El presidente Mauricio Macri dejó ayer firmado el decreto que dispondrá el veto total a la ley que el PJ logró que se sancionara esta madrugada y que dispone la anulación del aumento de tarifas de gas, luz y agua.
El proceso legislativo contempla que el Presidente tiene un plazo de diez días para promulgar cualquier ley y publicarla en el Boletín Oficial, para que entre en vigor o vetarla en forma total o parcial. Y en este caso optaría por el rechazo total de la norma, según publicó La Nación.
No existe un plazo preestablecido para que el Congreso notifique al Poder Ejecutivo la sanción de una ley. ‘Depende de ellos: a veces ocurre en el mismo día, a veces tarda tres o cuatro días. Depende de los horarios en que se aprueba también‘, dijo un alto funcionario.
El secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, tiene en su escritorio el borrador del decreto. Según anticipó La Nación en un artículo, el veto no tendría más que cinco renglones en sus fundamentos y dos artículos.
El Gobierno considera que esa ley es anticonstitucional, que dispone que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Congreso. ‘El veto será un gesto político de contundencia y firmeza en la negociación con el FMI ‘, señalaron fuentes de la Casa Rosada.
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El presidente Mauricio Macri dejó ayer firmado el decreto que dispondrá el veto total a la ley que el PJ logró que se sancionara esta madrugada y que dispone la anulación del aumento de tarifas de gas, luz y agua.
El proceso legislativo contempla que el Presidente tiene un plazo de diez días para promulgar cualquier ley y publicarla en el Boletín Oficial, para que entre en vigor o vetarla en forma total o parcial. Y en este caso optaría por el rechazo total de la norma, según publicó La Nación.
No existe un plazo preestablecido para que el Congreso notifique al Poder Ejecutivo la sanción de una ley. ‘Depende de ellos: a veces ocurre en el mismo día, a veces tarda tres o cuatro días. Depende de los horarios en que se aprueba también‘, dijo un alto funcionario.
El secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, tiene en su escritorio el borrador del decreto. Según anticipó La Nación en un artículo, el veto no tendría más que cinco renglones en sus fundamentos y dos artículos.
El Gobierno considera que esa ley es anticonstitucional, que dispone que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Congreso. ‘El veto será un gesto político de contundencia y firmeza en la negociación con el FMI ‘, señalaron fuentes de la Casa Rosada.