En momentos donde el gobierno nacional afina el lápiz para recortar el nivel del gasto público y equilibrar el déficit fiscal, surgen otras discusiones sobre los desórdenes de la economía argentina como, por ejemplo, el peso del Estado sobre el sector privado.
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En momentos donde el gobierno nacional afina el lápiz para recortar el nivel del gasto público y equilibrar el déficit fiscal, surgen otras discusiones sobre los desórdenes de la economía argentina como, por ejemplo, el peso del Estado sobre el sector privado.
El empresario y economista Gustavo Lazzari abordó la problemática en un artículo publicado hoy en “El Economista”. En base a su experiencia como hombre de negocios y al análisis de datos públicos, precisó que sobre las espaldas del sector privado pesan 96 impuestos.
Si a esa friolera se le sumaran el nuevo impuesto a la renta financiera -se aguarda su reglamentación- y la tasa que empezó a cobrar el gobierno porteño por circular en el microcentro, la lista ascendería a 98.
Las siglas como ARBA, ARCIBA, AGIP, AFIP, SICORE, CM05, F931, ART, SISCREB, TIR y VAN -entre otras- son habituales para los ejecutivos en sus mesas de trabajo. No es para menos, cada mes deben afrontar 19 vencimientos en 22 días hábiles -siempre y cuando no haya algún fin de semana extra largo que acote el período de ejecución de las cargas tributarias-.
“Cuando vos llegás a la fábrica, y lo primero que preguntás es qué vence hoy, se hace difícil producir. Todos los días tenés un impuesto que pagar, sin contar el impuesto al cheque y otras retenciones que tenés por todos lados. A mí me preocupa porque lo lindo de una fábrica es cuando pensás qué producir, cómo hacerlo mejor o cómo recuperar un cliente que te sacó un competidor. Es mucho más lindo que estar pensando en SICORE o ARCIBA”, analizó Lazzari.
Todos estos impuestos recaen sobre las espaldas de 8 millones de contribuyentes privados, que financian a las 20 millones de personas que reciben algún tipo de plan social. Hace 15 años, la cuenta estaba equilibrada en 7 millones de cada lado.
Sobre la carga impositiva directa que afrontan las pequeñas unidades de negocios, hay que sumar una maraña de cuestiones regulatorias que no dejan de ser cargas tributarias escondidas para el empresario. A modo de ejemplo, Lazzari -dueño de un frigorífico- contó que para transportar una bondiola tiene que realizar 22 trámites y para producir un pollo debe hacer 164.
“Me han pasado casos de que piratas del asfalto han robado mis camionetas y la persona que la manejaba se aferró a la carpeta más que a la camioneta porque el vehículo se recupera, la mercadería se pierde, pero los trámites son un mes de laburo para los transportistas”, contó.
Ese cúmulo de regulaciones comerciales, civiles y laborales que suman costos a la actividad terminan desanimando la inversión y la creación de empleos.
A ello hay que sumarle que en muchas ocasiones las pequeñas empresas se transforman en agente de percepción y retención de impuestos que se trasladan directamente al fisco. Por eso, muchas veces una factura de una pyme incluye más ítems de cargos que no le son propios que de los servicios que fehacientemente presta al consumidor final.
La saga histórica es contundente. Hoy la presión tributaria sobre el Producto Bruto Interno alcanza el 37 por ciento. En los 80’ no alcanzaba el 20% y en los 90’ era de 25 por ciento