El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) es un ente autárquico, que está en la mira del Gobierno por desmanejos de los fondos que recibe el organismo provincial. Cheques que no están en las chequeras, faltante de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras e informes de movimientos de cuentas bancarias son algunas de las irregularidades que se le adjudican al Instituto.
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El Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) es un ente autárquico, que está en la mira del Gobierno por desmanejos de los fondos que recibe el organismo provincial. Cheques que no están en las chequeras, faltante de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras e informes de movimientos de cuentas bancarias son algunas de las irregularidades que se le adjudican al Instituto.
Un informe ejecutivo de la Sindicatura General expone el resultado obtenido de la auditoría realizada sobre la situación financiera del IPPIS y la evaluación de su sistema de control interno, relacionado con la administración de los fondos y su registración. Dicha auditoría fue realizada durante septiembre y octubre del año pasado y comprendió al ejercicio 2017. Se tomó como fecha de corte el 28 de septiembre de 2017.
Si las recomendaciones realizadas por el organismo de control no prosperan y el organismo provincial no toma las medidas necesarias para cambiar esta situación, desde la Sindicatura advirtieron que este tema pasará a la Auditoría General de la Nación, quien puede llegar a hacer una denuncia penal.
Por ahora, lo que se está planteando dentro del Gobierno es una intervención dentro del área contable del Instituto para realizar un asesoramiento. Según pudo averiguar El Tribuno, en el lapso de un año recibieron tres informes de la Sindicatura en los que se marcaban los temas que tenían que corregir pero desde el IPPIS nunca les dieron importancia.
La ministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz, ya habría advertido de esta situación, sobre el desmanejo de los fondos, a los vocales del Instituto.
El informe
Las observaciones del documento de la Sindicatura fueron remitidas a los responsables de la información auditada pero ya se vencieron los plazos estipulados para recibir los descargos correspondientes.
De la auditoría se pudo verificar que hay 94 cheques, que "no se encuentran físicamente" en las chequeras que maneja el organismo provincial. Tampoco existe en el área contable del Instituto ninguna "información, documentación y/o registro" sobre cuáles fueron los destinos de esos cheques. La Sindicatura remarca que hay una situación incierta en cuanto a su destino y sobre el monto por el cual se habrían emitido, si es que lo hicieron.
El lapidario informe, al que El Tribuno pudo acceder, denuncia que hay diversas "falencias y debilidades" de control interno dentro del IPPIS, las cuales, por sus características, afectan "la transparencia de la administración y gestión de los fondos". Inclusive, remarca el documento, pueden llegar a comprometer el patrimonio del organismo.
Viviendas
Según el informe, el Instituto otorgó fondos a determinados contratistas de obras, sin que medie una certificación de avance de obra por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y sin la intervención de la Unidad Ejecutora de Viviendas (UEV) del IPPIS. "El Instituto, pese a haber recibido las transferencias de fondos por parte del IPV por certificaciones de obra, no ha efectuado, en algunos casos, el correspondiente pago a los respectivos contratistas, incumpliendo el convenio celebrado", denuncia el documento.
Otra advertencia que remarca es que se encontraron situaciones de "incompatibilidad en la adjudicación y contratación" de algunas de las obras de viviendas. Las mismas fueron entregadas a cooperativas o comunidades representadas por personas, que a su vez son integrantes del consejo directivo del IPPIS. La situación se agrava en dos casos particulares, ya que no se formalizó el contrato pertinente.
"La Unidad Ejecutora de Viviendas del IPPIS no tiene cubierto en forma efectiva, desde mayo de 2016, el cargo de responsable social, incumpliéndose lo previsto en los convenios celebrados con el IPV en el marco de los programas de soluciones habitacionales para las comunidades indígenas", informa el documento.