El 25 de abril de 2018, la asesora contable del Instituto le pidió a Romella Durán, presidenta del IPPIS, Samuel Centeno, vicepresidente, y Alejo Gallardo, tesorero, con carácter de urgente, que se informe el destino de otros 23 cheques, los cuales no se encuentran registrados en la institución. En el momento del pedido, los mismo ya habían sido presentados para su cobro totalizando un monto de $3.445.980, fondos de las cuentas de la Unidad Ejecutora de Viviendas.
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El 25 de abril de 2018, la asesora contable del Instituto le pidió a Romella Durán, presidenta del IPPIS, Samuel Centeno, vicepresidente, y Alejo Gallardo, tesorero, con carácter de urgente, que se informe el destino de otros 23 cheques, los cuales no se encuentran registrados en la institución. En el momento del pedido, los mismo ya habían sido presentados para su cobro totalizando un monto de $3.445.980, fondos de las cuentas de la Unidad Ejecutora de Viviendas.
"A la fecha no pudieron imputarse correctamente por desconocer desde el área contable la existencia de estos valores, imposibilitando llevar adelante un correcto registro de operaciones, incumpliendo con la Ley de Contabilidad de la Provincia, que en su Artículo 42 establece: "Todos los actos u operaciones comprendidos en la presente ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permita la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento", expresa la documentación a la que accedió El Tribuno.
Esta operatoria, de librarse cheques sin previa emisión de órdenes de pago, se repitió en numerosas ocasiones afectando el crédito presupuestario y los recursos correspondientes. Tampoco se generaron los recibos que sirvan de constancia de entrega, que además de imposibilitar un control adecuado de los mismos ocasionó rechazos de cheques por falta de fondos con las sanciones correspondientes.
Esta emisión de cheques fue cubierta con fondos destinados a otros conceptos, lo que ocasiona deudas continuas con proveedores y la imposibilidad de llevar una organización contable y financiera adecuada. Esta operatoria, de no esclarecerse podría conllevar la sanción de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y malversación de los caudales públicos.
"Por lo expuesto precedentemente, informo que desde esta Área se elevará copia de este informe para conocimiento del Consejo Directivo del Instituto, como así también, se suspenderán los pagos de la Unidad Ejecutora de Vivienda, hasta tanto se regularicen los registros y concilien las cuentas bancarias, solicitando para ello el detalle de la totalidad de chequeras habilitadas y cheques en circulación que no cuenten con orden de pago emitida desde el Area Contable de la Institución", finaliza el documento.
Solicitud de documentación
Es más, el 18 de mayo, el Banco Macro solicitó al consejo directivo del IPPIS documentación respaldatoria que permita determinar el motivo por el cual se efectuaron los pagos detallados en una planilla que se anexó, desde la cuenta corriente que el organismo posee la titularidad, y es de uso exclusivo para administrar los fondos provenientes del Instituto Provincial de la Vivienda por el convenio de unas 150 viviendas.
Además, la entidad financiera requirió los motivos por los cuales efectúan retiros en efectivo desde dicha cuenta por más de un millón de pesos.