Luego de una maratónica y tensa jornada que demandó más de 13 horas de debate, la Justicia aplicó al doble homicida de las cárceles de Salta la condena que la sociedad esperaba. Con el voto unánime de los jueces Guillermo Pereyra (presidente), José Luis Riera y Mónica Muksdi, el Tribunal de Juicio Sala VI sentenció anoche a Gabriel Roberto “Chirete” Herrera a la pena de prisión perpetua por el salvaje asesinato de su pareja, Andrea Edith Neri, en el penal de Villa Las Rosas. También condenó a cinco años al celador Nelson Alexander Cardozo, y con multas en pesos e inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos a otros cuatro integrantes del Servicio Penitenciario.
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Luego de una maratónica y tensa jornada que demandó más de 13 horas de debate, la Justicia aplicó al doble homicida de las cárceles de Salta la condena que la sociedad esperaba. Con el voto unánime de los jueces Guillermo Pereyra (presidente), José Luis Riera y Mónica Muksdi, el Tribunal de Juicio Sala VI sentenció anoche a Gabriel Roberto “Chirete” Herrera a la pena de prisión perpetua por el salvaje asesinato de su pareja, Andrea Edith Neri, en el penal de Villa Las Rosas. También condenó a cinco años al celador Nelson Alexander Cardozo, y con multas en pesos e inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos a otros cuatro integrantes del Servicio Penitenciario.
Con esta condena, la segunda por femicidio, Herrera deberá permanecer, como mínimo, 35 años privado de su libertad. En medio de un incontenible llanto, Juan Pablo Neri prometió que no descansará hasta vengar la horrenda muerte de su hija de 19 años.
LECTURA DE LA SENTENCIA EN VIVO
En una improvisada sala de audiencia que se acondicionó en el edificio del Tribunal Electoral, pasada las 9 el fiscal Pablo Rivero dividió el alegato en dos partes. En primer término se refirió a la situación procesal de “Chirete” Herrera y a las contundentes pruebas que, a su juicio, determinaron que fue el autor material del asesinato de Neri. Luego abordó la situación de los cuatro guardiacárceles imputados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y a un quinto por abandono de persona seguido de muerte.
El representante del Ministerio Público hizo un raconto de los sucesos acaecidos el 5 de enero de 2017, cuando Herrera mató a Neri en la celda 372 del pabellón “E” del penal de Villa Las Rosas. A Rivero no le resultó difícil probar la responsabilidad del femicida y por ende solicitar que sea condenado a la máxima pena. Ocurre que Herrera ya estaba virtualmente condenado antes de que se iniciara el juicio, sobre todo luego de que confesara que mató por celos a la chica.
El fiscal sostuvo que “Chirete” actuó con premeditación y alevosía, ya que ese día esperó a Andrea para una visita íntima y la atacó con un elemento de carpintería (gubia), con el que le produjo 36 heridas punzo-cortantes en el cuello, delante del hijo de ambos, de dos meses de vida. Reforzó esa hipótesis a partir del testimonio del interno Juan Domingo Ortiz, quien advirtió que “Chirete” comenzó a agredir a la víctima en el baño y luego la condujo por la fuerza hasta la celda para saciar su conducta asesina.
El acusador público, además, se amparó en el testimonio de Ortiz para determinar la responsabilidad del celador Nelson Alexander Cardozo, al que le imputó el delito de abandono de persona seguida de muerte. A este agente penitenciario le atribuyó haber hecho caso omiso a la advertencia que le hizo Ortiz de que Herrera empezó a golpear a la chica en el baño. “Las cámaras de seguridad mostraron claramente que ese interno alertó a Cardozo de lo que estaba pasando, mediante señas y luego con palabras, y nada hizo para verificar lo que estaba pasando”, subrayó Rivero. A juicio del fiscal la inacción del celador fue determinante para el fatal desenlace. Por ese motivo solicitó que sea condenado a la pena y que se deje sin efecto la prisión domiciliaria de la que venía gozando. Los querellantes Luciano Romano y Santiago Pedroza coincidieron con los argumentos esgrimidos por el fiscal Rivero en relación a la situación procesal del celador Cardozo, pero solicitaron 8 años de prisión y que se revoque la prisión domiciliaria. El tribunal redujo a 5 años la condena y no hizo lugar a que se lo envíe a la cárcel.
El alegato de Rivero se centró luego en la responsabilidad institucional del Servicio Penitenciario sobre lo ocurrido en el interior del penal. En ese sentido fue categórico en sus expresiones al señalar que Salta “es el único lugar del mundo donde un preso asesinó a dos mujeres en la cárcel”. Sostuvo esa categórica sentencia al recordar que en 2006 Gabriel “Chirete” Herrera mató en la unidad penitenciaria de Metán a su primera pareja, Verónica Castro. Al aludir a este hecho, el alegato se interrumpió abruptamente con los gritos de Angélica Jorge, madre de la víctima. “¿Por qué no hicieron algo para evitar esto... por qué?”, exclamó la mujer en medio de una crisis de nervios. Un episodio de igual magnitud protagonizó un hermano de Andrea, cuando sobre el final de la audiencia el presidente Guillermo Pereyra le preguntó a Herrera si deseaba expresar sus últimas palabras antes de que se conociera el veredicto. El femicida apenas alcanzó a decir “pido disculpas”. Juan Franco Neri saltó de su asiento con el rostro desencajado. “¿Perdón decís? No te perdono, no te perdono hijo de puta”, expresó el joven, que se hizo cargo de la crianza del pequeño que dejó huérfano su hermana.
El fiscal marcó una a una las irregularidades que se detectaron en el penal de Villa Las Rosas. Planteó que el asesinato de la muchacho se produjo en el marco de los usos y costumbres que imperaban en el penal, en abierta violación a las leyes y reglamentos internos de la penitenciaría. Puso como ejemplo la autorización a los presos para que manipularan herramientas de carpintería y cuchillos en las celdas, el ineficaz control en el uso de celulares, poca efectividad de las requisas, las sospechosas autorizaciones de las visitas íntimas y las precarias medidas de seguridad. Rivero enumeró la responsabilidad que les cupo a los 4 funcionarios jerárquicos acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario. Se trata de Héctor Franco, Fernando Velázquez, Juan C. Gutiérrez y José L. Ávalos, a quienes los condenaron a pagar una multa de $ 12.000 y la inhabilitación de un año para ejercer cargos públicos.