El caso de las muertes por encargo en Orán llegará, finalmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, se declaró incompetente para tramitar la causa de los sicarios, como se conoce el expediente donde se juzga a ocho acusados por el asesinato de Raúl Martínez y el intento de homicidio de Adrián Gerónimo.
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El caso de las muertes por encargo en Orán llegará, finalmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El juez federal de Orán, Gustavo Montoya, se declaró incompetente para tramitar la causa de los sicarios, como se conoce el expediente donde se juzga a ocho acusados por el asesinato de Raúl Martínez y el intento de homicidio de Adrián Gerónimo.
Trascendió ayer que la decisión de Montoya estaría fundamentada en el hecho de que "en diez meses de investigación del caso, que dicen que está relacionado con el narcotráfico, no se encontró ni un gramo de droga", reveló ayer una fuente interiorizada de los dos hechos ocurridos en Orán.
Según la fuente, el magistrado federal evitaría tomar el expediente al considerar que la existencia de una sola grabación -en el expediente-, en la que se menciona la palabra "mejicaneo" y posibles intenciones de comprar droga serían insuficientes para sustentar una causa por narcotráfico.
Las muertes
Adrián Gerónimo fue atacado a balazos el 29 de abril del año pasado, cuando llegaba a su casa. Seis disparos impactaron en el cuerpo de Gerónimo, mientras otros 15 quedaron estampados en la puerta, la pared y las rejas de su domicilio.
Pocos días después, el 7 de mayo, Raúl Martínez fue ejecutado por dos sicarios cuando se detuvo en una esquina de Orán para comer un choripán junto a su hijo y su esposa.
A principios de este mes, el juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi, había remitido al Juzgado Federal de Orán la causa del sicariato. Al declararse incompetente el juez federal Montoya, ahora será la Corte Suprema la que decida en qué fuero deberá tramitarse.
Órdenes que llegaban desde las cárceles
En su momento se informó que uno de los que direccionaba la vida y la muerte en el norte provincia se trata del "Coya" Rojas vinculado al ingreso de mercancías desde la frontera con Bolivia. Rojas está preso en la cárcel de General Güemes y desde allí comandaba la organización dedicada a los ajustes de cuentas por fallas o delaciones, y las más crueles por el robo o mejicaneo de los embarques de cocaína.
Trascendió además que desde la cárcel de General Güemes salió el llamado solicitando la ejecución de Lalo Martínez y de Adrián Gerónimo, y la de un bagayero apodado "Cólera".
Algo que llamó la atención de las escuchas es que un poderoso narco alojado en la cárcel federal impartió órdenes de no pagar por lo de Adrián Gerónimo, "porque tenían que matarlo, no herirlo", trascendió.
Se supo además que el precio que se pacta en las conversaciones oscila entre los 15 y 30 mil dólares por la ejecución notoria y pública a balazos.