La última resolución emitida por la Justicia salteña sobre el caso Dinantur SRL (Denario), estableció que la agencia de turismo, que se declaró en quiebra y dejó a decenas de personas sin poder viajar, debe 10,4 millones de pesos. Lo peor de todo es que la empresa tenía bienes y cuentas por solo 173.500 pesos, por lo que ninguno de los afectados llegará a cobrar nada de lo que pagó, y ahora todos los cañones apuntarán a la causa penal.
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La última resolución emitida por la Justicia salteña sobre el caso Dinantur SRL (Denario), estableció que la agencia de turismo, que se declaró en quiebra y dejó a decenas de personas sin poder viajar, debe 10,4 millones de pesos. Lo peor de todo es que la empresa tenía bienes y cuentas por solo 173.500 pesos, por lo que ninguno de los afectados llegará a cobrar nada de lo que pagó, y ahora todos los cañones apuntarán a la causa penal.
El 29 de agosto pasado, la empresa había solicitado su propia quiebra. Desde ese momento el síndico designado comenzó a recabar la documentación de la deuda. El síndico hizo un inventario de lo que debía la empresa y de los bienes que tenía para afrontar esa deuda.
El 16 de abril pasado, Victoria Ambrosini, jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, basándose en el artículo 36 de la ley de concursos y quiebras, emitió una resolución en la que da cuenta de los acreedores que se presentaron y de la deuda verificada y admitida.
Allí se detalla que se presentaron 31 acreedores reclamando deudas por parte de la empresa. De estos se presentaron 25 damnificados a quienes no les cumplieron con los viajes, una persona con un pedido de indemnización laboral, dos empresas que reclaman pagos y además se suman la AFIP, la Municipalidad de Salta y la Dirección General de Rentas. Entre todos suman un reclamo de pago de 10.449.928,02 pesos.
Lo que más llama la atención en Ciudad Judicial es que cuando se desató el escándalo y la empresa dijo que no iba a poder afrontar los viajes eran uno 130 los afectados y ahora solo fueron a reclamar deuda unos 31. "Lo que deben haber pasado es que lo dieron por perdido, y se dijeron "además que no vamos a cobrar vamos a tener que pagar abogado'", señalaron.
No cobra nadie
El síndico tiene hasta el 17 de mayo para entregar un informe general, en donde se deja en claro cuánto debe y cuánto tiene la empresa. Y también se abre un proceso en el que se verificará si la sociedad donó bienes antes de quebrar, esto con la idea de ver si se puede recuperar algo. También se abre un período de sospecha entre la fecha de cesación de pago y la sentencia de quiebra, para ver si realizaron movimientos irregulares.
Lo cierto es que a esta altura el síndico ya realizó el remate de las cosas que estaban a nombre de la firma: solo algunos muebles y computadoras de las oficinas de Salta y Tucumán. No tenían inmuebles ni vehículos.
De esta venta juntaron 73.500 pesos, que se suman a los 100 mil pesos que tenían en una caja de ahorro al momento de quebrar. El tema es que según la resolución del Juzgado de Quiebras, la empresa debe 10.449.928,02 pesos, por lo que no alcanzará para pagarle a ninguno de los acreedores. Esto será así porque primero se deberá afrontar el pago de los honorarios del síndico -más los gastos que tuvo-, las publicaciones en el Boletín Oficial y la tasa de Justicia.
De no alcanzar esta plata para cancelar estos últimos gastos, la causa se llevará al fuero penal, por presunción de fraude.
Los viajes
La bomba explotó una semana antes de que el 5 de septiembre del año pasado unas 50 personas partan a su viaje soñado en un tour por Europa. Justo allí Denario se declaró en quiebra y los dejó sin esa posibilidad. Los afectados serían 130 personas que no pudieron realizar los viajes, que en muchos casos habían sido cancelados. Solo para ir a Europa la gente pagó 5.250 dólares, o bien unos 80 mil pesos. La empresa ofrecía viajes a Europa, tours que comprendían España, Portugal y Marruecos; otros destinos eran las playas de México y Brasil, Disney, Cartagena de Indias (Colombia), Varadero (Cuba), Cancún y Miami.
Hay tres imputados en la Justicia
En octubre del año pasado, la fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos Económicos, Mónica Poma, imputó a Miguel Ángel Desimone, Laura Marina y Candelaria Marina por la supuesta comisión de los delitos de estafas reiteradas y vaciamiento de empresa. Los acusados eran socios y gerentes de la sociedad que manejaba la empresa de turismo Denario, por lo que son responsables de su gestión comercial.
En ese momento, la fiscal comenzó a trabajar con informes elevados por la AFIP, el juzgado de Quiebras, el Ministerio de Turismo, la Secretaría de Defensa al Consumidor de la Provincia, entre otros. También se comenzó a valorar las 50 denuncias radicadas por los damnificados que habían contratado viajes con la empresa y que no pudieron realizar. También se había solicitado al juez de turno que embargara las cuentas bancarias de la empresa y los sospechados, la inhibición general de sus bienes y la prohibición de salir del país.
Desde el juzgado de Quiebras señalaron que constantemente se les requiere información por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos de la empresa Denario que comenzó a funcionar en julio de 2011.