Los senadores resolvieron ayer convocar a "los ministros, otras autoridades y a las comunidades involucradas" para buscar una "solución urgente y jurídicamente sustentable" para el conflicto que hoy enfrenta a los propietarios registrados de los valles salteños con comunidades diaguita calchaquí que ocuparon sus tierras.
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Los senadores resolvieron ayer convocar a "los ministros, otras autoridades y a las comunidades involucradas" para buscar una "solución urgente y jurídicamente sustentable" para el conflicto que hoy enfrenta a los propietarios registrados de los valles salteños con comunidades diaguita calchaquí que ocuparon sus tierras.
La decisión fue adoptada ayer por la tarde, luego de que en el bloque justicialista escucharan a los representantes de la Asociación de Propietarios de los Valles Calchaquíes, Adriana Bonifacio, Cristian Ammann, Candelaria Guzmán y el abogado Gonzalo Castañeda. Habían sido invitados por el senador Dani Raúl Nolasco y el presidente del bloque del PJ, Ernesto Ángel Gómez.
El tema se introdujo en la agenda debido a la preocupación del senador Nolasco frente a los testimonios de los productores vallistos acerca de hechos de enorme violencia ocurridos este fin de semana en La Poma, matizados con amenazas de muerte y agresiones físicas entre vecinos. Por eso, los legisladores los invitaron a sumarse al encuentro convocado ayer para analizar la crisis productiva de la provincia y del que participaron como invitados el diputado nacional Javier David y el presidente de Salta Somos Todos, Carlos Raúl Zapata (en representación de Alfredo Olmedo).
Además de Gómez y Nolasco, participaron Sergio Rodrigo Saldaño, Diego Pérez, Mashur Lapad, Esteban Cornejo D'Andrea, Castulo Yanque, Carlos Rosso, Roberto Gramaglia, Jorge Soto, Nora Cannuni, Sergio Ramos, Alfredo Sanguino y Roberto Vázquez Gareca.
Clima de crispación
El relato de los vallistos mostró un clima preocupante por los niveles de violencia descriptos. Adriana Bonifacio mencionó los casos de Sindolfo Mamaní, internado desde hace un año en un hospital a raíz de una golpiza propinada por personas de esa comunidad, y el de su hermano, Roberto, víctima de un ataque similar, en ambos casos, por resistir la ocupación de las tierras. "Nosotros somos propietarios registrados y sufrimos el avasallamiento de la comunidad diaguita calchaquí, y en particular, el autoritarismo de un cacique elegido en forma irregular, Armando Salva, hijo del exsenador y sobrino de una exdiputada", relató la joven dirigente de la Asociación. Y agregó: "La violencia está envenenando a los Valles. Nosotros recurrimos a la Nación y nos mandan a la Provincia; y viceversa. Vamos del INAI a Derechos Humanos y de ahí a Asuntos Territoriales y nadie resuelve nada. Los fiscales nos reconocen que la situación es muy grave, pero dicen que no pueden hacer nada por falta de respaldo político. Recurrimos a ustedes porque no queremos que se produzca una muerte".
"Las comunidades no son ancestrales, son autodeterminadas y nadie controla si son o no son aborígenes; no hablan la lengua cacán; entre tanto, la Justicia no actúa, nadie hace nada y los conflictos se eternizan", agregó Ammann
Contradicción jurídica
El abogado Castañeda señaló dos problemas: el conflicto entre la propiedad de los dueños registrados -en su mayoría, con títulos de setenta y hasta cien años atrás- y la propiedad comunitaria, creada por las nuevas legislaciones, pero que no figura en el Código Civil registrado. Y la autodeterminación.
Ese derecho es el que invocan los "caciques" ungidos por el INAI para ocupar las tierras de los vecinos.
Castañeda puntualizó que no existe un sistema de indemnizaciones y que la apropiación de tierras es compulsiva. De hecho, a Candelaria Guzmán, Salva le ocupó la tierra y destruyó la casa familiar para construir allí la propia.
"Un objetivo noble, como el de proteger a las comunidades indígenas auténticas, no debería ser desvirtuado legitimando ilícitos", agregó Castañeda, quien señaló que "no hay estudios antropológicos que avalen la autodeterminación de estas comunidades como aborígenes".
En este punto, el diputado David señaló: "Cuando el INAI se metió a hacer estos relevamientos, desde Buenos Aires, sin conocer la realidad local, nacieron los conflictos".
Nolasco destacó: "Yo creo que hay que escuchar a todos y buscar con urgencia una solución jurídica, y que se despejen absolutamente todas las dudas. El senador Pérez, puntualmente, consideró indispensable definir con precisión el relevamiento y la identificación de las comunidades, para evitar que se desvirtúe el espíritu de las leyes".