El caso por el conflicto de tierras más emblemático que enfrenta Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que se disputan 643.000 hectáreas, lotes 55 y 14, de Santa Victoria Este entre comunidades originarias y familias criollas, entró en su proceso contencioso.
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El caso por el conflicto de tierras más emblemático que enfrenta Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que se disputan 643.000 hectáreas, lotes 55 y 14, de Santa Victoria Este entre comunidades originarias y familias criollas, entró en su proceso contencioso.
Hasta el 26 de mayo, el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene como plazo para enviar el escrito presentado por la parte peticionaria, es decir el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Lhaka Honhat, para que el Estado nacional conteste ese documento, en dos meses.
Ayer, un grupo de trabajo del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación se reunió con funcionarios provinciales en el Ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social.
"Todavía la Nación no fue notificada de parte del peticionario. Hoy estamos en una etapa en la que esperamos la denuncia para ver la prueba que vamos a presentar", dijo el secretario de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Ricardo Echenique. El conflicto incumbe la Nación y a Salta.
El funcionario y la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, se reunieron con Juan Cruz Testa, director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Ramiro Badia, director Contencioso Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para coordinar las acciones que realizarán en el futuro.
Echenique afirmó que la Provincia seguirá trabajando en los proyectos sociales que están en funcionamiento porque muchos tienen financiamiento del Banco Interamericano.
"Nosotros no podemos decirle al banco, señores dejamos esto al 70%, creo que sería una burla para la gente. Es preferible que la condena o lo que resulte del análisis de la Corte sea por haber hecho las cosas que por no hacerlas. No podemos dejar cosas a medias, porque todos los programas tienen que ver con un impacto social", afirmó.
Lo que si se va a frenar por el momento, y que es un poco la clave de este proceso, es la entrega de los títulos de tierra a los criollos. "Hoy lamentablemente estamos evaluando si podemos o no entregar las escrituras. La Provincia tiene en mano 71 escrituras de familias criollas listas. Ayer, en una reunión con los criollos y los representantes de Lhaka Honhat se les dijo: "Señores si nosotros las entregamos podemos recibir de parte de los peticionarios la negativa".
"Estamos en una instancia procesal, no en una comisión donde tenés mínimamente diálogo. Hoy no podemos entregarlas porque estamos en esa indefinición", explicó.
Ricardo Echenique se lamentó que el órgano judicial internacional sea el encargado de definir la situación de los exlotes fiscales en la provincia de Salta, que se encuentran ubicados en el departamento de Rivadavia, ya que por "primera vez en la historia de este caso internacional", el Estado nacional y provincial habían presentado una propuesta viable, con monto y tiempo definido. "Era a ocho años nuestra propuesta porque se tienen que hacer relocalizaciones, con pasturas y equipamiento para los criollos que se tienen que trasladar. Cuatrocientas familias no se pueden ir en dos años, es imposible. En la zona se practica la ganadería a campo abierto, acá lo tienen que hacer a lotes cerrados, entonces tienen que ver con la cuestión técnica con ingenieros agrónomos. Es todo un proceso que ya estaba planificado", expresó el secretario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió someter el caso 12.094, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra), a la jurisdicción de la Corte el 1 de febrero de 2018, porque consideró que Argentina no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
En ese documento, la CIDH concluyó la violación del derecho a la propiedad de las víctimas por no haberles provisto acceso efectivo al título de propiedad sobre su territorio ancestral, pese a que, para ese momento, habían transcurrido dos décadas desde que se presentó la solicitud inicial de titulación, en 1991.
Ramiro Badia, director Contencioso Internacional de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con El Tribuno explicó cómo este caso agotó todos las instancias de prórroga.
"En octubre nosotros tuvimos una audiencia en Montevideo, en el período de sesiones de la Comisión Interamericana, en el que el Estado había presentado un plan integral para el caso de Lhaka Honhat. Ese plan presentado en la audiencia fue remitido a los peticionarios y el CELS, poco tiempo antes de que venciera el plazo para que la Comisión decidiera o no elevar el caso a la Corte, respondió con su desacuerdo por varias cuestiones", explicó el funcionario nacional.
Ramiro Badia añadió que los peticionarios pidieron prórroga, pero la CIDH al no ver un avance, decidió elevar el caso a la Corte. Esto significa que el procedimiento dejó de estar en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comienza un proceso contencioso en la Corte Interamericana.
En un primer paso, se eleva el caso por medio de la CIDH, después la Corte IDH comunica al Estado la elevación del caso y los peticionarios tienen que presentar su escrito de solicitudes de argumentos y pruebas, que es como una demanda judicial. Al finalizar, se le corre traslado al Estado, quien después debe contestar.
"Lamentablemente, por primera vez en la historia de este caso que se presenta un plan integral donde intervinieron varias áreas del Estado nacional y provincial y lamentablemente no se pudo avanzar", expresó el Director Contencioso Internacional.
El funcionario nacional explicó que no hay un plazo establecido para cerrar las sentencias de la Corte IDH y depende del desarrollo del proceso, como cualquier proceso judicial. Puertas adentro del Ministerio calculan que la resolución de la corte penal internacional puede estar en el primer semestre de 2020, y es por eso que desde el Gobierno provincial se lamentan que este caso haya sido elevado. Durante el proceso, si hay plazos para que el Estado y los peticionarios contesten los traslados.
Sobre Lhaka Honhat
Lhaka Honhat es la organización aborigen que en 1998 inició una demanda contra el Estado argentino y CIDH, en uno de los municipios más pobres de la Argentina: Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.
En 2007 se alcanzó un acuerdo que estableció cómo se dividirían las tierras, quedarían para las comunidades 400.000 hectáreas y 243.000 para las familias criollas. En 2014, el gobernador Juan Manuel Urtubey transfirió la totalidad de esas hectáreas en carácter de propiedad comunitaria para las 71 comunidades aborígenes y las 243.000 hectáreas restantes, en condominio, a 463 familias criollas.