Previo al 2019 Cristina Kirchner se enfrentaría al juicio por corrupción en la obra pública, en la que está acusada de defraudación a la administración pública y de ser la jefa de una asociación ilícita. El fiscal del proceso, Diego Luciani, adelantó que el objetivo es llegar “cuanto antes” a esta instancia, que podría arrancar en diciembre.

Cristina irá a juicio oral junto a los detenidos Lázaro Báez, Julio De Vido y José López, entre otros, por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz para favorecer al empresario kirchnerista. Se trata de 52 contratos por $ 46 mil millones que habrían sido derivados a cambio del pago de coimas a la expresidenta, que se investigan en otras causas por lavado de dinero.

El fiscal de juicio que hará la acusación adelantó que el objetivo es llegar “cuanto antes” a esta instancia, “para determinar si hay o no responsabilidad, por la sociedad, por los imputados, para que se sepa si son culpables o inocentes”.

El Tribunal Oral Federal Nª 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tasara, todavía no definió la fecha del proceso pero se prevé que arranque en diciembre o en febrero, consigna La Nación.

Este tribunal había pedido que se unificara el proceso con otra que involucra a Báez, “La Ruta del Dinero K”, por lavado de dinero, pero la Sala IV de la Cámara de Casación determinó que las instancias se desarrollen por separado. En su fallo los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa consideraron que esta era la mejor manera para lograr “celeridad en los juicios orales y públicos contra los acusados”.

La elevación a juicio oral la hizo el juez federal Julián Ercolini en marzo pasado, en una instancia en la que la expresidenta será juzgada por defraudación en la obra pública y como jefa de una asociación ilícita, junto al empresario kirchnerisa Báez, al exministro de Planificación De Vido, al exsecretario de Obra Pública López y al primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Para el magistrado Cristina, en sus períodos como Presidenta, “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país”.

En la causa se investigó la firma de 52 contratos por un valor actualizado de $ 46 mil millones. El magistrado consideró que la actual senadora de Unidad Ciudanana “procuró un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, del empresario Lázaro Antonio Báez”, considerado como el “zar de la obra pública en Santa Cruz” durante el kirchnerismo.

 

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