Tras invertir más de US$ 2.000.000 en su proyecto ganadero, el productor Gastón Larrán guarda la esperanza de que la Provincia lo vuelva a autorizar para continuar con los trabajos en su campo. En diálogo con El Tribuno, indicó: "Presentamos un recurso de revocatoria indicando que nuestros derechos no pueden ser afectados por una resolución, porque la propia ley de procedimientos administrativos prohíbe que una resolución que otorga derechos sea revocada por la misma autoridad que los concedió".
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Tras invertir más de US$ 2.000.000 en su proyecto ganadero, el productor Gastón Larrán guarda la esperanza de que la Provincia lo vuelva a autorizar para continuar con los trabajos en su campo. En diálogo con El Tribuno, indicó: "Presentamos un recurso de revocatoria indicando que nuestros derechos no pueden ser afectados por una resolución, porque la propia ley de procedimientos administrativos prohíbe que una resolución que otorga derechos sea revocada por la misma autoridad que los concedió".
"Si eventualmente -continuó- alguien considerara que hubo algún defecto en la forma de la constitución del derecho, tienen que ir a la Justicia.
Dijo que "ahora es el Ministerio el que tiene que resolver nuestra presentación, ya veremos cuál es el criterio".
Por su parte, Carlos Segón explicó que la Sociedad Rural se presentó como entidad en defensa de sus asociados con una medida de reconsideración, porque en ese momento todavía los propietarios no habían sido notificados. "Si no hay respuesta a este pedido de la Rural se verá qué medidas se toman a nivel individual, porque ya no corresponde algo colectivo", consideró y agregó que "ya cada uno verá cuáles son sus daños y qué hacen. Es muy probable que se agoten todos los recursos administrativos antes de tomar el camino del reclamo judicial".
"Vamos a avanzar con un reclamo administrativo en el ministerio junto a otras empresas y pediremos una revisión", anticipó por su parte Ricardo Roquette y adelantó que pedirán "que nos dejen seguir produciendo, haciendo cambio de uso de suelo o habilitando. La decisión es imponer los recursos para no frenar".
Ante la Justicia
"En caso de acción judicial se puede ir contra la Provincia y contra los funcionarios que están suspendiendo las autorizaciones porque, al haber cumplido todos los requisitos y estar autorizados legalmente, alguien deberá respondernos", aseveró Segón, aunque aclaró que "eso ya depende de cada caso particular".
"Todo esto es tema de estudio de los asesores jurídicos de cada empresa, para ver cuál es el camino a seguir", completó.
Por su parte, Larrán señaló que "hay que ver cuál es el criterio de la Provincia, que hasta ahora no fue muy clara".
"Esperamos que recapaciten o que analicen bien la cuestión y dejen sin efecto la suspensión, porque eso es lo que corresponde. Si no lo hicieran -anticipó- nos generan un gran perjuicio que no va a quedar sin que se reclame la reparación del mismo. Pero lo lógico sería que las cosas cumplan su fin, o sea dejar que los campos produzcan que es, además, lo que la nación necesita para salir adelante".
Finalmente, Roquette coincidió en que "si el Gobierno provincial no nos deja seguir, vamos a ir a la Justicia. Pensamos que las empresas y las personas que hacen las cosas bien en esta provincia seguimos siendo castigadas. Y las personas que hacen las cosas menos bien, por no decir mal, terminan beneficiadas.
"Nosotros tenemos ganas de seguir produciendo, no de estar haciendo trámites burocráticos en las oficinas del Ministerio", cerró.
Otra preocupación: ¿hay que remediar?
En la resolución nacional, el ministro Bergman reclama reforestar campos.
En la resolución 56/2018, mediante la cual el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, “insta a la provincia de Salta a dejar sin efecto los permisos de desmonte autorizados en el marco de los decretos 2211/10 y 3136/10” también “instó a la Provincia a restaurar las más de 40.000 hectáreas desmontadas hasta el momento bajo estas autorizaciones”.
La respuesta que adopte el Gobierno de la Provincia es otra de las preocupaciones de los productores, quienes ya anticiparon que no están en condiciones de cumplir con la resolución sugerida por Nación.
El productor Ignacio Pisani cuestionó que “no solo se ha frenado la producción, sino que se ha sugerido que hay que remediar, lo que en mi caso sería reforestar todo el campo”.
“El gobernador Urtubey dijo que la Provincia irá hasta las últimas consecuencias defendiendo lo que en su momento habilitó, pero mediante una resolución paró todo”, se quejó.
Aseguró que “si se concreta que hay que hacer remediación, que yo tengo que reforestar todo el terreno, no hay dudas que cierro las tranqueras de mi campo, vendo las vacas, echo a toda la gente, me voy a mi casa y me pongo a buscar otro trabajo. Y que Greenpeace me dé trabajo”. “No voy a reforestar un campo donde hice un desarrollo productivo legalmente”, sentenció.
A su turno, Carlos Segón dijo que “el inversor no solo se encuentra frenado sino que no sabe si va a tener que restaurar, como pide Bergman”.