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Evaluaron el monitoreo electrónico a los agresores

El sistema emite una señal de alerta a la Policía cuando la víctima está en riesgo.
Domingo, 17 de junio de 2018 00:00

Salta presentó ante el Consejo Federal de Justicia los resultados de la implementación del sistema único de monitoreo electrónico a agresores y la unidad de arresto domiciliario por monitoreo electrónico.

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Salta presentó ante el Consejo Federal de Justicia los resultados de la implementación del sistema único de monitoreo electrónico a agresores y la unidad de arresto domiciliario por monitoreo electrónico.

La secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carina Iradi, y el subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena, evaluaron con funcionarios nacionales las acciones en la materia.

Iradi informó sobre el Sistema Único de Monitoreo a Agresores y remarcó la importancia de seguir sumando dispositivos duales, herramienta que se destina a la protección y defensa de las víctimas de violencia de género.

La subsecretaria de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez, estuvo esta semana en Salta para entregar 40 tobilleras electrónicas, que se sumarán a 30 que ya funcionaban en la provincia.

"Sentimos mucha satisfacción porque Salta, en la etapa piloto de la entrega de los dispositivos electrónicos duales, conocidos como tobilleras, ha sido pionera junto con Mendoza y Córdoba, se han obtenido muy buenos resultados", dijo la funcionaria nacional en diálogo con El Tribuno.

El sistema consta de una tobillera para el agresor y un aparato del tamaño de un celular para la víctima. Cuando ambos equipos se acercan, se dispara una alerta al sistema de emergencias 911. Además, la mujer puede activar un botón antipánico que la comunica con la Policía si se siente en riesgo.

La implementación de esta tecnología se produce en el marco de la emergencia social por violencia de género que rige en la provincia desde 2014. Los equipos son entregados por el Gobierno de la Nación a Salta como parte de un plan de prevención y contención a víctimas.

El subsecretario de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios, Ramiro Lucena, también participó en Buenos Aires en mesas vinculadas a financiamiento para la construcción o ampliación de unidades carcelarias, avances en tecnologías de monitoreo electrónico de arresto domiciliario y gestión de capacitaciones para personal penitenciario.

"El trabajo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico de Salta es un gran ejemplo en relación con los asuntos penitenciarios. La articulación con la Justicia es permanente para promover mejoras al sistema, avanzamos en el financiamiento de nuevas obras en unidades carcelarias como en el posicionamiento prioritario en la entrega de unidades modulares previstas para el corto plazo", indicó Lucena.

Prevención de la tortura

El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia difundió que promueve la conformación de un mecanismo de prevención de la tortura y otros tratos y penas crueles e inhumanos en Salta e impulsa acciones de fortalecimiento de la Justicia penal juvenil.

Invitado por Unicef Argentina, el Servicio Habitacional y de Acción Social (Sehas) y Pensamiento Penal Capítulo Salta, el director de Promoción y Formación de Derechos Humanos y representante del Mecanismo Local de Prevención de Tortura, Ricardo Nioi, presentó el jueves los avances de la provincia y las acciones que se podrán desarrollar para la prevención.

"Salta creó el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Actualmente solo Mendoza, Chaco, Misiones, Corrientes y Salta están revisando sus sistemas. El principal objetivo es monitorear y proponer cambios que mejoren las condiciones de privación de la libertad y proponer mejoras en distintas instituciones donde se produzcan situaciones de mal trato", indicó Nioi.

A través de este sistema, se prevé la conformación de un Comité que realiza visitas y una Comisión, integrada por organizaciones públicas y sociales, que estará encargada de analizar lo monitoreado a fin de proponer políticas públicas para erradicar situaciones de tortura.

 

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