Así como las plazas, las puertas del principal hospital de la provincia, el San Bernardo, hace dos días se volvió un espacio de manifestaciones y denuncias cruzadas. Los empleados reclaman saber cómo "se está dividiendo la torta". Denuncian que cobran cada vez menos a raíz de una deuda que es millonaria.
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Así como las plazas, las puertas del principal hospital de la provincia, el San Bernardo, hace dos días se volvió un espacio de manifestaciones y denuncias cruzadas. Los empleados reclaman saber cómo "se está dividiendo la torta". Denuncian que cobran cada vez menos a raíz de una deuda que es millonaria.
Sostienen que la situación se debe a una "mala administración". Entre los diferentes cuestionamientos a la actual gerencia, se pone en duda la cantidad de empleados que informan. Mientras, del otro lado de las puertas del hospital, la gerencia desmiente que haya un desvío de fondos, y con un pedido de auditoría al Ministerio de Salud busca echar por tierra las acusaciones.
Al ser un hospital de autogestión, para su funcionamiento el San Bernardo recibe fondos de la Provincia, pero también de las obras sociales que pagan por la atención de sus afiliados. Del dinero que se recibe de privados, la mitad va para los empleados en concepto de "productividad", un 30 por ciento para el funcionamiento del hospital, y el 20 restante para el Ministerio de Salud de la Provincia. Es aquí donde se generó la millonaria deuda, e incluso hay fondos impagos desde el 2014.
Ayer, en conferencia de prensa, el gerente del hospital, Ramón Albeza, intentó aclarar la situación. Acompañado de contadores informó que la deuda de las obras sociales al hospital asciende a $19 millones. "Antes era mayor, recibimos la gerencia con una deuda de $26 millones", añadió el gerente administrativo Daniel Saravia.
El PAMI es el que mayor deuda arrastra, ya que más del 70 por ciento de los pacientes atendidos con cobertura pertenecen a la obra social de los jubilados. Por un acuerdo, la Provincia es la que ahora debe cobrar la deuda, y ya no la Superintendencia de Salud. "Como todo mecanismo nuevo lleva su tiempo, y generó que recién se implemente de forma óptima desde marzo", justificó el gerente administrativo. Sin embargo, los empleados cuestionan también esta última liquidación.
"Nosotros hace mucho tiempo llegamos a cobrar $ 4 mil por productividad, pero de ahí en más nuestro camino fue en descenso y no trabajamos menos, sino más", indicó Laura Morales, enfermera. Los empleados señalan como la causante del problema a la "gran deuda que nadie cobra", lo que afecta cada vez más a sus bolsillos.
Según el jefe del programa de auditoría, Carlos Debonis, el atraso proviene de la Superintendencia de Salud. El contador informó que el hospital factura un promedio de $10 millones mensuales, los cuales "casi nunca" serían pagados en su totalidad. "De la deuda actual de $19 millones ya hay $6 millones listos para ser cobrados, pero los fondos aún no fueron remitidos por la Superintendencia", explicó el contador.
Por su lado, los empleados exigen mejores gestiones para cobrar esa deuda, "en todas las asambleas les pedimos que se hagan las gestiones de cobranzas, hay un departamento contable que podría encargarse", señaló la enfermera Gloria Yapura.
Lo que pagan las obras sociales se divide en partes iguales para todos, por lo que la cantidad de empleados es otro punto de conflicto. "Dicen que somos más de 1.600 empleados, pero debemos ser como 1.200, no más de eso. Dijeron incluso que hay 600 enfermeros, cuando somos poco más de 400", cuestionó Liliana Santillán. Además, indicaron no poder acceder a una información oficial sobre este punto.
"Elevé una nota al ministro solicitando una auditoria", afirmó Albeza. Mientras, los empleados informaron que continuarán con asambleas diarias, hasta "tener toda la in formación".