El nuevo "tarifazo" que hoy perturba a los hogares argentinos es síntoma de un problema estructural; por lo tanto, profundo y de enorme proyección social, que no admite improvisaciones.
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El nuevo "tarifazo" que hoy perturba a los hogares argentinos es síntoma de un problema estructural; por lo tanto, profundo y de enorme proyección social, que no admite improvisaciones.
Hace pocos días, el exsecretario de Energía Jorge Lapeña advirtió que "en cuestión de temas energéticos no hay lugar para las soluciones triviales; el listado de frustraciones es inmenso e incluye desde algunos proyectos inviables hasta otros disparatados". Se refería a las últimas dos décadas en las que nuestro país pasó del autoabastecimiento a la dependencia energética.
El acceso a los servicios de luz y de gas es un derecho humano, porque no se puede vivir sin esos bienes indispensables.
En 2015, el 90% de los subsidios totales que pagó el Estado se aplicó a energía y transporte. Y el gasto para abaratar la energía casi cuadruplicó el presupuesto asignado a universidades nacionales y quintuplicó la asignación universal por hijo. Hoy el escenario no ha cambiado mucho y para justificar el "tarifazo" se invoca la necesidad de equilibrar el déficit fiscal.
Sin embargo, el aumento generalizado de tarifas se aplica en forma homogénea en un país donde los precios del gas están lejos de ser homogéneos. La regulación de los precios, históricamente, privilegia al enorme mercado electoral y comercial de Capital Federal y el Conurbano, donde se concentraron los subsidios. Por lo informado hasta ahora, al reducirse el beneficio que perciben las transportistas y distribuidoras, el aumento afecta por igual a todos, sin revisar las facturas distrito por distrito. Claramente, una decisión inequitativa.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, desató una controversia política con fuerte impacto social al anunciar la nueva suba del gas a partir de abril, que en promedio será del 32%. El aumento máximo es del 40%, el mínimo es del 28%. Según el ministro, para los usuarios residenciales una factura de 314 pesos a 440 pesos. Para las pymes, el incremento sería de 40% y para el comercio de un 32%.
Sin embargo, los números no son creíbles. Los aliados del PRO en Cambiemos fueron los primeros en manifestar su desacuerdo. El gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, reprochó al ministro Aranguren que "otra vez le hizo meter la pata al Gobierno".
Las dudas de los aliados provienen de informes técnicos que, analizando la proyección de los incrementos de acuerdo a los mayores consumos de invierno, arrojan que un usuario de gas que en febrero pagó una factura de 250 pesos, en agosto deberá abonar casi 800 pesos.
En un país con inflación, donde el tope de aumentos en paritarias está congelado en 15%, el efecto es lapidario para las economías domésticas. Un estudio arroja que en 2015, la canasta de servicios públicos rondaba el 6% del salario mínimo, mientras que en el 2018 este porcentaje subió al 21%. El ministro aseguró que ""en los próximos cuatro años habrá un excedente en la producción de gas de 30 a 35 millones de metros cúbicos, lo que permitirá que bajen los precios que paga el consumidor''. Es muy difícil creerlo. La experiencia del usuario no ayuda.
La mayoría de los ciudadanos es conciente de que hasta hace poco, los precios eran irreales, y por lo tanto insostenibles. Pero tampoco será sostenible un proceso de racionalización que no contemple la realidad de los hogares argentinos. Alentar la inversión considerando solo la urgencia de las grandes empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras es inaceptable.
El gobierno debe diseñar un programa de desarrollo energético sólido y consistente, con metas a mediano y largo plazo, que aborde todos los problemas y en el que las cargas del esfuerzo estén distribuidas con equidad. Y debe revisar la forma en que ha de comunicarlo.
Hasta ahora, repite las mismas imprudencias en que incurrió hace dos años.
Cambiar al país, generar crecimiento y lograr transparencia es un objetivo valioso y compartido, pero que exige prudencia y sensibilidad social.