La validez de la discusión de las tarifas: la discusión sobre las tarifas en la Argentina ha cobrado nuevo impulso en las últimas semanas, en parte porque todo lo que aumenta de precio molesta, y en parte porque todo lo que representa un malestar social es aprovechado por la oposición, lo que es perfectamente natural en política, claro está.
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La validez de la discusión de las tarifas: la discusión sobre las tarifas en la Argentina ha cobrado nuevo impulso en las últimas semanas, en parte porque todo lo que aumenta de precio molesta, y en parte porque todo lo que representa un malestar social es aprovechado por la oposición, lo que es perfectamente natural en política, claro está.
Más allá de este aspecto que probablemente es secundario, lo que parece una cuestión de fondo es si la alternativa a la suba de tarifas, vale decir, continuar subsidiándolas -lo que apareja mantener indefinidamente la inflación- es "mejor" que pagarlas a su verdadero costo, lo que promete a cambio una reducción en la inflación.
Preguntas incómodas
La primera pregunta a responder, entonces, es: ¿el subsidio a las tarifas se relaciona con la inflación?, y en caso afirmativo, ¿por qué?
Claramente, los subsidios son inflacionarios y la razón por la que potencian la inflación es que se "regala" un bien o servicio que consecuentemente se adquiere en mayor cantidad de la que se consumiría si su precio fuera positivo, por ley de demanda (a menor precio, mayor consumo) y como la energía, el gas o el combustible, son muy apreciados, un bajo o nulo precio impulsa elevados consumos en términos de calefactores, acondicionadores, viajes, etc.
No obstante, este mayor consumo, cuando los precios se incrementan se deprime al deteriorarse el poder adquisitivo del salario, hasta que éste consigue a su vez incrementos y el ciclo se repite.
¿Y la inflación?
Claramente, esta se presenta porque las personas que consumen "gratis" incrementan la demanda del propio bien subsidiado, pero también el de los complementarios como los electrodomésticos e incluso otros que pueden ser ahora adquiridos al no ser necesario pagar el real valor de los servicios subsidiados, y consecuentemente, los precios suben (a mayor demanda, mayor precio ofrecido).
Paralelamente, las empresas productoras, al no disponer libremente de la principal fuente de financiamiento de nuevas inversiones que son sus propios precios que están regulados en condiciones de subsidios, no realizan nuevas inversiones y por deterioro de los equipos de capital, la oferta se resiente, con lo que el excedente de consumo debe cubrirse con importaciones.
Adicionalmente, por la propia inflación, la brecha entre el verdadero costo de los servicios subsidiados y la tarifa congelada, aumenta, lo que obliga al gobierno a desembolsar sumas mayores a las empresas proveedoras para abastecer un consumo de servicios crecientes.
Por supuesto, el Gobierno no recibe mayores ingresos de impuestos solo porque deba efectuar más desembolsos, y en consecuencia aumenta el déficit fiscal, que debe financiarse, a su vez, imprimiendo dinero, o endeudando el país por la solicitud de mayores créditos.
Naturalmente, cuando se presenta la inflación, suben todos los precios -excepto las tarifas, por definición, ya que están subsidiadas- y si bien los servicios públicos se mantienen regalados, no ocurre lo mismo con los alimentos, los electrodomésticos, los alquileres y demás bienes y servicios que se consumen periódica mente.
¿Qué es peor?
¿Puede ser peor pagar las tarifas que recibir los servicios subsidiados?
¿Qué pasa, a todo esto, si en lugar de subsidiar las tarifas, se cobra por los servicios su precio real directamente a los usuarios? En este caso, un componente importante de la inflación desaparece junto con los subsidios, y la ecuación para las familias y usuarios en general, se invierte: el conjunto de precios de los bienes y servicios se estabiliza, excepto el de las tarifas, pero éste aumenta de una sola vez, o en tramos sucesivos si la diferencia entre el precio subsidiado y el real se prorratea en varias etapas. Nótese, además, que cuando un precio (el de las tarifas) sube con respecto a los demás, los consumidores reasignan su presupuesto a través de una elección voluntaria, lo que no puede hacerse cuando todos los precios suben, y eso debilita la capacidad de compra de todos los bienes y servicios, excepto, claro está, el que se regala, o sea los servicios públicos.
Evidentemente, este segundo escenario, el de la suba de tarifas, es preferible al anterior, porque esta vez hay un solo precio que aumenta en vez de hacerlo todos, y por única o unas pocas veces, y si bien las subas de tarifas impactan en la inflación, precisamente lo hacen solamente en tanto suben, lo que no tiene por qué ocurrir indefinidamente. No es menos evidente, en presencia de subsidios, que la transferencia de recursos tiene que hacerla el Gobierno en cada período en que hay que pagar la brecha entre el costo real y el que pagan los usuarios, lo que genera justamente la inflación: el Gobierno está permanentemente entregando fondos a las empresas proveedoras para financiar la compra de más energía y demás servicios que los necesarios y los consumidores, con la brecha ahorrada están comprando en exceso bienes y servicios respecto de lo que harían si todos los precios reflejaran su valor real.
No hay comidas gratis...
Una cuestión de la mayor importancia para el buen funcionamiento de las economías es que los precios deben ser reflejo de la escasez de los bienes y servicios que, desde que nos expulsaron del Paraíso, hay que producirlos, y esa producción entraña costos. La idea de que puede haber bienes o servicios gratis como no sean el aire y el sol -que genera costos sobre la piel- es parte de la fantasía o inmadurez que alguna vez los argentinos deberemos dejar atrás.
¿Buenas noticias?
Por último, ¿en qué medida los trabajadores se benefician o perjudican con los escenarios propuestos, el del regalo de las tarifas a cambio de inflación y el del cobro de tarifas a sus precios verdaderos a cambio de una menor inflación? También en este caso es evidente que el subsidio no beneficia a los trabajadores, como no sea al de los proveedores extranjeros que logran más empleo por las compras de la Argentina de energía y combustibles. En cambio, cuando los servicios públicos se cobran a su precio real, existen incentivos para producirlos en la propia economía, generando inversiones y más puestos de trabajo para los trabajadores de la Argentina.