La organización Techo, que trabaja para ayudar a salteños con necesidades habitacionales, denunció que hubo un intento de desalojo a 11 familias sin la orden judicial ni el aviso previo correspondiente ayer, a la mañana, en Villa Floresta, al este de la ciudad.
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La organización Techo, que trabaja para ayudar a salteños con necesidades habitacionales, denunció que hubo un intento de desalojo a 11 familias sin la orden judicial ni el aviso previo correspondiente ayer, a la mañana, en Villa Floresta, al este de la ciudad.
También informaron que niños y niñas tuvieron que enfrentarse a un momento violento y que temen que la situación vuelva a repetirse hoy. Según se difundió, intentaron demorar al director de Techo en Salta, Javier Saldaño, por "entorpecimiento del proceso".
Referentes de la organización estuvieron presentes para interceder por las familias porque es una de las zonas en las que trabajan para ayudar a personas que viven en condiciones precarias y ya construyeron allí más de 100 viviendas de emergencia.
Saldaño dijo a El Tribuno que las familias estaban asentadas hace tiempo en el lugar por falta de respuestas a la demanda por una vivienda digna. Agregó que faltaba la orden judicial y que la encargada del operativo policial les comunicó a los vecinos que tenían hasta hoy para dejar sus casas.
"De acuerdo a los compromisos internacionales de derechos humanos, ante los procesos de desalojo debe garantizarse un aviso apropiado a todas las personas que podrían verse afectadas, en un plazo razonable, con asesoramiento jurídico y brindándoles una propuesta alternativa", señaló Saldaño. Desde la organización social, destacaron que no se tomaron previsiones para resguardar la integridad física y psicológica de los niños que estaban presentes.
El referente de Techo dijo a El Tribuno que los afectados tienen el "certificado de vivienda familiar", otorgado por el Gobierno nacional a través de la Anses, que reconoce formalmente la existencia de los asentamientos y barrios informales.
Explicó que están integrados en el Registro Nacional de Barrios Populares, creado por el decreto nacional 358/2017, en el que se declaró "que se hace indispensable apoyar a los habitantes de los barrios populares, otorgándoles seguridad respecto de la tierra que habitan, del acceso a los distintos servicios básicos y de la integración urbana y social."
Solución
"Desde Techo sostenemos que el Estado debe ejercer un rol activo en la situación de vulnerabilidad de los vecinos de Floresta y es por ello que esperamos la Fiscalía N§ 4 pueda reevaluar esta situación, que el municipio y/o la Provincia se acerquen para garantizar una solución a estas familias y que se garanticen los derechos que en este momento están siendo vulnerados", planteó la entidad en un comunicado.
"Nos quedamos asustados con todo lo que pasó. Había niños que no tenían ningún tipo de contención, como debería ser de acuerdo a las normas. No creemos que un desalojo forzoso sea una solución para la situación de las familias sin vivienda", afirmó Saldaño, y remarcó que es un juez el que tiene que dar la orden de desalojo pero el organismo interviniente era una fiscalía.
En la zona de Floresta, cerca del autódromo, numerosas familias no tienen acceso a los servicios básicos como el agua y las cloacas.