Mañana se cumple el plazo que el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, le dio a la administración provincial y municipal para aplicar medidas preventivas alrededor del contaminado río Arenales. Los vecinos demandantes afirman que no hay señales de que se vayan a ejecutar las órdenes emanadas por el juez. Ante lo que califican como una nueva desobediencia judicial de parte de los organismos oficiales, apuntarán contra funcionarios públicos mediante una demanda penal.
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Mañana se cumple el plazo que el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, le dio a la administración provincial y municipal para aplicar medidas preventivas alrededor del contaminado río Arenales. Los vecinos demandantes afirman que no hay señales de que se vayan a ejecutar las órdenes emanadas por el juez. Ante lo que califican como una nueva desobediencia judicial de parte de los organismos oficiales, apuntarán contra funcionarios públicos mediante una demanda penal.
Pedro Arancibia es el abogado de los más de 150 vecinos que luego de las inundaciones del 2011, denunciaron a la Provincia, al municipio, a Cosaysa (Aguas del Norte) y la empresa Marozzi por contaminación y manipulación en el cauce del río. El letrado aseguró que están preparando una denuncia penal contra los funcionarios, tanto provinciales como municipales del área ambiental, que hayan estado en función durante el año de la inundación.
Serán demandados por su "inoperancia e indulgencia", porque consideran que habrían contribuido con su accionar a la contaminación y el desborde del cauce del afluente.
"Por violación de los artículos 203, de contaminación ambiental, y 248, incumplimiento de deberes de funcionario público", indicó el abogado de los vecinos que hará la presentación. En el listado de inacciones oficiales que denuncian también incluyen a funcionarios del Ministerio Público. "Esta denuncia debería promoverla de oficio el fiscal penal", advirtió.
Además, denunciarían a los funcionarios por desobedecer a los mandatos del juez Domínguez. La acusación sería acompañada además por estudios médicos, financiados por sus propios medios, ya que señalan que habría una gran cantidad de vecinos con diferentes afecciones respiratorias, de piel y de visión, las cuales se deberían a las aguas contaminadas.
La causa involucra a vecinos de los barrios Ceferino, Santa Cecilia, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, Asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, entre otros.
"Ordenar cuanto menos la instalación de un cordón sanitario y la difusión de la situación ambiental y sanitaria del río", en esos términos apeló el juez a la Municipalidad, que debería instalar carteles a lo largo del afluente con leyendas que adviertan sobre la contaminación de las aguas. También le advirtió al municipio que quedaba bajo "apercibimiento en caso de mantenerse la situación de desobediencia judicial".
Por su lado, a la Provincia le solicitó un cordón sanitario más carteles de advertencias en los tres puntos en los que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realizó estudios que arrojaron altos grados de contaminación, por lo que tildó la situación de "alarmante". Los puntos estudiados fueron: el río a la altura del puente de avenida Paraguay; el río en el sector de la empresa Marozzi, cerca de la avenida Tavella, y el afluente del río Arias ubicado atrás del frigorífico Brunetti.
Arancibia indicó que, junto a los vecinos, realizaron un recorrido por los puntos críticos donde se deberían instalar los cordones sanitarios, y no identificaron movimientos inusuales que demuestren que se vaya a cumplir con los mandatos. "No hay nada que indique que se está cumpliendo. No hay cartelería ni sospechas de ellas. Tampoco se ve nada del cordón sanitario, ni personas trabajando en el lugar", aseveró el letrado.