Luego del acuerdo que firmaron el lunes el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, los productores salteños apuntan ahora su atención a que la Provincia ponga en marcha una "revisión sustancial del ordenamiento territorial" y que diluya la nube de inseguridad jurídica que generaron las resoluciones nacional y provincial que, en enero, paralizaron 32 fincas legalmente habilitadas.
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Luego del acuerdo que firmaron el lunes el gobernador Juan Manuel Urtubey y el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, los productores salteños apuntan ahora su atención a que la Provincia ponga en marcha una "revisión sustancial del ordenamiento territorial" y que diluya la nube de inseguridad jurídica que generaron las resoluciones nacional y provincial que, en enero, paralizaron 32 fincas legalmente habilitadas.
Con el 1% del PBI nacional y un PBI per cápita equivalente a un tercio del oficial para la Argentina, Salta dispone de una superficie de 50 mil kilómetros cuadrados aprovechables para la agroindustria, paralizados por déficit de las políticas productivas. "Es increíble que tengamos que atravesar una verdadera "tragedia de enredos" como las que se desencadenaron por una intromisión improcedente de la Nación y una resolución contradictoria de la Provincia", se quejaba un productor quien ve, sin embargo, buenas señales desde el lunes.
En general, los sectores productivos valoran un dato central: Bergman reconoció que la decisión ambiental es facultad de las provincias. Interpretan que, a partir de ahora, las 32 empresas afectadas ya tienen la tranquilidad de que la legalidad de las autorizaciones es inobjetable y que en los próximos treinta días se verificará si cada una de ellas cumplió o no con la normativa. Además, si eventualmente se hubiera afectado un área de preservación absoluta, no habrá que reconstituir el monte sino que la provincia utilizará los fondos que asigna la Ley de Bosques para compensar pintando de rojo una superficie equivalente en otra región.
Urtubey y Bergman estuvieron acompañados por el secretario del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar Dorrego (Luis Etchevehere está en el exterior), y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini. Prograno, Federsal y la Sociedad Rural Salteña, representada por Lucas Elizalde firmaron el acta en la que el gobierno provincial se comprometió a buscar alternativas de producción sustentable en áreas categorizadas como "amarillas", a un plan de restauración forestal en zonas degradadas y, dentro del plazo de 30 días, rehabilitar los 32 predios afectados. Se despejaron las dudas acerca la legitimidad de las habilitaciones y ahora la cuestión de fondo es si el desarrollo agroalimentario se va a poner en marcha y si habrá un nuevo ordenamiento, "diseñado por expertos y no por ONG".
¿Desarrollo o mitología?
El problema radica en decidir entre el criterio productivo o el “naturalismo extremo”.
Es decir, si el Chaco semiárido tendrá un destino de jardín botánico (cinco millones de hectáreas que solo podrán ser desmontadas por traficantes clandestinos) o si se pondrá en marcha un desarrollo humano, por ende, sustentable, de acuerdo con las necesidades del siglo XXI.
Hay demasiados supuestos que el activismo verde convierte en dogma.
El problema es que esa mitología se cuela en la política. En Salta lograron que el ordenamiento territorial quedara en manos de antropólogos en desmedro de los ingenieros agrónomos. Y en el gobierno de Cambiemos ubicaron a sus figuran emblemáticas en lugares estratégicos del área ambiental. Ese es el dilema de fondo.