El conflicto por las 643 mil hectáreas de los lotes 14 y 55, en Rivadavia, se prolonga desde hace dos décadas, especialmente por la intromisión de entidades que reclaman una representación aborigen institucionalmente no verificable.
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El conflicto por las 643 mil hectáreas de los lotes 14 y 55, en Rivadavia, se prolonga desde hace dos décadas, especialmente por la intromisión de entidades que reclaman una representación aborigen institucionalmente no verificable.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá pronunciarse sobre un litigio planteado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentado como "el derecho de los pueblos originarios a la propiedad de la tierra". En esos términos el litigio no existe: en 1998 el Estado provincial dispuso la entrega de los títulos de propiedad a las comunidades de cinco etnias (chorote, wichi, toba, chulupi y tapiete) de 400 mil hectáreas y a las familias criollas, sobre las otras 243 mil. Esa solución, de compleja instrumentación porque suponía el traslado de las familias criollas, fue rechazada por el CELS, que presentó una demanda ante esa Corte. La razón es clara, pero inconfesable: las organizaciones que se convierten en parte del litigio -sin ser indígenas ni salteñas- no aceptan que cada una de las 71 comunidades reciba una parcela.
Lhaka Honhat, presidida por Francisco Pérez, pretende representar a todos los indígenas y pide "un solo título para todas las comunidades. Ese fue el reclamo original y hoy lo mantenemos".
Para el Estado salteño esa asociación no tiene entidad institucional para convertirse en titular del inmenso predio, por ser una federación de segundo grado; la posición es que cada comunidad reciba una cuota parte, integrante del título, aunque adhieran o no a la Lhaka Honhat.
Ambas organizaciones, al igual que Asociana y la Iglesia Anglicana, defienden una posición que claramente privilegia la condición aborigen por sobre las particularidades étnicas y las aspiraciones de cada comunidad.
La posición oficial fue avalada en 2005 por un referéndum en el departamento de Rivadavía con más del 80% de los votos.
Entre bambalinas
El Chaco salteño es semiárido y tiene un bosque degradado por la economía de subsistencia y por la ganadería sin manejo. Los lotes en disputa equivalen al 10% de las tierras disponibles para ampliar las fronteras agropecuarias. Pero, además, en el subsuelo se encuentran los acuíferos Wichi y Toba, este último uno de los más extensos y valiosos del mundo.
Mientras que la Constitución y las leyes vigentes establecen el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que ocuparon históricamente, el CELS habla de "territorios ancestrales". Las comunidades reclaman tierras. el CELS, "territorios". "Territorio" significa "espacio aéreo" y "subsuelo", este último, con agua, hidrocarburos y otros minerales incluidos.
Además, una zona con territorio (y gobernada por una entidad como Lhaka Honhat), puede reclamar, en cualquier momento, independencia y soberanía.
Un principio elemental de las relaciones internacionales advierte que "territorio y soberanía son sagrados".
Ni la Argentina ni Salta están en condiciones de resignarlos.
Una pobladora de Rivadavia, tierra en disputa y con futuro.
La mirada interesada
El CELS es el mismo organismo que, en agosto último, intentó instalar el caso Maldonado como una "desaparición forzada". El hallazgo del cadáver del artesano ahogado en el río destruyó el mito y, además, sacó del escenario a los mapuches.
Ayer el CELS presentó como "un caso emblemático en materia de garantía de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país", el de los lotes fiscales. "Se trata del caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Asociación Lhaka Honhat)", lo define, y entroniza a la entidad como representante de "comunidades de los pueblos wichi (mataco), iyojwaja (chorote), nivacklé (chulupí), qom (toba) y tapy'y (tapiete). Desde 1984, la Asociación Lhaka Honhat reclama que el Estado garantice el derecho de las comunidades a la propiedad comunitaria de sus territorios ancestrales, ubicados en los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
"Las comunidades indígenas reclaman que el Estado delimite y demarque su "territorio', les entregue un título único de propiedad y traslade a las familias criollas (en particular, sus unidades productivas) que allí se han asentado", sostiene.
El "título único" no es el reclamo de las comunidades, sino de la Asociación, que fácilmente podría convertirse en una republiqueta indígena.
El CELS pasa por alto el dato de que la mayoría de las familias criollas viven en estas tierras -de las que aceptaron desplazarse- desde fines del siglo XIX, mucho antes que algunas de esas comunidades, que migraron con posterioridad. Sin embargo, el CELS habla de "la colocación de alambrados y cercas por personas no indígenas ha perturbado la integridad del territorio tradicional y la forma tradicional de vida de las comunidades, que son cazadoras-recolectoras".
En general las personas de esas etnias no suelen mostrarse deseosos de ser siempre cazadores y recolectores. No les disgusta disfrutar de las ventajas del mundo moderno.
La idea de establecer un "territorio" aborigen tiene consecuencias políticas perceptibles. La violencia mapuche en el sur, los conflictos con calchaquíes en los valles y las tensiones que, sordamente, se viven en Rivadavia lo demuestran con claridad.