El aumento del agua tiene luz verde, luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo presentado a principios de este mes por Frida Fonseca, defensora del Pueblo de Salta. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales, adujo que el organismo no tiene injerencia provincial en el tema y se basó en una ordenanza municipal.
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El aumento del agua tiene luz verde, luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo presentado a principios de este mes por Frida Fonseca, defensora del Pueblo de Salta. El juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Civiles y Comerciales, adujo que el organismo no tiene injerencia provincial en el tema y se basó en una ordenanza municipal.
Fonseca concurrirá al Concejo Deliberante para poder modificar dicha norma, que tildó de restrictiva, y que pone en jaque la posibilidad de "defender a los salteños". Mientras los defensores del norte se reunieron y planean reclamos en conjunto si no avanza por los tarifazos. "Terrible", así había definido la situación la defensora cuándo se acercó hasta la Ciudad Judicial a pedir que los aumentos se retrotraigan a marzo, antes del último incremento de 28,38 por ciento. En febrero había subas de 5% y en noviembre del 18,42%. Todo suma más del 50% en tan solo cinco meses. En aquella oportunidad Fonseca contó que la situación era preocupante. "Es impresionante la gente que desdobla la boleta y solo paga la luz, o jubilados que pidieron préstamos para poder pagar".
El rechazo del juez se sustentó en que el servicio del agua es prestado por la Provincia, mientras que las competencias de la Defensoría, reconocidas por ordenanza municipal, limitan su acción a la comuna.
"Está totalmente mal, está pésimo. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance", se lamentó Fonseca, aunque dijo que tenía puntos a favor que no fueron suficientes. "Incluso la Procuración planteó que están acreditados los parámetros legales para iniciar la acción", indicó. Pero sin la legitimidad para actuar, no pudo poner freno al tarifazo.
"Debería poder accionar ante la Justicia en defensa de los intereses de los vecinos de la ciudad, independiente de quién sea el funcionario que vulnere ese derecho, ya sea municipal, provincial o nacional. Si no estamos limitados", advirtió la exconcejal.
Acción conjunta
Los intentos por frenar los tarizafos en los diferentes servicios públicos vienen de todos lados. No solo los legisladores intentaron hacer lo suyo. También mediante un amparo, pero colectivo, la Asociación de Consumidores Argentinos logró suspender los cortes de gas en todo el país por falta de pago del servicio. También habían pedido eliminar el último aumento, a lo que el juez de Dolores (Buenos Aires) no dio lugar, pero justificó el freno a los cortes por tratarse "de sectores socialmente vulnerables o que se encuentra comprometida la vida digna".
Los defensores del Pueblo de las provincias del norte delinean acciones en este mismo sentido. Hace algunos días los referentes de Tucumán, Jujuy y de la Nación mantuvieron una reunión en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Salta, en la que convinieron esperar a que se defina el freno a los tarifazos en el Senado. "Nos volveremos a reunir en dos semanas para ver de qué manera haremos un esfuerzo conjunto entre las defensorías del norte y presentar planteos comunes en contra del aumento", indicó Fonseca.
Consultada por quiénes podrían accionar contra el aumento que llevó a que vecinos de barrios de escasos recursos, como Siglo XXI paguen 200 por ciento más por el agua que por la luz, Fonseca apuntó contra la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia. Según la defensora, podría actuar pero aseguró que "chocamos con la falta de una mirada independiente de los organismos de control provincial". También fue por los diputados provinciales, a quienes señaló como habilitados para continuar con el reclamo.
La confusa ordenanza
El rechazo para dar marcha atrás con el último aumento del agua, de más del 28 por ciento, se justificó por una ordenanza que delimita las acciones de la Defensoría, la cual es poco clara y se presta para diferentes interpretaciones. "Ya hay seis proyectos presentados para modificarla. Recurriré al Concejo Deliberante para que se cambie. La Defensoría tiene que poder defender a los vecinos de la ciudad de Salta de todas las vulneraciones de derecho, independientemente de quién los vulnere", aseguró. Además recordó que otras defensorías pudieron accionar contra los tarifazos, como en Córdoba.