La subsecretaria de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez, presentó ayer un proyecto en la Cámara de Senadores para un abordaje integral de casos de violencia doméstica, sexual e institucional que evite la fragmentación de causas judiciales.
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La subsecretaria de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez, presentó ayer un proyecto en la Cámara de Senadores para un abordaje integral de casos de violencia doméstica, sexual e institucional que evite la fragmentación de causas judiciales.
"Este es un proyecto estructural que tiene que ver con la arquitectura institucional judicial de la provincia para dar respuestas más adecuadas. Es un modelo de gestión judicial, un modelo procesal especializado que evita la fragmentación, ya que fomenta el principio de conocimiento de un mismo juez sobre un conflicto que tiene dimensiones penales y civiles", explicó la subsecretaria Rodríguez, en el marco de una reunión con el procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, y legisladores de la comisiones de Justicia y Legislación.
Lo que se busca es evitar que una causa judicial por violencia de género se fraccione en partes que vayan a los distintos fueros, como ocurre actualmente, es decir que habría una aglutinación.
Además, sostuvo que el plan "pone su foco en las necesidades de las víctimas, es decir no en cómo el sistema se puede acomodar a lo que le pasa a la víctima sino cómo el sistema se piensa en orden a lo que la víctima necesita. También mejora los procesos de control de ejecución de las sentencias y determina un primer camino inicial de modelo de atención integral".
"Se detectó que el tratamiento que se le da a una causa por violencia de género se traba en el juez, por eso está contemplada la creación de un colegio de relatores, asistentes de audiencias. Generamos un esquema, una estructura institucional donde el despacho del juez será la sala de audiencias y decisiones jurídicas", sostuvo.
El proyecto contempla la creación de un fuero específico desde la reconversión. Será integrado por un equipo judicial especialista en violencia doméstica, sexual e institucional. "Para armar el esquema de jueces tenemos que conseguir líderes", recalcó.
En la reunión se habló sobre cursos de especialización en la materia. "Deben saber hacer, decir y tomar decisiones jurídicas fundadas", destacó.
Los legisladores le consultaron a la subsecretaria sobre temas como el incumplimiento de la cuota alimentaria. "Para eso está pensada la oficina de ejecución, la tercera columna del proyecto. En otros países, por ejemplo, hay una oficina de tramitación especial para la investigación vinculada a la capacidad de pago", respondió.
En el plan también se contemplan los casos de abuso sexual infantil, puesto que el 80% de ellos ocurren en situación de violencia intrafamiliar y el 20% en situación de violencia extrafamiliar. Los casos de adultos mayores institucionalizados y los abusos institucionales también están encuadrados.
Durante el encuentro, desde el Ministerio Público Fiscal expresaron que hasta que el proyecto sea estudiado y tratado es posible implementar ciertos aspectos que tienen que ver con que la competencia territorial se defina por el domicilio de la víctima, la entrega de un documento producido por el Estado para ella con información sobre lugares a los que puede acudir y que funciona como una especie de carné, y mayores sanciones para quienes violen las prohibiciones de acercamiento.
"En España se les entregan estatutos a las víctimas, con información y, cuando se produce una violación de la prohibición de acercamiento la persona en cuestión es detenida para que dé su explicación ante el juez. En nuestro sistema esto es más suave", detallaron.
El proyecto está inspirado en el modelo español. Se está implementando a modo de prueba en Quilmes, Buenos Aires, y se implementaría en las otras provincias. "El objetivo es salir del esquema "parche' y generar una respuesta integral", finalizó Rodríguez. Los senadores se comprometieron a trabajar sobre el modelo de proyecto con el fin de que el sistema judicial sea más eficiente para la víctima.
“Entregamos 40 tobilleras electrónicas”
Entrevista con María Fernanda Rodríguez, Subsecretaria de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Por Marianela Pereyra
¿Qué fases restan para que el proyecto se convierta en ley?
El proyecto de ley plantea un proceso muy ambicioso y, como en todo proceso, hay que tener paciencia y hay que hacerlo en los tiempos adecuados. Creo que sería un muy buen paso sancionar la ley estableciendo esta especie de ventana de implementación y empezar a trabajar en procesos intermedios. Para tener el sistema con todo lo que requiere -estructura institucional y modificaciones- uno tiene que pensar en un tiempo de un año y medio a dos años, ya que hay que generar infraestructura edilicia, judicial.
¿Cómo sería la financiación si se aprueba?
Esta es una competencia ordinaria. Nosotros igual asistiremos técnica y a veces financieramente en algunas cosas en las que podemos ayudar, como puede ser, por ejemplo, insumos vinculados a tecnología o la remodelación de alguna estructura que se necesite.
¿Cuánto dinero demandaría concretar el proyecto?
Depende de la capacidad de reconversión de recursos que tiene cada provincia. Eso requiere hacer un estudio donde se analicen flujo de causas, qué queda residual en un lugar y qué en otro. Se tienen que estudiar profundamente transferencias, recursos. Decir un número sería muy irresponsable de mi parte, porque depende siempre del análisis de los casos.
Usted visitó la unidad de monitoreo para las víctimas de violencia del 911 y entregó tobilleras electrónicas...
La verdad que sentimos mucha satisfacción porque Salta, en la etapa piloto de la entrega de los dispositivos electrónicos duales conocidos como tobilleras, ha sido pionera junto con Mendoza y Córdoba, y se han obtenido muy buenos resultados. Entregamos 40 que se suman a las 30 que ya funcionaban. Ustedes saben que es muy disuasivo el efecto que genera la tobillera sobre el agresor, quien se siente controlado, lo que reduce enormemente las posibilidades de incumplimiento de la orden judicial y básicamente le permite a la víctima retomar su vida en causales de normalidad.
Se está elaborando un registro de abogados para víctimas de violencia de género...
Sí, abarca desde La Quiaca hasta Ushuaia. Hoy tenemos 1.725 abogados inscriptos y faltan Mendoza y Córdoba. En total habría 2.300 abogados inscriptos a futuro.
¿Como es su visión sobre la problemática de la trata en Salta?
La trata va asociada a todo lo que es criminalidad organizada. Vamos viendo cómo cada vez aumenta más asociada al narcotráfico. Tenemos un nivel muy grande de organizaciones pequeñas. Se han detectado organizaciones de red familiar. En el Consejo Federal, del cual soy coordinadora, estamos abocados a generar un mapa de información. La trata es un eslabón más en una cadena de enorme situación de vulnerabilidad estructural. La pobreza estructural es una línea que atraviesa a quienes son víctimas.
Hay muchas dimensiones para trabajar ahí, desde la prevención, capacitaciones, asistencia y apoyo a víctimas, hasta los controles en rutas y redes de transporte.