Empezó en Independiente. Sumó en una semana casos en otros tres clubes del Gran Buenos Aires. Y mientras el ruido mediático solo buscaba si había famosos en el medio de la trama, la investigación sobre el abuso de menores en el fútbol argentino comenzaba a plantear un mapa mucho más inquietante: salía de la geografía de Buenos Aires para instalarse en varias provincias del país.
Córdoba, Misiones, Chaco, La Pampa están ya bajo la mirada de la fiscal Soledad Garibaldi, al frente de la investigación que sacude a la sociedad. Y el proceso amenaza con sumar más actores y territorios a medida que avanza la causa.
La semana pasada, mientras su secretario Guillermo Cimadevilla preparaba en el Polo Judicial de Avellaneda el pedido de procesamiento con prisión preventiva para los seis acusados del delito de abuso y corrupción de menores, la fiscal Garibaldi tomó un avión rumbo a Córdoba capital.
Estuvo solo un día allí, pero los resultados fueron impactantes: tomó declaración a jugadores de los equipos más importantes, quienes contaron el infierno que padecieron años atrás cuando hicieron inferiores en los clubes del GBA.
Los delitos que se produjeron en Buenos Aires serán tramitados aquí, y los que presuntamente puedan haber continuado en Córdoba, será cuestión de la Justicia Provincial.
La misma situación que se vivió en la provincia mediterránea tendrá su correlato en el litoral argentino, porque ya hay casos de futbolistas de Misiones que habrían pasado por la misma situación cuando estuvieron a prueba en instituciones porteñas.
El caso madre en Independiente le dio la posibilidad a la fiscal de encontrar causas conexas que hablan de un modus operandi similar aunque por ahora se niegan a hablar de una red.
Por ejemplo, se sumó una causa que está radicada en el Juzgado Federal Número 2 de Morón, a cargo del doctor Jorge Rodríguez, donde se denunciaba que 12 chicos de entre 13 y 14 años estaban viviendo en un estado de semiesclavitud en una casa precaria de Aldo Bonzi, partido de La Matanza.
Cuando los investigadores llegaron descubrieron que los chicos habían sido traídos del Chaco bajo la promesa de probarse en Banfield, pero en vez de eso les habían sacado los teléfonos celulares para que no pudieran comunicarse con el mundo exterior, que estaban hacinados en una casa que no tenía los servicios mínimos (ni cloacas ni gas, por ejemplo) y que los obligaban a hacer servicios de albañilería en ese lugar mientras eran atendidos por un hombre que se presentaba como un “pastor” que los iba a elevar espiritualmente.
El dictamen de la Oficina de Rescate a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia de la Nación es terminante: “De los relatos de los adolescentes se evidencia el aprovechamiento que se habría hecho de las expectativas e ilusiones que los mismos tenían de convertirse en jugadores de fútbol profesional y de la condición vulnerable socioeconómica de sus familias”.
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Empezó en Independiente. Sumó en una semana casos en otros tres clubes del Gran Buenos Aires. Y mientras el ruido mediático solo buscaba si había famosos en el medio de la trama, la investigación sobre el abuso de menores en el fútbol argentino comenzaba a plantear un mapa mucho más inquietante: salía de la geografía de Buenos Aires para instalarse en varias provincias del país.
Córdoba, Misiones, Chaco, La Pampa están ya bajo la mirada de la fiscal Soledad Garibaldi, al frente de la investigación que sacude a la sociedad. Y el proceso amenaza con sumar más actores y territorios a medida que avanza la causa.
La semana pasada, mientras su secretario Guillermo Cimadevilla preparaba en el Polo Judicial de Avellaneda el pedido de procesamiento con prisión preventiva para los seis acusados del delito de abuso y corrupción de menores, la fiscal Garibaldi tomó un avión rumbo a Córdoba capital.
Estuvo solo un día allí, pero los resultados fueron impactantes: tomó declaración a jugadores de los equipos más importantes, quienes contaron el infierno que padecieron años atrás cuando hicieron inferiores en los clubes del GBA.
Los delitos que se produjeron en Buenos Aires serán tramitados aquí, y los que presuntamente puedan haber continuado en Córdoba, será cuestión de la Justicia Provincial.
La misma situación que se vivió en la provincia mediterránea tendrá su correlato en el litoral argentino, porque ya hay casos de futbolistas de Misiones que habrían pasado por la misma situación cuando estuvieron a prueba en instituciones porteñas.
El caso madre en Independiente le dio la posibilidad a la fiscal de encontrar causas conexas que hablan de un modus operandi similar aunque por ahora se niegan a hablar de una red.
Por ejemplo, se sumó una causa que está radicada en el Juzgado Federal Número 2 de Morón, a cargo del doctor Jorge Rodríguez, donde se denunciaba que 12 chicos de entre 13 y 14 años estaban viviendo en un estado de semiesclavitud en una casa precaria de Aldo Bonzi, partido de La Matanza.
Cuando los investigadores llegaron descubrieron que los chicos habían sido traídos del Chaco bajo la promesa de probarse en Banfield, pero en vez de eso les habían sacado los teléfonos celulares para que no pudieran comunicarse con el mundo exterior, que estaban hacinados en una casa que no tenía los servicios mínimos (ni cloacas ni gas, por ejemplo) y que los obligaban a hacer servicios de albañilería en ese lugar mientras eran atendidos por un hombre que se presentaba como un “pastor” que los iba a elevar espiritualmente.
El dictamen de la Oficina de Rescate a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia de la Nación es terminante: “De los relatos de los adolescentes se evidencia el aprovechamiento que se habría hecho de las expectativas e ilusiones que los mismos tenían de convertirse en jugadores de fútbol profesional y de la condición vulnerable socioeconómica de sus familias”.
La inescrupulosa maniobra en Chaco
La maniobra consistía en preseleccionar jugadores de Inferiores del Chaco, en pruebas que se hacían en el club Molinos de la localidad de Puerto Vilellas y que convocaban a 55 adolescentes por jornada. De ahí salían 15 chicos que eran llevados a Buenos Aires previo pago de 5 mil pesos por familia.
Ahora en el Juzgado se evalúan dos hipótesis: si se pretendía vincularlos con alguna situación de abuso sexual o aprovechamiento laboral. Y quienes están imputados son el presunto pastor, Aníbal Ferro Casanova, y Héctor Barrios, quien se presenta como director técnico y seleccionó a los chicos en Chaco.