“Al sueño de los cuatreros nadie lo puede enlazar”. La sentencia poética de Leguizamón y Castilla en la “Zamba de Anta” parece haber quedado, al menos, desactualizada con los acontecimientos judiciales ocurridos en las últimas horas en ese departamento del sudeste provincial. Allí los productores habían declarado una guerra sin cuartel al robo de ganado, pero también a la impunidad con la que se cometían los delitos una y otra vez, por parte de conocidos personajes que sistemáticamente lograban zafar de denuncias y pruebas irrefutables, para luego volver a cometer delitos.
Es así que Néstor Rodolfo Palomino, conocido como el “Negro Ino”, hijo del diputado pedro Sández, se entregó en las últimas horas, después de estar prófugo luego de que su detención fuera librada por un fiscal de otro departamento que intervino en las denuncias.
Fue el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, quien avanzó con el pedido, mientras el juez Héctor Guzmán ordenó cumplir con la detención.
Paralelamente, el procurador general de la Provincia Pablo López Viñals ordenó un sumario administrativo contra el fiscal de Anta, Gonzalo Gómez Amado, hijo del senador Ernesto Gómez, quien hasta aquí rechazaba automáticamente las denuncias contra el “Negro Ino”.
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“Al sueño de los cuatreros nadie lo puede enlazar”. La sentencia poética de Leguizamón y Castilla en la “Zamba de Anta” parece haber quedado, al menos, desactualizada con los acontecimientos judiciales ocurridos en las últimas horas en ese departamento del sudeste provincial. Allí los productores habían declarado una guerra sin cuartel al robo de ganado, pero también a la impunidad con la que se cometían los delitos una y otra vez, por parte de conocidos personajes que sistemáticamente lograban zafar de denuncias y pruebas irrefutables, para luego volver a cometer delitos.
Es así que Néstor Rodolfo Palomino, conocido como el “Negro Ino”, hijo del diputado pedro Sández, se entregó en las últimas horas, después de estar prófugo luego de que su detención fuera librada por un fiscal de otro departamento que intervino en las denuncias.
Fue el fiscal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, quien avanzó con el pedido, mientras el juez Héctor Guzmán ordenó cumplir con la detención.
Paralelamente, el procurador general de la Provincia Pablo López Viñals ordenó un sumario administrativo contra el fiscal de Anta, Gonzalo Gómez Amado, hijo del senador Ernesto Gómez, quien hasta aquí rechazaba automáticamente las denuncias contra el “Negro Ino”.
De esta manera las sospechas de impunidad y amparo en el círculo de la política y la Justicia en ese departamento se hicieron evidentes, a tal punto que los productores nucleados en la Fundación Ganaderos del Sur salieron a denunciar con nombre y apellido aquellas complicidades.
Palomino está acusado de liderar una banda que se dedica al robo de ganado, un delito no excarcelable, que según el Código Penal tiene un mínimo de cuatro años de prisión. Pero su apañado accionar lo había llevado a cometer múltiples crímenes, como robo de bienes, amenazas con arma de fuego y agresiones, entre muchos otros.
“El Negro Ino” ya venía cumpliendo una “probation” que le fue otorgada en una causa por lesiones graves contra Angel Ruiz. Hubo una pelea en un boliche de El Quebrachal y Ruiz fue a hacer la denuncia contra Palomino, quien lo esperó afuera de la comisaría y le disparó con un arma de fuego.
Al enterarse de que un fiscal de otro departamento había pedido su captura, el “Negro Ino” se dio a la fuga y habría intentado entorpecer la investigación al esconder su vehículo y todo tipo de rastros, pero finalmente se entregó a la Policía en las últimas horas.
Pero las circunstancias en las que el hijo del diputado Sández fue detenido provocaron un vendaval en los esquemas de la Justicia en Anta, ya que el jefe de los fiscales, Pablo López Viñals, avanza con un sumario para investigar por qué Gómez Amado no ordenó la detención del principal sospechoso de liderar la banda de cuatreros, cuando debía hacerlo.
El procurador abrió el procedimiento contra Gómez Amado mediante un documento en el que dio vía libre a la Fiscalía de Rosario de la Frontera para investigar los procedimientos del cuestionado fiscal de Anta. “Teniendo presente la falta de consideración del magistrado de la escala penal del delito que se investiga al momento de valorar la aplicación de una medida restrictiva de la libertad, extráiganse copias de las actuaciones a los fines previsto por los artículos 70 y subsiguientes de la ley 7328 y 112 y siguientes del Reglamento General del Ministerio Público”, ordenó el funcionario.