Bernardita Ponce Mora
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Bernardita Ponce Mora
Mientras la indignación por el caso de una nena de once años se multiplicaba en las redes sociales, el gobernador Juan Manuel Urtubey decidió cambiar las normas para los abortos no punibles. Eliminó el plazo de doce semanas de gestación para la realización de esa práctica y la declaración jurada que debían hacer las embarazadas abusadas y aquellas que tenían en riesgo su salud y vida.
Justamente, ayer, Urtubey utilizó su cuenta de Twitter para informar que la Provincia adhirió, a través del decreto 548, al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que rige en todo el país.
Con la nueva medida del Ejecutivo provincial se derogó el decreto 1170, creado por la misma gestión de gobierno en el 2012, tras el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que las víctimas de abuso tienen derecho a la interrupción legal del embarazo. El máximo tribunal exigió en ese momento que el sistema de salud garantizara en todo el país el acceso pleno al aborto no punible, en los casos que contempla el artículo 86 del Código Penal, sancionado en 1921.
Sin embargo, un mes después la Provincia emitió el decreto 1170, que estableció una guía de procedimientos considerada como "una de las más restrictivas" del país por especialistas en género y derechos humanos. La derogación de este decreto era un pedido de las organizaciones sociales feministas y de derechos humanos desde hace seis años y del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) desde que se creó, en 2016.
El protocolo nacional, que rige ahora en Salta, contempla los mismos casos del artículo 86 del Código Penal, que estipula que el aborto es no punible cuando se hace para evitar "un peligro para la vida o la salud de la madre" y cuando "el embarazo proviene de una violación".
Este no establece plazos para la interrupción legal del embarazo y no requiere de una declaración jurada ante funcionarios del Ministerio Público Fiscal.
Días atrás se conoció que una niña de 11 años llegó junto a su mamá al Hospital Público Materno Infantil por un dolor estomacal y, al ser revisada, le detectaron un embarazo de 19 semanas. Al conocer la noticia, la nena se largó a llorar y contó que su padrastro la había violado. Tras una denuncia judicial, se ordenó la detención inmediata del hombre, que sigue privado de su libertad.
Con el correr de los días, el caso alcanzó notoriedad en los medios de todo el país ya que, a pesar de ser víctima de abuso sexual, la niña no podía acceder al aborto no punible porque el decreto 1170 establecía que el embarazo solo se podía interrumpir hasta las 12 semanas de gestación. Además, según dieron a conocer desde el Gobierno de Salta, la niña y su madre "manifestaron su voluntad" de continuar con el embarazo.
Según manifestaron desde el Grand Bourg, el protocolo al que se adhirió ayer permite a esta niña la interrupción legal del embarazo ya que este no fija plazos para ejercer este derecho. Sin embargo, no brindaron más información del caso ya que existe una medida autosatisfactiva que presentó el Ministerio Público Pupilar, que es el organismo que interviene.
Lo que sí revelaron es que desde el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, a través de la Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, se ha presentado un informe interdisciplinario con recomendaciones y sugerencias de parte de los equipos a la Asesoría de Incapaces 5, que interviene y entrevistó a la madre y a la niña en el ámbito del Ministerio Público.
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres emitieron un comunicado para dar a conocer su conformidad con la firma del decreto 548: "El OVcM ve con agrado que el Gobierno haya escuchado los pedidos de derogación del decreto 1170/12. Es un logro de todo el movimiento de mujeres y un avance hacia el cumplimiento de los derechos de niñas, mujeres y personas gestantes".
El organismo insistió en que se arbitraran las medidas necesarias "para garantizar el acceso efectivo a la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo en nuestra provincia".