Pasaron más de dos décadas y unas 200 personas que trabajaron en el ex Banco Provincial de Salta siguen peleando para que les paguen la propiedad participada que por ley les corresponde. Una parte de la entidad bancaria se privatizó en 1993, y la otra, en 1996. Un fallo judicial de 2012 ordena que se tiene que pagar.
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Pasaron más de dos décadas y unas 200 personas que trabajaron en el ex Banco Provincial de Salta siguen peleando para que les paguen la propiedad participada que por ley les corresponde. Una parte de la entidad bancaria se privatizó en 1993, y la otra, en 1996. Un fallo judicial de 2012 ordena que se tiene que pagar.
Mariano Solá, representante de un sector que agrupa a 170 exempleados, detalló que de los casi 450 despedidos sin justa causa y debido a la privatización, únicamente cobró el 50 por ciento absorbido a principio de 1996 por el Banco de Salta SA que entonces conformó su patrimonio en US$15.000.000. Después los echaron como empleados de la SA, por lo que la propiedad participada se abonó sobre el nuevo capital, o sea, "un monto irrisorio", señaló Solá.
El referente agregó que al 50 por ciento restante (220 empleados) despedidos a fines de 1993 se los indemnizó al 25 por ciento de lo que correspondía y que luego se los compensó hasta un 70 por ciento, pero no se les pagó la propiedad participada.
En octubre de 2012, la Justicia determinó que las acciones se tienen que pagar sobre la base del patrimonio del entonces Banco Provincial de Salta que ascendía a US$200.000.000. Además, según Solá, se destinaron US$55.000.000 del Banco Mundial para las privatizaciones. "Se trata de una decisión política. Estamos indignados, perdiendo la esperanza pero no la dignidad ni nuestros principios; y seguiremos luchando por la memoria de los más de 120 compañeros que fallecieron esperanzados por las mentiras de que nos iban a pagar", manifestó el exempleado.
La ley nacional de privatización de la que Salta participa a través de la ley 6.583 reproduce la 23.696 en el artículo 21, que establece que el capital accionario de los establecimientos sujetos a privatización podrán ser adquiridos a través del régimen del programa de propiedad participada, con emisión de bonos para el personal y, a tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley y cada empleado por la mera relación de dependencia recibirá los bonos de participación.
Por otra parte, otros 214 exempleados del Instituto Provincial de Seguros de Salta reclaman el pago de la propiedad participada por la privatización de la entidad en 1996. Luego de que la Corte de Justicia de Salta rechazara la demanda de los extrabajadores, interpusieron un recurso extraordinario que esperan se resuelva pronto.