Con 50 asentamientos en el que viven 7.804 familias, Tartagal muestra la situación más critica, según los datos proporcionados por el Gobierno nacional y las entidades sociales.
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Con 50 asentamientos en el que viven 7.804 familias, Tartagal muestra la situación más critica, según los datos proporcionados por el Gobierno nacional y las entidades sociales.
Los números fueron difundidos por el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), que realizaron diferentes organizaciones y que ahora será presentado como un proyecto de ley para reconocer el derecho sobre las tierras ocupadas de los más de 4 mil villas y asentamientos del país.
Con esas cifras, Tartagal supera incluso a la Salta capital. En la ciudad de Salta son 5.155 las familias que viven en 46 asentamientos, villas o barrios informales. En el departamento Capital, de acuerdo a las proyecciones del Indec, residen este año 614.764 personas, mientras que en San Martín, 180.080 habitantes.
Pese a que es mayor la población en Capital, en el norte hay más personas que residen en casas sin las condiciones mínimas de salubridad, como agua corriente, luz eléctrica y cloaca.
El relevamiento, por cierto, contempla a las comunidades aborígenes.
La recolección de datos se hizo en las ciudades que tuvieran más de 10 mil habitantes.
Si se suman las familias de Orán que son más de 5 mil, la precariedad en la que viven los residentes del norte provincial queda a la vista de cualquiera.
En la lista de los 50 asentamientos tartagalenses figuran muchas comunidades aborígenes como Misión Caspi Guaraní, Comunidad Aborigen Misión Tapiete. Algunas se nombran a partir de a numeración de parcelas: Parcela 1, 2; otras por kilómetros, como el asentamiento Kilómetro 6 en el que viven nada menos que 2.600 familias.
El proyecto prevé la entrega de la propiedad ocupada a sus habitantes, para las comunidades aborígenes este punto deberá tener en cuenta alternativas que respeten la organización social que la comunidad administra.
“La titularidad no sería personal (para cada familia), sino comunitaria”, explica Javier Saldaño, director de la organización Techo en Salta, quien junto a los otros voluntarios recolectó en el 2016 los datos que ahora se conocieron.
Consultado sobre el poco celebrado primer puesto en asentamientos de Tartagal, Saldaño indica que “la mayoría” se encuentra cerca del pueblo. Por ello, analiza, no sería difícil la inserción de los excluidos del sistema formal de viviendas. En cuanto a las poblaciones originarias señala que “tienen una doble postergación, por un lado la de viviendas, y por ser originaria”, y agrega que son estos los casos que deben priorizarse.
Acceso a servicios
Ante la falta de acceso a los servicios en distintas localidades de la provincia, el Gobierno pone en marcha el Plan Conectate, pero en este caso las familias deben ser dueñas del terreno.
Ayer, el ministerio de Gobierno informó que se asesoró a vecinos de Cerrillos y del barrio Norte Grande de Capital sobre los requisitos y los beneficios.
La subsecretaria de Participación Ciudadana, Florencia Kosiner, explicó que el plan Mejor Hogar - Conectate ofrece un microcrédito para acceder a la conexión de red de gas, agua y cloaca para mejorar la calidad de vida de las familias.
“Pueden solicitar el plan quienes no cuenten con la conexión de agua, gas y cloaca, pero deben ser frentistas y titulares del inmueble. El subsidio cubre la obra y la instalación y se abona en 60 cuotas que vienen incluidas en la factura de servicio”, informó la funcionaria.
Los ciudadanos interesados pueden informarse sobre beneficios y requisitos de los programas llamando al 4712666 o al 4712672 o acercándose a las oficinas de la Secretaría de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, en Belgrano 1491.
Tarifa social
Por otra parte, a los vecinos se les explicó cómo funciona la tarifa social de luz y gas. Los postulantes deben ser beneficiarios de programas sociales, jubilados o pensionados con haberes mensuales brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación mínima nacional.
También pueden acceder trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a dos salarios mínimos, personal del servicio doméstico, inscriptos en el monotributo social, personas que cobren seguro de desempleo, veteranos de Malvinas o familias que tengan en su grupo familiar una persona con discapacidad.