En medio de la turbulencia por la última corrida cambiaria y la incertidumbre económica que esa fuga de capitales generó en el país, los proyectos que la Nación busca financiar con el sistema de participación público-privada (PPP) quedaron en duda y además son cuestionados por Fondo Monetario Internacional (FMI), el nuevo aliado del país.
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En medio de la turbulencia por la última corrida cambiaria y la incertidumbre económica que esa fuga de capitales generó en el país, los proyectos que la Nación busca financiar con el sistema de participación público-privada (PPP) quedaron en duda y además son cuestionados por Fondo Monetario Internacional (FMI), el nuevo aliado del país.
Uno de los planes previstos para la PPP es la construcción de complejos habitacionales, con que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) confiaba poder suplantar el recorte de fondos del 41% que se dispuso en el Presupuesto nacional 2018 para los programas de desarrollo urbano en Salta.
En los primeros meses de este año se debía iniciar la edificación de 1.650 viviendas en distintos puntos de la provincia, bajo la modalidad de inversión mixta, pero la autorización para arrancar las obras duerme en el Ministerio del Interior desde noviembre pasado.
En el organismo nacional argumentan que los proyectos siguen "en proceso de evaluación", según dieron a conocer desde el IPV a El Tribuno, por lo que la incertidumbre también invade a la dependencia provincial.
Mediante el esquema PPP, el sector privado aporta las tierras, construye y comercializa, mientras que el Estado financia la adquisición de los inmuebles mediante programas de subsidios y créditos hipotecarios, que, por cierto, se encarecieron por las últimas subas de tasas y son cada vez menos accesibles. La parte pública también puede proveer de lotes para la edificación.
En los desarrollos urbanísticos también se puede dejar un porcentaje para construcciones de demanda libre y áreas comerciales.
Concursos
La selección de los contratistas para las obra de PPP se realiza mediante licitación o concurso público. El IPV, que solo hace de intermediario en la operatoria, utilizó el último sistema.
El año pasado, el instituto llevó adelante dos concursos de presentación de proyectos privados. Durante la primera compulsa de ofertas, efectuada en septiembre, se presentaron carpetas para edificar 98 viviendas en General Mosconi y 91 en Tartagal, a cargo de Garín Juan Pedro Construcciones, y otras 622 divididas en tres etapas en la ciudad de Salta, planificadas por Incovi.
En la segunda convocatoria, realizada en noviembre hubo tres oferentes, que propusieron un total de 1.198 viviendas y departamentos.
La empresa Garín Juan Pedro Construcciones ofertó el desarrollo de 162 viviendas en General Mosconi. Vicente Moncho Construcciones presentó tres proyectos para 200 viviendas en Cerrillos, 304 departamentos en el barrio capitalino El Bosque y 432 departamentos en barrio 12 Apóstoles de la misma ciudad. La firma Mario Banchik & Cia S.R.L., en tanto, proyectó 100 casas en San José de Metán.
De las 2.009 viviendas propuestas, se deben aprobar 1.650, de las cuales 1.000 se ejecutarán en la Capital.
Para cada complejo habitacional, si es que finalmente se construyen, entre el 20% y 40% de las unidades deben ser viviendas sociales.
Recorte
En el Presupuesto nacional aprobado para este año se redujeron en un 32% los programas federales que maneja el IPV salteño en relación con 2017. Se asignaron casi $743 millones para "acciones de vivienda y desarrollo urbano", de los cuales $625 millones son para la construcción de viviendas sociales, un 41% menos que lo asignado en el mismo ítem durante el período anterior. Los recursos restantes son para mejoramiento, refacción y ampliación de la infraestructura habitacional.
Para el FMI, la PPP es deuda encubierta
De acuerdo a una reciente publicación del diario web La Política Online, la crisis que sacude el mercado cambiario y que obligó al presidente Mauricio Macri a recurrir al Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento también amenaza el éxito del programa de participación público privada (PPP), con el que el Gobierno nacional busca mantener el ritmo de obra pública.
Según el sitio de internet, durante la visita de la delegación argentina, que encabezó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a la sede del FMI, los operadores del organismo de financiamiento aprovecharon para dejar trascender su opinión sobre los proyectos de PPP: "Se trata de deuda encubierta", y su aplicación no sería adecuada para la coyuntura actual de la Argentina.
A ese panorama, se suman las dudas del sector empresarial que participó de la primera licitación de obras PPP que lanzó la Nación para seis corredores viales en el país. A las exigencias que habían planteado los oferentes en la previa de la compulsa de ofertas se sumaron nuevos pedidos para acotar el impacto de la corrida del dólar y la suba de tasas.
El principal pedido de las constructoras tiene que ver con que se flexibilicen las condiciones de financiamiento.