Por Guillermo Jakúlica, exministro de Producción
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Por Guillermo Jakúlica, exministro de Producción
Los empleos verdes (Green Jobs) son fundamentales para el desarrollo sostenible con protección del medio ambiente. Son una alternativa que responde a los desafíos globales del desarrollo económico y la inclusión social.
Según FAO, la mayoría de los empleos verdes se generan en las actividades de producción de biodiésel (46%), biomasa (24%) y en pequeñas centrales hidroeléctricas (22%), mientras que el aporte en términos de empleos verdes generados en el sector energía de fuentes eólica y solar no supera el 1%.
Organismos internacionales como la FAO y la OIT perciben en Salta un potencial enorme para esos empleos con relación a la biomasa. “Empleos verdes” existen y pueden crearse en los sectores tradicionales, como las fábricas y la construcción o en nuevos sectores, como energía renovable y eficiencia energética. Pero el enorme potencial salteño choca en la provincia con un anacrónico ordenamiento territorial que se ha convertido en una verdadera barrera para la calidad de vida y el desarrollo provincial.
Presencia de la OIT
El lunes 7 de mayo se reunió en Salta la Multisectorial de Entidades Empresarias con el director de la OIT en Argentina, Pedro Furtado de Oliveira. La UIA es en el país la contraparte de la OIT en la Argentina. La UIS convocó en esta ocasión a las otras entidades empresarias. En la reunión con Furtado de Oliveira estuvieron José Urtubey (UIA); el presidente de la Unión Industrial de Salta, Julio Usandivaras; el vice Guillermo Jakúlica; el secretario Ramiro Cornejo; el tesorero Daniel Chávez Díaz y el director Abel Fernández Castro; el vice de la Cámara de Minería, Rodrigo Frías; Jorge Banchick, de la Cámara Argentina de la Construcción; Guillermo Arroyo, pte. de la Cámara Salteña de la Construcción; Sebastián Espeche, de la Cámara de Comercio Exterior; Carlos Eckhardt, de la Cámara de Turismo de Salta, Lucas Elizalde, de la Sociedad Rural de Salta y Rubén Barrios, de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, entre otros empresarios.
Salta y las energías renovables
Salta fue pionera en el país en implementar una ley de fomento (ley 7823/14), enmarcada en un Plan Provincial de Energías Renovables. El propósito de esta ley es promover el aprovechamiento, producción, investigación, desarrollo, procesamiento y uso sustentable de las energías renovables, los biocombustibles y otras fuentes de energía limpia, que fomenten el ahorro y la eficiencia energética. El objetivo es facilitar y estimular la realización de proyectos energéticos a partir de fuentes renovables de energía en el territorio provincial.
La matriz energética argentina está representada, en su gran mayoría, por combustibles fósiles. Esta situación presenta desafíos y oportunidades para el desarrollo de las energías renovables. Es así que la gran disponibilidad de recursos biomásicos en todo el territorio nacional constituye una alternativa eficaz frente al contexto de crisis energética local e internacional. En este escenario, en 2015, la República Argentina promulgó la ley Nº 27 191, con el objetivo de fomentar la participación de las fuentes renovables de energía hasta alcanzar un 20% del consumo de energía eléctrica nacional, en 2025; y valorando a la biomasa como una fuente de alta relevancia.
El Ordenamiento Territorial también bloquea la energía sustentable
La energía de la biomasa salteña podría generar empleos verdes en el norte.
Salta Verde: el potencial de biomasa realizado por la FAO.
En la mayoría de las provincias se evaluó el potencial de incremento medio anual disponible de bosque nativo con fines energéticos. Como era de esperar, los valores más altos se registraron en la zona que coincide con la provincia fitogeográfica de la Yunga; los valores intermedios, con la provincia fitogeográfica Chaqueña; y, los valores más bajos, con la provincia fitogeográfica del Monte. Dendroenergía es la obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de vegetación de terrenos forestales. El uso dendroenergético del bosque nativo se contempló bajo fuertes consideraciones de sustentabilidad, entre las que se destaca el Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo y el cálculo de biomasa disponible, teniendo en cuenta únicamente el crecimiento anual del bosque con el objetivo de evitar extraer más de lo que crece.
En la Categoría ll (amarillo) de mediano valor de conservación están las áreas que poseen una pendiente superior al 15%, o que por las características de los suelos con limitaciones severas, sólo podrán ser destinadas a los usos de aprovechamiento sostenible. Con esto se limitan las actividades en 5,4 millones de ha en Salta.
Si comparamos los mapas adjuntos del recurso disponible con el de las trabas legales que impone el Ordenamiento Territorial se ven las diferencias.
Las 5,4 millones de ha se pintaron con la excusa del “amarillo social” destinadas a proteger a los pueblos indígenas y a los criollos. Pero ese amarillo protege el bosque, pero excluye del progreso y del desarrollo a todos los que allí habitan. Es la zona con mayores índices de pobreza del país.
El cepo burocrático
El amarillo requiere para la explotación presentar el Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos y obtener el Certificado de Aptitud Ambiental.
El trámite que puede durar dos años si se cuenta con los recursos para llevar a cabo los estudios y luego hacer el seguimiento dentro de la Secretaría de Ambiente, ya que hay ejemplos con más de 50 pases internos de un expediente entre los distintos escritorios de quienes evalúan. La única verdad es la realidad, y la realidad es que los funcionarios si ven amarillo tienen terror de tocar la presentación, y dicen que se terminaron las recategorizaciones. Si uno insiste, juegan al largo plazo. Y en el largo plazo todos estaremos muertos.
Salta amarilla: 5,4 millones de ha vedadas al desarrollo.
El Ordenamiento Territorial es una ley, promulgada por nuestros legisladores, respetando en exceso los presupuestos mínimos de la tristemente célebre ley Bonasso escrita por Greenpeace. Los bolsones de pobreza de los departamentos de Orán, Iruya, Santa Victoria, San Martín y Rivadavia tienen nombre y apellido. El nombre de los legisladores de esos departamentos que votaron esa ley. Y que luego hicieron la vista gorda cuando no convenía políticamente la revisión que ellos mismos previeron en la ley. Y siguen mirando para otro lado cuando la bajada a nivel de predio se detiene con un dogma de que las recategorizaciones ya no se pueden hacer.
Lo que nos toca hacer
“Todos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para asegurar que nadie se quede atrás”, dice el director general de la OIT, Guy Ryder. Hoy está la oportunidad de desarrollar las zonas que se detectaron como mejores para producir biomasa. Y con biomasa producir energía renovable.
Y vender esa energía en un mercado asegurado, ya que ni la energía solar ni la eólica pueden abastecer la demanda nocturna de electricidad, que es cuando más se consume. Hoy la ley exige a los grandes consumidores que compren un 8% de energía renovable. Y para el 2025 un 25%. ¿Vamos a esperar que otros productores de otras provincias se hagan cargo? ¿O vamos a aprovechar el potencial ya evaluado y generar los empleo verdes que la gente más pobre del país, que habita nuestro Chaco salteño y nuestras Yungas tenga su oportunidad en esta vida?