecto, aparecen frigoríficos, plantas elaboradoras de frutas y verduras, y se va sumando tecnología. 
Esa actividad requiere fundiciones, fábricas de equipos, estructuras metálicas, tecnología química, maquinaria agrícola, carrocerías, para abastecer una demanda que, con actividad constante, es creciente. 
Así funcionan los mercados. En otra época, estos talleres generaban 2.100 puestos de trabajo en la ciudad de Salta. Hoy ya no están. Cualquier proyecto que se diseñe en Salta se encontrará con un déficit en la formación profesional, y también, con que deberá adquirir en Tucumán, Córdoba o Buenos Aires maquinaria e insumos que antes se conseguían en nuestra provincia.
El NOA y el NEA son el patio trasero en un país que no arranca. Ese de por sí es un problema serio. 
Cuesta aceptar la realidad de un país en retroceso.
En el diagnóstico aparecen varios factores: una deuda que se retroalimenta desde hace cuatro décadas, una inflación promedio del 72% anual en 34 años, la incorporación compulsiva y con retrocesos de las nuevas tecnologías, un sistema monetario y cambiario imprevisible y, especialmente, una enorme inseguridad jurídica. 
Es imposible que un país prospere si en una misma generación privatiza y reestatiza las jubilaciones, o si maneja la producción de hidrocarburos como si fuera una ruleta.
Pero también es inviable una provincia si el mismo gobierno que autorizó inversiones en 32 fincas, después da marcha atrás -como ahora- por el capricho de un ministro nacional lego en materia productiva.
Las cámaras de la producción están preocupadas. La Rural ya solicitó la reconsideración de la resolución provincial, pero la respuesta se demora. El camino que queda para los damnificados es plantear una demanda ante la Justicia provincial. 
Los empresarios, desconcertados además por las erráticas medidas tributarias y muy inquietos por el colapso azucarero, piensan que el problema es de fondo y los obliga a salir de cierta diplomática apatía que cultivaron hasta hace poco.
 

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