El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para que familias de villas y asentamientos de todo el país puedan acceder a la titularidad de las tierras en las que viven de manera ilegal. Se tendrá en cuenta a todos los que fueron censados en el 2016, a través del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). El estudio arrojó que en Salta son 22.656 familias las que estarían en condiciones de salir de la sombras de la informalidad para obtener el título de sus tierras. Si bien, en un primer momento se dio la cifra de 149 asentamientos, el relevamiento oficial informa de 167 “barrios populares” en la provincia.
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El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para que familias de villas y asentamientos de todo el país puedan acceder a la titularidad de las tierras en las que viven de manera ilegal. Se tendrá en cuenta a todos los que fueron censados en el 2016, a través del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). El estudio arrojó que en Salta son 22.656 familias las que estarían en condiciones de salir de la sombras de la informalidad para obtener el título de sus tierras. Si bien, en un primer momento se dio la cifra de 149 asentamientos, el relevamiento oficial informa de 167 “barrios populares” en la provincia.
En Salta, el interior tiene el mayor porcentaje de familias que habitan urbanizaciones precarias: son 17.501 hogares (un 77%) . Entre las diferentes localidades, Tartagal alberga la mayor cantidad de asentamientos, con 50.
En ese listado se incluyeron a las comunidades aborígenes.
En Capital son 5.155 familias, y 46 asentamientos. Entre los registrados, se encuentran lugares informales que a estas alturas ya son tradicionales, como Floresta que existe hace más de 60 años y el que mayor habitantes tiene: 700 familias. También figuran asentamientos que se sumaron alrededor de barriadas conocidas, como los de Ceferino, San Antonio, Villa Lavalle y Villa 20 de Junio. Más allá de los lugares conocidos, también están aquellos pequeños y recónditos que no están registrados ni en los mapas oficiales, como Albergue 1, en el que viven poco más de diez familias, o como Arturo Torino o finca Santa Anita.
Víctor se ilusionó con la posibilidad de “dejarle algo” a su hijo. Javier Corbalán
El proyecto de ley suspende los desalojos por dos años. Les reconoce a las familias censadas el derecho al acceso a la tierra que ocupan, o “relocalizarlas” en caso de que los terrenos no estén en condiciones para la instalación de los servicios públicos.
Este sería el caso de Floresta Alta, Virgen de Urkupiña y Finca San Francisco, según datos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Si los legisladores nacionales aprueban la ley, además de facilitarles la propiedad, los gobiernos provinciales quedarían obligados a instalar los servicios de cloaca, luz, gas y agua. Servicios con los que no contaban, al menos de forma legal.
Según datos del 2016 de la Organización “Un techo para mi país”, el 100% de los asentamientos en Salta no tiene cloacas y el 90% no tiene acceso al agua.
“Lo que hace es declarar los terrenos de uso público”, explica Javier Saldaño, director de un Techo en Salta, quien participó del estudio. El voluntario sostiene que serían distintas las formas en que se otorgarían las tierras.
“Cada barrio tendrá su solución individual, puede ser mediante expropiación del Estado, o no, hay otras herramientas jurídicas como usucapión (posesión veinteañal) o ley Pierri que tiene tiempos más cortos”, indicó.
El proyecto nacional comenzó en agosto del 2016 con el Renabap, en el que participaron distintos movimientos populares: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular - CTEP -, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Ciudad Futura junto a Cáritas y la organización Techo. Casa por casa entrevistaron a familias de más de 4 mil villas del país.
La primera medida que se tomó en base a estos datos, fue el decreto nacional 358/17 en el que se dispuso crear el Certificado de vivienda familiar. Este sirve como un documento público que legaliza el domicilio de los habitantes de las villas, para ser presentado ante las autoridades o las empresas para la instalación de servicios públicos. Aunque según vecinos, a pesar del certificado, las instalaciones de todos modos eran difíciles de conseguir.
La esperanza de poder dormir sin temor al desalojo
La posibilidad de ser propietarios generó expectativas en vecinos asentados hace 20 años.
Algunos no duermen por insomnio, otros por ansiedad, los vecinos de Ampliación de Villa 20 de Junio, no lo hacen por miedo a ser desalojados.
Un miedo que a veces muestra otras caras, pero de la misma moneda: la ilegalidad. En este barrio murieron dos niñas calcinadas por una conexión ilegal de luz, comentó Ramón Oviedo, presidente del centro vecinal de Villa 20 de Junio.
El asentamiento fue relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares y sus habitantes podrían ser propietarios de los terrenos que ocupan, algunos hace más de 20 años.
“¿Recién ahora?”, dice Regino Ramírez saliendo de la casa donde vive hace 25 años. Perdió la vista hace un tiempo, pero eso no le quitó la diversión de reírse de sus propias tragedias. “Alguna vez vi, por eso sé lo mal que está el barrio”, bromea.
“Si pagás, no comés”, expresa Manuel Chavarría, de 79 años, que asegura tener la “intención digna de pagar”. Compró bloques con la esperanza de poder hacer un comedor así deja de inundarse ante cada lluvia. “Pero no lo hago porque me pueden sacar en cualquier momento”, afirma.
Los vecinos hacen un “bolsillo” para que camiones tiren tierra en la calles.
Todos aquí se conocen y saben del “otro”, por eso nos guían a la casa de “Víctor”.
Victor Lanza vive con su hijo de 7 años que tiene síndrome de Down. A la falta de cloacas la resolvió con un pozo ciego; y al agua, con una manguera que comparte con vecinos. Para tener luz “se colgó”. “Estamos un poco abandonaditos”, reclama tímido, como quien teme a decir una verdad que ofenda. Consultado sobre la posibilidad de poseer la casa que ocupa dice celebrarlo, pero por su hijo: “Nadie se lleva nada, así que en realidad me alegro más por él“.
A unas cuadras espera una ronda de vecinos, que concordaron todos en “pensar en sus hijos y nietos” en cuanto a la tranquilidad de dejarles un lugar “más digno”. También coincidieron en la risa espontánea ante la consulta de la posibilidad de un “trabajo en blanco”. La palabra dignidad abunda en sus bocas, pero no en las cuadras de este barrio.
Regino se quedó ciego hace 4 años, cuando llueve no puede salir de su casa.