Para honrar al sistema democrático, representativo, republicano y federal, debemos respetar la ley para garantizar la paz social.
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Para honrar al sistema democrático, representativo, republicano y federal, debemos respetar la ley para garantizar la paz social.
Cuando se habla de derecho a la vida, debe entenderse como derecho a una vida digna. Y ¿qué significa una vida digna?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (a la que adhiere nuestro país) no puso fin a los abusos pero ha podido garantizar a muchas personas, aunque no a todas, el acceso equitativo a la educación, las oportunidades económicas, unos recursos adecuados y la atención sanitaria.
Es que la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades son la condición para la vida digna de los pueblos. En particular, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños tienen derecho a igual protección social.
La Convención de los Derechos de los Niños establece taxativamente que el Estado debe proteger a los niños contra todo abuso sexual.
El Código Civil argentino señala en el artículo 19 que es persona a partir de la concepción en el seno materno.
El Código Penal sancionado en 1921 prevé en el artículo 86 que el aborto practicado por un médico diplomado, con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
Pues bien, nos encontramos ante una colisión de leyes. Siempre se debe priorizar la vida. ¿Cuál vida?, ¿la de una mujer violada o la de la persona por nacer?.
Y en el caso que ahora conmociona a Salta, una niña embarazada y una persona por nacer. Las dos son vidas: ¿haremos prevalecer la de la persona por nacer o a la de la niña víctima de violación?
El Estado ¿protegió a esta niña?, ¿le aseguró su dignidad con educación y salud?, ¿cuidó que no fuera abusada?, ¿qué le promete a la persona por nacer?, ¿lo mismo que no le dio a la madre?
En una provincia con los más altos niveles de desnutrición y de mortalidad infantil del país, donde no se ofrece educación sexual por temores religiosos, donde la violencia y el consumo de drogas por los jóvenes es alarmante y las madres no saben qué hacer es difícil decidir solo desde la conciencia de cada uno; por ello, debemos aferrarnos a las normas y a lo que dijeron los jueces. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dictado una sentencia, adaptando la normativa vigente a tiempos en los que los embarazos de niñas violadas es alarmante.
Hace unos años, siendo yo jueza de la Corte de Justicia de Salta, se trató un caso de una niña wichi también de 10 años, violada por su padrastro. Los jueces sostuvieron que era costumbre ancestral que las niñas sean violentadas y consideraron como no punible el acto del violador. Yo me opuse y la Corte Suprema apoyó mi posición basada en los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños. No hubo tanta conmoción social, quizá porque la niña era wichi. En este caso, es una niña criolla, pero pobre. Igualmente indefensa, vulnerable y vulnerada por el violador, por el Estado que no la protegió, por la sociedad que la va a tratar de asesina si ejerce su derecho a proteger su vida.
Los principios religiosos son válidos para los que profesan la religión, pero vivimos en una República donde las leyes sostienen los valores ciudadanos que hacen a la conciencia y a la paz social.
Debemos construir una sociedad más justa y equitativa, que privilegie a los niños, su educación, su salud, su dignidad como personas. Luego que consigamos eso, y les enseñemos sus derechos y sus obligaciones, podremos exigirles conductas más estrictas. ¿O pretendemos que nos den la vida para preservar nuestras creencias, sin darles nada a cambio?
Soy profundamente cristiana, pero profundamente respetuosa de la ley. Creo que nos hemos olvidado de los niños y es hora de reparar los errores y tanto daño producido.
Hagamos lo que debemos hacer como Estado, como funcionarios, como ciudadanos, como cristianos: privilegiemos la vida digna.