Miguel Matías Desimone, el joven empresario que enfrenta denuncias de estafa en urbanizaciones y fideicomisos inmobiliarios administrados por la empresa IKBA, tiene diez días para entregar dos departamentos y una oficina que el diputado nacional Andrés Zottos reclama en una torre de Tartagal.
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Miguel Matías Desimone, el joven empresario que enfrenta denuncias de estafa en urbanizaciones y fideicomisos inmobiliarios administrados por la empresa IKBA, tiene diez días para entregar dos departamentos y una oficina que el diputado nacional Andrés Zottos reclama en una torre de Tartagal.
El edificio, que tiene las obras paralizadas en Warnes 22, empezó a construirse hace ocho años en un terreno que Zottos transfirió a Desimone, en mayo de 2010, a cambio de un departamento de dos ambientes y un local comercial. El legislador, además, le pagó a IKBA por otro departamento, de un ambiente, que tampoco recibió.
"Zottos no tiene ninguna responsabilidad en el Fideicomiso de Administración Torres de Tartagal, no es copropietario, ni tiene relación comercial alguna con Desimone", remarcó ayer su abogado, Bernardo Solá, tras aclarar que el exvicegobernador "es otro de los damnificados por los incumplimientos de la empresa IKBA y su administrador".
El pasado jueves, a través de una carta documento, Solá intimó a Desimone a cumplir con todas las obligaciones que tiene pendientes con su mandante en un plazo de 10 días. El letrado lo hizo "personalmente responsable y solidario con IKBA, por los daños y perjuicios" causados. También lo intimó a desmentir públicamente, y en un plazo útil, "las versiones periodísticas que vinculan a Miguel Andrés Costas Zottos como asociado o partícipe de negocios con usted y/o IKBA SA".
Solá anticipó que, en caso de incumplimiento a los términos establecidos en la carta documento, recibió "expresas instrucciones" del diputado nacional de Tartagal de iniciar "acciones penales y civiles" sin más trámites.
Zottos heredó la propiedad de Warnes 22 de su madre el 30 de diciembre de 1980, según la escritura de donación que certificó el notario Raúl José Goytia y que se inscribió en la Dirección General de Inmuebles el 29 de enero de 1981.
En la cédula parcelaria de la matrícula 14.238 de San Martín, Desimone figura como único titular desde el 28 de mayo de 2010, fecha en la que se asentó la transferencia del dominio al Fideicomiso de Administración Torres de Tartagal. Esa escritura, certificada por la titular del Registro Notarial 31, Carolina Pérez Aranda, es una de las pruebas que Solá llevaría a la Justicia.
En declaraciones de bienes presentadas ante la AFIP y la Escribanía de Gobierno de la Provincia, Zottos también expuso el desprendimiento del inmueble heredado y los derechos que adquirió junto a otros damnificados en la torre de Tartagal. Uno de ellos es Walter Escribas, un médico de Embarcación que terminó de pagar un departamento en octubre de 2013 y sigue en la espera. El facultativo, que también canceló hace más de dos años una vivienda que tampoco le entregaron en la ubanización cerrillana Cielos del Valle, mencionó a Zottos en más de una nota periodística. Según él, fue en IKBA donde le dijeron que el diputado nacional estaba supuestamente asociado con Desimone y el empresario de la construcción Juan Pedro Garín en el fideicomiso de Warnes 22.
Ahora, ante la carta documento que le remitió Solá el pasado jueves, el propio Desimone deberá desmentir públicamente la supuesta relación que el abogado de Zottos ya aclaró con constancias documentales en la mano.
Denuncias que están en espera
Las 78 denuncias que la Secretaría de Defensa del Consumidor recibió contra IKBA y elevó al Ministerio Público Fiscal podrían caer en saco roto si los afectados no las formalizan con patrocinio legal. Eso le dijeron al abogado Javier Latorre en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, según manifestó el propio letrado.
Latorre representa a uno de los tantos damnificados, Ricardo Cabrera, en una causa testigo que tiene a Miguel Desimone y a Jorge Héctor Dib Ashur coimputados por estafa. El proceso penal se abrió ante una denuncia que presentó Cabrera, en junio de 2017, por un departamento que compró en la torre Lyon. Con las obras de ese edificio paralizadas en Deán Funes 535, los responsables de IKBA se comprometieron a devolverle el dinero, pero en una oportunidad todo quedó en promesas y en otra los cheques librados por IKBA terminaron rechazados por falta de fondos.
Tras la audiencia de imputación realizada el 21 de mayo, Desimone entabló con Cabrera una mediación que terminó, días atrás, en un nuevo compromiso de pago.
Más allá de ese acuerdo, el proceso penal debería seguir por sus cauces naturales, aunque hasta aquí la Fiscalía no atendió la posible comisión de otro delito, por el centenar de cheques que IKBA libró sin fondos en menos de un año, ni vio entidad en las denuncias giradas por Defensa del Consumir para considerarlas en la causa.