El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, dictaminó hoy en contra de una demanda interpuesta por Cecilia Pando, defensora de lo actuado por la última dictadura cívico-militar, contra la revista Barcelona, al reivindicar el derecho a la libertad de expresión.
Abramovich advirtió que una publicación efectuada por dicho medio gráfico se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión y que no excede el alcance de una opinión sobre un asunto de interés público.
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El procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Víctor Abramovich, dictaminó hoy en contra de una demanda interpuesta por Cecilia Pando, defensora de lo actuado por la última dictadura cívico-militar, contra la revista Barcelona, al reivindicar el derecho a la libertad de expresión.
Abramovich advirtió que una publicación efectuada por dicho medio gráfico se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión y que no excede el alcance de una opinión sobre un asunto de interés público.
El caso se inició a raíz de una contratapa de la revista satírica en la que se difundió un fotomontaje en el que se veía un cuerpo atado con sogas con el rostro de Pando y en la que se hacía referencia a lo ocurrido en el año 2010, cuando las mujeres y familiares de militares presos por causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad se encadenaron a las rejas del Edificio Libertador y del Ministerio de Defensa.
Ante la publicación, Pando demandó a la empresa Gente Grossa S.R.L. que edita la revista Barcelona: judicializado el caso, la Cámara Nacional de de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia de primera instancia que había condenado a la publicación a abonar a Cecilia Pando la suma de 70 mil pesos, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios provocados por la difusión del fotomontaje en cuestión, al que consideró lesivo de los derechos a la imagen y al honor de la actora.
"La sátira social o política se encuentra tutelada por la libertad de expresión y es una poderosa herramienta de comunicación de ideas y opiniones sobre asuntos públicos, merecedora de protección constitucional", sostuvo Abramovich
Contra esa decisión, la demandada interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Al entender en la cuestión, el procurador fiscal Abramovich caracterizó al evento que motivó la publicación como un asunto de interés público y consideró que la misma aludió a una protesta llevada a cabo en el espacio público, que expresa el cuestionamiento por parte de un grupo de personas a los procesos penales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Opinó además que la sociedad argentina en su conjunto tiene un interés especial en el desarrollo de esos procesos judiciales y en las políticas públicas de justicia y memoria y que, en consecuencia, resulta también de interés público el debate y los cuestionamientos que aquellos suscitan, se informó a travéz del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.
"La sociedad argentina en su conjunto tiene un interés especial en el desarrollo de esos procesos judiciales y en las políticas públicas de justicia y memoria y que, en consecuencia, resulta también de interés público el debate y los cuestionamientos que aquellos suscitan, se informó a travéz del sitio oficial del Ministerio Público Fiscal", sostuvo el procurador fiscal Víctor Abramovich .
Asimismo, sostuvo que el margen de tolerancia de la actora frente a la crítica periodística debe ser mayor debido a su carácter de figura pública.
En tal sentido, señaló que, además de ser la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, Pando intervino en numerosas ocasiones en la esfera pública, que generaron discusiones en la sociedad sobre el enjuiciamiento de militares y el papel de las autoridades políticas y castrenses en esos procesos, y que las expresiones aquí cuestionadas se refieren, precisamente, a una de esas intervenciones.
El dictamen
En su dictamen, Abramovich afirmó que la sátira social o política se encuentra tutelada por la libertad de expresión y que es una poderosa herramienta de comunicación de ideas y opiniones sobre asuntos públicos, merecedora de protección constitucional.
Incluso, recordó que nuestro país tiene una larga tradición - que se remonta al siglo diecinueve- de publicaciones que recurrían a la caricatura, el sarcasmo y la ironía para referirse a figuras públicas y a acontecimientos sociales.