Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) enviaron 213 telegramas de despidos y de rescisión de contratos a personal de asistencia técnica-administrativa y transitorios. “Los telegramas fueron enviados a personal de asistencia técnica y transitorio. En ningún caso a personal de planta permanente”, dijeron fuentes del Senasa y agregaron que “casi el 65 por ciento son administrativos, justamente porque se busca un Senasa que esté controlando y no tanto en los escritorios”.

A causa de esto, los trabajadores del Senasa cumplieron ayer la primera jornada de una huelga nacional que se extenderá hasta la medianoche del viernes en todo el país en rechazo de “nuevos despidos”. El coordinador gremial del sector, Jorge Ravetti, denunció que los telegramas comenzaron a llegar esta mañana “en Mendoza y el interior del territorio bonaerense”.

En el Senasa, por su parte, aseguraron que trabajan “en línea con el Ministerio de Agroindustria” ya que “el déficit del Estado nos lleva a tomar diferentes medidas que son necesarias para ser sostenibles y eficientes como organismo descentralizado”.

“Este año se redujo un 20% los cargos jerárquicos en los diferentes ministerios y un 35% en Agroindustria, achicando fuertemente el costo de la política”, aseguraron.

En base a las proyecciones oficiales, en el Senasa el ahorro rondaría los $148 millones durante el corriente año, en concepto de limpieza, mantenimiento, alquileres, compras, contrataciones y gastos de seguridad. Las fuentes dijeron que en el Senasa “detectamos tareas duplicadas y otras que el organismo ya no necesita realizar debido a que el avance tecnológico lo ha ido reemplazando”.

Por el lado gremial, Ravetti, coordinador de la Mesa Nacional de la ATE Senasa, dio que las cesantías en el organismo representan “la continuidad de lo sucedido en Agroindustria y la Secretaría de Agricultura Familiar”, donde fueron dados de baja 330 contratados.

Los trabajadores del organismo también ratificaron su rechazo a “la quita de la certificación de servicios de inspección veterinaria a establecimientos frigoríficos”. Ravetti, también titular de la ATE de las filiales Ezeiza, Esteban Echeverría y San Vicente, explicó que esa decisión implica que “la carne, embutidos, fiambres, lácteos y todos los productos de origen animal que se consumen no estarán certificados por el Estado sino por los mismos productores. Un hecho riesgoso para la salud”, expresó.

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