El control de la inflación y su reducción a indicadores más o menos homogéneos con el promedio mundial no solo es un compromiso electoral del gobierno de Cambiemos, sino que forma parte de la espina dorsal de su proyecto.
inicia sesión o regístrate.
El control de la inflación y su reducción a indicadores más o menos homogéneos con el promedio mundial no solo es un compromiso electoral del gobierno de Cambiemos, sino que forma parte de la espina dorsal de su proyecto.
Los vaivenes de estos días sobre las metas inflacionarias desconciertan al ciudadano, restan credibilidad al plan económico y alientan la tensión con los gremios privados y estatales.
La inflación carcome a cualquier economía y termina erosionando a los gobiernos que no lograr mantenerla bajo control.
Hoy, para la presidencia de Mauricio Macri, este es uno de los puntos más vulnerables. La meta del 10% para este año fue elevada al 15% en diciembre, en una conferencia que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En estos días, y sin que se hayan resuelto las paritarias de gran parte de los gremios, el Gobierno admite extraoficialmente que la meta real es tratar de no pasar el 20%.
Estos cambios, en apenas cuatro meses, son contraproducentes. No fortalecen la confianza en el proyecto.
En 2017, el 2.600% de inflación de Venezuela marca el límite más dramático; en el resto de la región, el 24,8% de la Argentina más que triplica a la inflación de México y Uruguay (7%) y es ocho veces superior al 2,95% de Brasil.
El equipo económico ya se maneja extraoficialmente con un indicador del 20% de inflación para este año. Los diagnósticos de los economistas varían, pero tienden a ser más pesimistas.
Más allá de los cálculos de corto plazo, vinculados a precios estacionales y ajustes tarifarios, el núcleo crítico no resuelto es el déficit fiscal y la poca competitividad del país, que requerirá esfuerzos constantes durante mucho tiempo.
El aumento generalizado de precios y el deterioro de la moneda vienen erosionando la economía, la calidad de vida y el empleo de la Argentina a lo largo de los últimos setenta años. Más allá de algunos logros circunstanciales, es un mal que regresa constantemente sin que ningún gobierno logre una solución genuina, solo alcanzable cuando se consigue equilibrar los factores monetarios, productivos, sociales y políticos.
El mayor éxito contra la inflación en el último medio siglo es el que produjo la convertibilidad, entre 1991 y 2001, pero la deuda que generó tornó insostenible la receta. La economía del país se transformó y se modernizó, aunque con un costo social muy alto y sin llegar a estabilizarse definitivamente.
Las estadísticas son elocuentes: desde 1983 la inflación promedio de la Argentina es del 71% anual. Son casi 35 años de consolidación democrática, en los que los desafíos han sido recuperar la economía, combatir la pobreza y alcanzar el pleno empleo; luchas, por cierto, sin éxito.
Algunos economistas ortodoxos proponen ajustes brutales y reprochan al gobierno mantener los niveles de gastos que han generado un déficit insostenible, sindicado como la causa principal de la inflación. Probablemente, apliquen un criterio algebraico sin sensibilidad social. Entre 1980 y 2006 el gasto público total se mantuvo en 30,7% del producto bruto; entre 2007 y 2012, el gobierno de Cristina Kirchner lo llevó al 37,8% y, hasta 2015, durante la gestión del ministro Axel Kicillof, trepó a una cifra sideral del 45%. Desde 2007, también, el gobierno había adulterado las cifras del Indec para encubrir la inflación y el crecimiento de la pobreza.
Nada de esto se resuelve por arte de magia ni tampoco con improvisaciones. Este escenario, nada sencillo, es el que debe resolver el actual gobierno. Cada punto de inflación tiene el correlato de una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El año pasado, según las estadísticas, los sueldos del sector privado crecieron más que la inflación. Pero el empleo en negro, el empleo precario, el desempleo y la exclusión siguen siendo el punto más crítico y dramático. Los pequeños logros en las metas son importantes, pero el éxito radicará solamente en soluciones de fondo, que dependerán de garantías institucionales: la seguridad jurídica, el crecimiento de la actividad económica como objetivo de Estado, la confianza ciudadana y el equilibrio político.
Erradicar la inflación es una necesidad del país y un deber colectivo para cambiar la historia. El actual gobierno, hasta ahora, no logra brindar señales contundentes al respecto.