Nuestra provincia necesita más transparencia, más eficiencia y mejor representación. En las últimas semanas se volvió a plantear la necesidad de una reforma política que, necesariamente, ha de derivar en la reforma de la Constitución provincial. Es el camino para reinstalar un orden republicano y recuperar la confianza de los ciudadanos.
Sobre el fin de las reelecciones, considero que el gobernador debe tener solo un mandato de hasta 6 años. Las experiencias de los mandatos eternos no han sido buenas y así lo han admitido muchos de los que participaron de la última modificación.
Se sostiene también que los ministros de la Corte deben ser vitalicios para asegurar la independencia del Poder Judicial. Coincido en cuanto a la inamovilidad, pero me espanta pensar que para que un juez sea independiente debe tener asegurado su cargo. Lo que se requiere a los jueces es imparcialidad e independencia. Imparcialidad para que no se incline arbitrariamente en favor de una de las partes. Independencia, porque es un estado mental relacionado con las cualidades morales; quien es dependiente será genuflexo y obsecuente. Si algún magistrado considera que la Constitución vigente, al limitar el mandato de los magistrados a seis años, afecta su independencia o imparcialidad no debería aceptar el nombramiento o, si lo aceptó, renunciar, pues no es digno de ser juez. Pero sí, deben ser inamovibles para que la Justicia no quede al arbitrio del poder de turno.
Pero debemos cambiar la idea acerca del Estado y de la transparencia del gasto.
Los representantes del pueblo deberían tener la dignidad de cumplir con su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución. Las leyes y actos de los diputados y senadores han transformado a la Auditoria General de la Provincia en un reducto de defensa y justificación de actos irregulares, como consecuencia de haber tergiversado el sentido de la norma constitucional y la voluntad de los constituyentes. Hubo, hasta hace poco, tres auditores afiliados a partidos de la coalición de gobierno cuando, según la constitución, tienen la misma incompatibilidad que los jueces. También se designó a un auditor que no cumplía con los requisitos de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Solo estuvo matriculado tres años cuando la ley exige diez de ejercicio profesional.
¿Es posible creer en la Auditoría? No; un no rotundo, porque carece de independencia que es su condición básica. La independencia fue lo que buscaron los constituyentes pero, siempre hay un pero, los legisladores al reglamentar el artículo de la constitución desnaturalizaron el texto constitucional. Se debe ir hacia un modelo de control de las cuentas públicas como el de Brasil, lejos de la política, integrado por los más capaces con una carrera en la que se premia el mérito y presupuesto suficiente. No es un sueño, sino la certeza de que los pueblos solo alcanzan la calidad de vida cuando desde la política se construye institucionalidad y se cultiva la honestidad patriótica.
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Nuestra provincia necesita más transparencia, más eficiencia y mejor representación. En las últimas semanas se volvió a plantear la necesidad de una reforma política que, necesariamente, ha de derivar en la reforma de la Constitución provincial. Es el camino para reinstalar un orden republicano y recuperar la confianza de los ciudadanos.
Sobre el fin de las reelecciones, considero que el gobernador debe tener solo un mandato de hasta 6 años. Las experiencias de los mandatos eternos no han sido buenas y así lo han admitido muchos de los que participaron de la última modificación.
Se sostiene también que los ministros de la Corte deben ser vitalicios para asegurar la independencia del Poder Judicial. Coincido en cuanto a la inamovilidad, pero me espanta pensar que para que un juez sea independiente debe tener asegurado su cargo. Lo que se requiere a los jueces es imparcialidad e independencia. Imparcialidad para que no se incline arbitrariamente en favor de una de las partes. Independencia, porque es un estado mental relacionado con las cualidades morales; quien es dependiente será genuflexo y obsecuente. Si algún magistrado considera que la Constitución vigente, al limitar el mandato de los magistrados a seis años, afecta su independencia o imparcialidad no debería aceptar el nombramiento o, si lo aceptó, renunciar, pues no es digno de ser juez. Pero sí, deben ser inamovibles para que la Justicia no quede al arbitrio del poder de turno.
Pero debemos cambiar la idea acerca del Estado y de la transparencia del gasto.
Los representantes del pueblo deberían tener la dignidad de cumplir con su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución. Las leyes y actos de los diputados y senadores han transformado a la Auditoria General de la Provincia en un reducto de defensa y justificación de actos irregulares, como consecuencia de haber tergiversado el sentido de la norma constitucional y la voluntad de los constituyentes. Hubo, hasta hace poco, tres auditores afiliados a partidos de la coalición de gobierno cuando, según la constitución, tienen la misma incompatibilidad que los jueces. También se designó a un auditor que no cumplía con los requisitos de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Solo estuvo matriculado tres años cuando la ley exige diez de ejercicio profesional.
¿Es posible creer en la Auditoría? No; un no rotundo, porque carece de independencia que es su condición básica. La independencia fue lo que buscaron los constituyentes pero, siempre hay un pero, los legisladores al reglamentar el artículo de la constitución desnaturalizaron el texto constitucional. Se debe ir hacia un modelo de control de las cuentas públicas como el de Brasil, lejos de la política, integrado por los más capaces con una carrera en la que se premia el mérito y presupuesto suficiente. No es un sueño, sino la certeza de que los pueblos solo alcanzan la calidad de vida cuando desde la política se construye institucionalidad y se cultiva la honestidad patriótica.