La baja producción y la degradación del empleo son el gran problema que atraviesa la vida argentina de las últimas cuatro décadas. Un modelo sindical forjado en los años 40 y 50 choca contra nuevas realidades.
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La baja producción y la degradación del empleo son el gran problema que atraviesa la vida argentina de las últimas cuatro décadas. Un modelo sindical forjado en los años 40 y 50 choca contra nuevas realidades.
Desde 1983, la pobreza en el país creció desde 16% (cuando en América Latina se acercaba al 40%), hasta llegar al 30%, mientras que en la región se redujo al 29%. La informalidad laboral, que rondaba el 22% en 1980, comenzó a subir y desde hace varios años se encuentra en el 33% en el país (45% en Salta). La desocupación aumentó en los 90, y en los 2000 se redujo aproximadamente al 8% por el aumento del empleo público, caso contrario estaría en más del 17%.
Desde 2011 a 2015 el número de empleados públicos creció 80%, y a fines de 2015 se estimaba que 19 millones de personas dependían del Estado para vivir. Sería aventurado deducir cuántas de esas personas prefieren aferrarse a la seguridad de un subsidio que a sumergirse en la inseguridad de la búsqueda de empleo.
El déficit fiscal aborta cualquier posibilidad de subsidio o designación en el Estado.
Al mismo tiempo, el modelo sindical, duro pero negociador, ha perdido su hegemonía. Los gremios radicalizados, sin aptitud de negociación, les restan a los tradicionales el control de la calle y de la huelga, mientras que los gremios estatales, que nunca objetaron el sobre empleo en el Estado, mantienen reclamos que difícilmente encuentren respuesta favorable del Gobierno.
Tres proyectos y revuelo
Recientemente el Gobierno envió al Senado tres proyectos de reforma laboral para que sean debatidos primero en la comisión de Trabajo y posteriormente en el recinto, los mismos entre otras cosas proponen una modificación en el cálculo de las indemnizaciones por despido.
Estas propuestas ya estaban incluidas en el proyecto de reforma laboral cuyo tratamiento en el Congreso fracasó en diciembre del año pasado por los fuertes cuestionamientos que recibió de la oposición y de algunos sindicatos.
El Gobierno insistió con algunos puntos de esa reforma presentando tres proyectos de ley, con los siguientes objetivos:
- El sistema de prácticas formativas de los estudiantes
- La regularización de trabajadores no registrados
- La creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud
Blanqueo laboral
La regularización del trabajador no registrado también comprende la rectificación de la real remuneración o de la real fecha del inicio de la relación laboral; también propone la extinción de la acción penal y la liberación de infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularizaciones, incluyendo la condonación de deudas por capital e intereses cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de seguridad social.
Este proyecto incluye una modificación muy cuestionada por algunos sectores del sindicalismo en el cálculo de las indemnizaciones, por lo que no se tendrían en cuenta los premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC) que percibe el trabajador.
Actualmente para calcular las indemnizaciones se lo hace sobre la base del sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y "todo reconocimiento de gastos" que el empleador efectúe hacia el trabajador. El Gobierno planea utilizar en lugar de las indemnizaciones actualmente vigentes, la creación de un "fondo de cese laboral", el cual sería constituido mediante un convenio colectivo suscripto por las cámaras y el gremio principal de cada sector.
El empleador aportaría mensualmente un porcentaje del sueldo pagado a los trabajadores más adicionales remunerativos y no remunerativos para construir el fondo.
La inserción laboral
El segundo de los proyectos propone la creación del sistema de prácticas formativas para los estudiantes y nuevos graduados de la educación superior, y los estudiantes de la educación permanente de jóvenes y adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en empresas o instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales, aun cuando adopten la forma de cooperativas.
Uno de esos artículos establece que la duración y la carga horaria de las prácticas formativas tendrán como antecedentes los convenios colectivos de trabajo y particularmente el convenio de práctica formativa, de acuerdo a las características y complejidad de las actividades a desarrollar, con un máximo de 12 meses y con una carga horaria que no supere las 30 horas semanales.
Este proyecto recomienda que los practicantes reciban una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación por estímulo, la misma se calculará tomando como referencia el salario básico neto del convenio colectivo aplicable a la empresa, siendo proporcional a la carga horaria de la práctica formativa
Y el tercero crea la agencia nacional de evaluación de tecnologías de salud (Agnet), organismo que le competirá la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud. De aprobarse este proyecto servirá para determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el programa médico obligatorio.
No deja de ser una iniciativa polémica ya que este organismo (Agnet) será el encargado de delinear las prestaciones mínimas que deberán ofrecer las obras sociales y será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria, considerado una respuesta del Gobierno ante uno de los principales reclamos de las obras sociales.
El fundamento
El ministro Jorge Triaca defendió el proyecto: “Tiene una mirada integral que busca generar vínculos entre trabajadores y empleadores, de tal modo que prioricen el consenso y no el conflicto”, en abierta referencia a la formalización de los trabajadores por un lado y, por el otro, a la creación de un fondo de cese laboral vinculado a las indemnizaciones. Para el ministro, la meta es otorgar previsibilidad al empleado y al empleador, y respecto al fondo de cese laboral aclaró que será administrado por los sindicatos en conjunto con el empleador, teniendo la posibilidad de recurrir a este fondo cada sector para definir el alcance del mismo. Triaca destacó también que hay cinco sectores que es muy alto el nivel de informalidad y que deben reducirlo: construcción, empleo rural, pequeñas industrias, comercio y personal doméstico, apuntando que no solo se busca blanquear el trabajo, sino, además, mejorar los procesos de fiscalización. Las opiniones del sector sindical están divididas entre los que apoyan estas reformas y quienes las rechazan. Entre los gremialistas que están con el “apoyo mutuo” y convalidaron la pauta salarial del 15%, además de brindar su aval para avanzar en la discusión de cambio de las leyes laborales, figura el senador provincial por Guahipas, José Ibarra, miembro de las 62 Organizaciones. Ibarra le dijo al presidente Macri: “Llegamos a mitad del río y vamos a acompañarlo a cruzar”. En cambio existe un sector sindical que cuestiona el apoyo irrestricto de las 62 al Gobierno. Lo cierto es que la reactivación de la economía no arranca y que si estas reformas sirven para darle previsibilidad y confianza a los inversores para lograr el crecimiento de nuestra economía, y descontando que estas servirán para lograr este objetivo, se deberá buscar el consenso necesario para implementarlas.