Después de casi tres meses en prisión, Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa fueron liberados ayer por orden de la Cámara Federal. ‘No estuve preso, estuve secuestrado‘, denunció el empresario en una improvisada conferencia de prensa. Levantó la voz para sugerir presiones del Gobierno sobre los jueces y para defender su situación judicial. ‘Todo lo que huele a Cristina debe ir preso‘, dijo anoche.
La Cámara entendió -por dos votos contra uno- que tanto López como De Sousa debían ser liberados, ya que los movimientos societarios realizados dentro del Grupo Indalo mientras estaban inhibidos por la Justicia habían sido reportados oportunamente en tribunales. Los camaristas consideraron que la prisión era una medida de ‘alevosa arbitrariedad‘ y ordenaron la liberación inmediata, que se concretó horas después del fallo.
Los jueces también resolvieron (por mayoría) cambiar el delito que se les imputa a los empresarios, que están acusados por una deuda con la AFIP que superaría los $10.000 millones por retenciones indebidas del impuesto a la transferencia de combustibles. Ordenaron que fueran investigados por delitos tributarios, lo que les abre una puerta a los empresarios para volver a reclamar el cambio de fuero al Penal Económico y, sobre todo, para ingresar a una moratoria con la AFIP. Eso haría extinguir la causa judicial, según publicó La Nación.
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Después de casi tres meses en prisión, Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa fueron liberados ayer por orden de la Cámara Federal. ‘No estuve preso, estuve secuestrado‘, denunció el empresario en una improvisada conferencia de prensa. Levantó la voz para sugerir presiones del Gobierno sobre los jueces y para defender su situación judicial. ‘Todo lo que huele a Cristina debe ir preso‘, dijo anoche.
La Cámara entendió -por dos votos contra uno- que tanto López como De Sousa debían ser liberados, ya que los movimientos societarios realizados dentro del Grupo Indalo mientras estaban inhibidos por la Justicia habían sido reportados oportunamente en tribunales. Los camaristas consideraron que la prisión era una medida de ‘alevosa arbitrariedad‘ y ordenaron la liberación inmediata, que se concretó horas después del fallo.
Los jueces también resolvieron (por mayoría) cambiar el delito que se les imputa a los empresarios, que están acusados por una deuda con la AFIP que superaría los $10.000 millones por retenciones indebidas del impuesto a la transferencia de combustibles. Ordenaron que fueran investigados por delitos tributarios, lo que les abre una puerta a los empresarios para volver a reclamar el cambio de fuero al Penal Económico y, sobre todo, para ingresar a una moratoria con la AFIP. Eso haría extinguir la causa judicial, según publicó La Nación.