Las autoridades de la Fundación El Libro, a cargo de la organización de la Feria del Libro, resolvieron suspender la proyección del documental “Será venganza”, de Andrés Paternostro, un material que cuestiona los procesos judiciales que se realizaron contra los represores.
Organismos de derechos humanos habían presentado una carta para evitar la proyección del documental auspiciado y producido por el Centro de Estudios en Historia, Política y DDHH de Salta, que compila testimonios de represores, familiares, ex jueces y médicos con la finalidad de "dar a conocer la verdadera historia", según explican los realizadores del film.
“Este tipo de acciones salen a la luz en un contexto donde el Gobierno nacional intenta revertir los avances logrados por la sociedad en materia de derechos humanos, poniendo en cuestión los juicios a los genocidas y la cárcel común perpetua y efectiva a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”, señaló la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en un comunicado.
“El intento de ocultar el pasado más oscuro de nuestro país, y de restablecer la teoría de los dos demonios (poniendo en el mismo plano a las organizaciones militantes, sea cual fuere su accionar, con el plan sistemático de exterminio, tortura y desaparición del terrorismo de estado) es intolerable en una sociedad democrática”, enfatizaron sus autoridades en el texto
En los primeros segundos del documental suenan frases proferidas por distintas personas que expresan que “se condena sin pruebas”; “es un negocio monstruoso el que hay”; “yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro”; “me arruinaron la vida” y “es una venganza”. Algunos de los entrevistados son el constitucionalista Gregorio Badeni, el ex juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, el doctor Enrique Munilla, y el doctor Ricardo Saint Jean.
Estos califican a los represores condenados y detenidos como “presos políticos” y cuestiona la implementación de “una política de estado orientada a ejecutar una venganza, más que la búsqueda de la verdad y la justicia”.
“Este documental tergiversa peligrosamente los hechos que llevaron a juzgar a los genocidas, de una manera solapada bajo el recurso de una “objetividad histórica”, remarcaron en un comunicado conjunto CTA, varios sindicatos docentes y los Metrodelegados, entre otros.
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Las autoridades de la Fundación El Libro, a cargo de la organización de la Feria del Libro, resolvieron suspender la proyección del documental “Será venganza”, de Andrés Paternostro, un material que cuestiona los procesos judiciales que se realizaron contra los represores.
Organismos de derechos humanos habían presentado una carta para evitar la proyección del documental auspiciado y producido por el Centro de Estudios en Historia, Política y DDHH de Salta, que compila testimonios de represores, familiares, ex jueces y médicos con la finalidad de "dar a conocer la verdadera historia", según explican los realizadores del film.
“Este tipo de acciones salen a la luz en un contexto donde el Gobierno nacional intenta revertir los avances logrados por la sociedad en materia de derechos humanos, poniendo en cuestión los juicios a los genocidas y la cárcel común perpetua y efectiva a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”, señaló la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en un comunicado.
“El intento de ocultar el pasado más oscuro de nuestro país, y de restablecer la teoría de los dos demonios (poniendo en el mismo plano a las organizaciones militantes, sea cual fuere su accionar, con el plan sistemático de exterminio, tortura y desaparición del terrorismo de estado) es intolerable en una sociedad democrática”, enfatizaron sus autoridades en el texto
En los primeros segundos del documental suenan frases proferidas por distintas personas que expresan que “se condena sin pruebas”; “es un negocio monstruoso el que hay”; “yo creo que la finalidad es que se mueran todos adentro”; “me arruinaron la vida” y “es una venganza”. Algunos de los entrevistados son el constitucionalista Gregorio Badeni, el ex juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, el doctor Enrique Munilla, y el doctor Ricardo Saint Jean.
Estos califican a los represores condenados y detenidos como “presos políticos” y cuestiona la implementación de “una política de estado orientada a ejecutar una venganza, más que la búsqueda de la verdad y la justicia”.
“Este documental tergiversa peligrosamente los hechos que llevaron a juzgar a los genocidas, de una manera solapada bajo el recurso de una “objetividad histórica”, remarcaron en un comunicado conjunto CTA, varios sindicatos docentes y los Metrodelegados, entre otros.
Comunicado de la Fundación
“El día miércoles 2 de mayo el Consejo de la Fundación el Libro resolvió por unanimidad cancelar la autorización a la realización del acto programado para el día de hoy en la Sala Borges, que consistía en la proyección del video ‘Será venganza’; además, comunicar la decisión a sus organizadores y devolver el dinero que por alquiler de la sala habían abonado”, son las primeras líneas del comunicado que difundió la Fundación para explicar la suspensión de la actividad.
La decisión la justificaron con un artículo de su reglamento interno que dice: “No se permitirán actos o actividades que puedan provocar riesgos, ofendan al público o vulneren la libertad de opinión y de expresión dentro de la muestra”.
Y agregaron, luego de haber visto el documental, que “muchas de las afirmaciones contenidas están claramente fuera del acuerdo que la sociedad argentina refrendó dolorosamente en el Nunca más, informe final de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) prologado por Ernesto Sabato. Recordamos que dicho informe fue ratificado en diversas instancias por el Congreso Nacional, por todas las instancias de la Justicia, incluidas acordadas de la Corte Suprema, y todos los presidentes de la democracia. Esto constituye un piso de consenso no solo legal sino también ético en nuestro país. El documental cuestiona, inclusive, disposiciones de nuestra Carta Magna en relación a la incorporación de los tratados internacionales”.
Por último, aseguraron que no se trata de un acto de censura argumentando que los “únicos límites son los de la ley, los de los acuerdos a los que dolorosamente nuestra sociedad ha arribado y el riesgo en que puede colocarse al público asistente”.