El Correo Argentino ofreció pagar su deuda con el Estado entregando un edificio

El Correo Argentino SA presentó en las últimas horas una nueva oferta para cancelar su deuda con el Estado en el marco del concurso preventivo que se tramita en el fuero Comercial. La empresa de la familia Macri ofreció para cancelar su acreencia la entrega del edificio de Monte Grande donde hoy centraliza sus operaciones el servicio postal oficial. De acuerdo con la compañía, esa propiedad hoy tiene un valor de casi $1000 millones. La propuesta fue elevada a la Cámara Comercial, que ahora deberá correrle vista al Gobierno para que se pronuncie sobre la propuesta, según publicó La Nación.
Según el escrito, la empresa ofreció en pago de su acreencia "el 100% del inmueble junto con todo lo plantado y edificado sobre el mismo, al igual que sus mejoras y equipamiento". Tres fuentes con acceso al expediente señalaron que el inmueble de Monte Grande es el que hoy está siendo utilizado por el Gobierno para el servicio postal oficial y forma parte, a su vez, del reclamo que Correo Argentino SA le hace al Estado en la causa que -en paralelo- se tramita en el fuero Contencioso Administrativo.
El Correo Argentino fue administrado por el holding de los Macri entre 1997 y 2003. Cuando Néstor Kirchner lo estatizó, la empresa demandó al Estado en reclamo de las inversiones que había realizado en el servicio postal oficial, por un monto que ascendió a los $1.700 millones. La planta de Monte Grande es el principal activo de esas inversiones.

Polémico intento de condonación de deuda

"En caso de que el Gobierno acepte la propuesta de la empresa en el concurso, se reajustará el importe del reclamo al Estado por las inversiones realizadas entre 1997 y 2003". El Gobierno ahora tiene 15 días hábiles para evaluar la propuesta. Luego deberán pronunciarse los síndicos del concurso y la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, que fue quien despertó la alerta en el caso del Correo cuando advirtió que la gestión de Mauricio Macri estuvo cerca de cerrar un acuerdo, que calificó de "abusivo" y que -según sus cálculos- implicaba "una condonación de la deuda" por más de $ 4.277 millones a valor presente.
La empresa hizo dos ofertas de pago en cuotas en 2014. Y elevó una tercera propuesta tras el cambio de gestión en 2016, que fue la que estuvo a las puertas de un acuerdo con el entonces Ministerio de Comunicaciones. Ese preacuerdo desató la polémica y dio origen a una causa penal, que hoy está en manos del juez federal Ariel Lijo.

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