Aún cuando es unánime la opinión de la mayoría de los dirigentes políticos salteños sobre la necesidad de implementar cambios en la Constitución provincial, desde el Gobierno salieron a bajar la temperatura a las expectativas reformistas. El propio gobernador tuvo que aclarar ayer que no está "impulsando ninguna reforma".
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Aún cuando es unánime la opinión de la mayoría de los dirigentes políticos salteños sobre la necesidad de implementar cambios en la Constitución provincial, desde el Gobierno salieron a bajar la temperatura a las expectativas reformistas. El propio gobernador tuvo que aclarar ayer que no está "impulsando ninguna reforma".
De igual manera, Urtubey reconoció que las modificaciones a la Carta Magna es "algo que se está debatiendo", pero insistió en que no es el Ejecutivo el que impulsa la medida.
Desde el Gobierno, que maneja las mayorías en la Legislatura, donde se debe aprobar la reforma, más bien piensan en dejar en manos de la próxima gestión el cambio constitucional.
Uno de los sectores más ansiosos por acelerar los procesos, son los concejos deliberantes, en los que sus miembros imploran, desde hace años, que se amplíen sus mandatos de dos a cuatro años. El intermediario entre ellos y la Provincia, el secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró, es el encargado de calmar esos anhelos y también coincidió en que es después del 2019, cuando el tema tendrá que tratarse.
"Estoy seguro de que habrá una reforma, porque se está dando un consenso para que suceda, quizás no salga ahora, pero sí dentro de dos años en adelante, en el próximo gobierno", dijo Calabró a El Tribuno durante una jornada de capacitación que tuvieron concejales de toda la provincia en el Centro Cívico Grand Bourg. Coincidió la actividad, por casualidad o causalidad, cuando mayor presencia en la opinión pública empezó a tener la iniciativa de la reforma.
De hecho, el primer punto que plantearon ayer los ediles en la Casa de Gobierno es la necesidad de extender sus períodos legislativos y de que se limiten el de los "eternos" intendentes, pero volvieron a sus localidades con las mismas inquietudes con la llegaron a la capital salteña.
Otro hecho coincidente con las declaraciones del gobernador fue la decisión que se tomó desde el Foro de Intendentes, donde, por obvias razones, muchos de sus integrantes no coinciden en que se ponga un tope a sus reelecciones, de pedir una audiencia al mandatario para reclamar por las obras del Fondo de Reparación no realizadas. ¿Un apriete?
"El gobernador no quiere promover la reforma porque no quiere quedar como que antes de irse impulsa algo que podría haber impulsado antes. Las cosas tienen lugar, tiempo y ocasión", acotó Calabró, quien fue intendente de La Caldera durante tres períodos consecutivos.
En el mismo sentido se manifestó el ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo López Arias, quien aseguró que la modificación de la Constitución salteña "no es un objetivo prioritario" para el Ejecutivo.
Dejó abierta la posibilidad, de todas maneras, de que en las elecciones primarias del año próximo se puedan postular los convencionales constituyentes que tendrían la responsabilidad de la reforma.
Posturas
Al igual que Lopéz Arias, el diputado nacional Alfredo Olmedo considera que los convencionales deben ser elegidos en las Paso 2019.
Julio San Millán, titular del Centro de Estudios Juan Domingo Perón, propuso que los convencionales sean elegidos en los comicios generales y que en marzo de 2020 se termine por votar la reforma política tras un largo trabajo de unificación de proyectos.
A todo esto, en el espacio que encabeza el intendente Gustavo Sáenz no convence la idea de mezclar a la Carta Magna con las elecciones a gobernador, intendentes y legisladores.
Hay que recordar que en la Cámara de Diputados de la Provincia existen dos proyectos de reforma constitucional que fueron presentados por el presidente del cuerpo, Manuel Santiago Godoy, y el también oficialista Matías Posadas. Aunque esas iniciativas surgieron antes de las últimas elecciones, cuando los objetivos eran otros y pocos preveían un cambio en el escenario político local tras los resultados electorales.