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La Corte Suprema de Brasil decide este miércoles si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva va a la cárcel, a seis meses de las elecciones que lo tienen como favorito. La votación se da en un marco de suma tensión, ya que un general amenazó con dar un golpe de Estado si el exmandatario no va preso.
De los once jueces que integran la Corte, ya votaron diez: cinco (Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber y Luiz Fux) en contra de concederle el beneficio al máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), favorito para las elecciones de octubre, y cinco (Gilmar Mendes, Ricardo Lewandoski, Dias Toffoli, Celso de Mello y Marco Aurélio Mello) a favor del recurso.
Finalmente la decisión final quedó en manos de la presidente del tribunal, Cármen Lúcia, quien se expidió en contra de otorgar el habeas corpus al expresidente brasileño.
Las calles de acceso a la corte en Brasilia están bloqueadas y la Policía montó un vallado para separar a los partidarios y los adversarios del líder de izquierda a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los Tres Poderes donde se halla el Supremo Tribunal Federal (STF).
Los once magistrados del STF empezaron los debates a las 14 (hora argentina), en una sesión que es transmitida en directo por televisión y que se extenderá durante varias horas.
Lula, de 72 años, fue condenado en enero por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel por recibir un departamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó un recurso ante el STF para evitar su encarcelamiento antes de agotar todas las instancias judiciales.
El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
Si su recurso (un hábeas corpus) es aceptado, podrá seguir en precampaña y apostar a un largo proceso en los tribunales superiores. De lo contrario, podría ser arrestado en breve.
El debate sobre la jurisprudencia que permite encarcelar a condenados en segunda instancia desató los profundos antagonismos políticos en la mayor economía latinoamericana y enrareció el clima de precampaña de las elecciones generales de octubre, que se anuncian como las más inciertas desde la restauración de la democracia en 1985.
La última discusión del STF sobre la llamada ejecución provisoria de la pena terminó con un ajustado 6 a 5 a favor de la interpretación vigente.
Lula, en Sao Paulo
En Sao Paulo, en la sede del Sindicato de Metalúrgicos, cuna del ascenso que llevó a Lula desde el gremialismo hasta la jefatura de Estado, unas 150 personas esperaban la llegada del expresidente, vestidos con las clásicas camisetas rojas que identfican al Partido de los Trabajadores (PT), cofundado por el exmandatario.
"Esta noche no dormí. Es uno de los peores días de mi vida. Creo que va a ser condenado (...) Están rompiendo la Constitución y nadie hace nada", dijo Leonor Mata, una profesora de 60 años, afiliada al PT desde hace más de tres décadas.
Seguidores de Lula Da Silva.
En la víspera, miles de personas desfilaron en Sao Paulo, Rio de Janeiro y otras ciudades al grito de "Lula nunca más" y de aclamaciones al juez Sergio Moro, gran artífice la investigación Lava Jato sobre el escándalo de Petrobras.
El que fue el presidente más popular de la historia reciente de Brasil (2003-2010) se declara inocente en este proceso y en los otros seis que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción a la justicia, y los atribuye a una conspiración para evitar que regrese al poder.
"Es un juicio muy politizado. Más allá de la importancia de la autorización de la ejecución provisoria de la pena, está en juego un caso que envuelve a un expresidente, que también es presidenciable y que está muy bien posicionado en los sondeos de intención de voto", dijo a la AFP el experto en derecho penal y criminología Jovacy Peter Filho.
"Es, probablemente, un caso único en el mundo", añadió.
Más allá de si Lula consigue evitar la prisión, su candidatura tambalea porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia. Pero ese capítulo recién se resolverá entre julio y agosto, durante la ventana oficial para registrar los candidatos.
El general
La polarización que vive Brasil dejó paso a la violencia a fines de marzo, cuando una caravana proselitista del líder de la izquierda fue atacada con armas de fuego en el sur del país. Y alimentó las presiones sobre el STF.
En un inusitado mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes "compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia".
El mensaje recibió un entusiasta apoyo del diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, un exmilitar, segundo en las encuestas electorales (aunque con la mitad de intenciones de voto de Lula).
"El partido del Ejército es Brasil (...) Su comandante es un soldado al servicio de la Democracia y la Libertad. Así fue en el pasado y así será siempre. Con orgullo: Estamos juntos, General Villas Boas", escribió Bolsonaro.
Y también el repudio de muchos políticos, formadores de opinión y de Amnistía Internacional, que emitió una nota, afirmando que "las declaraciones del general son una grave afrenta a la independencia de los poderes, al debido proceso legal, una amenaza al estado democrático de derecho y un desvío del papel de las Fuerzas Armadas".