El Gobierno provincial les garantizará estabilidad fiscal a todas las empresas y emprendimientos por el plazo de diez años. Como incentivos para atraer inversiones y promover el desarrollo, ofrecerán subsidiar tasas de intereses de créditos de hasta 5 puntos y eximir de tributos como sellos o ingresos brutos por hasta nueve años.
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El Gobierno provincial les garantizará estabilidad fiscal a todas las empresas y emprendimientos por el plazo de diez años. Como incentivos para atraer inversiones y promover el desarrollo, ofrecerán subsidiar tasas de intereses de créditos de hasta 5 puntos y eximir de tributos como sellos o ingresos brutos por hasta nueve años.
Desde el Gobierno invitaron a los municipios a tener un mismo esquema fiscal, que dé previsibilidad al arco empresario para poder instalarse o expandirse y crear puestos de trabajo.
Entre las batería de anuncios, enmarcados en la promulgación de la nueva de ley de estabilidad fiscal para la generación de empleo, se creó un sistema único de promoción de inversiones, que otorgará certificados de crédito fiscal, con un aporte de hasta el 40 por ciento de los recursos invertidos. La devolución contempla cinco años de gracia, sin interés, y los pagos serán en cuotas fijas en cinco años, que regirán recién seis años después de que el emprendimiento se ponga en marcha.
Ayer, el gobernador Juan Manuel Urtubey y el jefe de Gabinete de la Provincia, Fernando Yarade, encabezaron la presentación de los alcances que tiene la nueva legislación para el fomento productivo, políticas para el favorecer el comercio local y otros cambios legislativos y administrativos para agilizar el funcionamiento de las sociedades empresarias.
A través del decreto 8.086, Urtubey puso en vigencia los 117 artículos de la ley, con principal enfoque en motorizar actividades como la industria, el turismo, el arte escénico, un polo audiovisual, la salud humana, la ganadería, las energías renovables, la minería, los hidrocarburos, el software y la tecnología y la forestoindustria.
De hecho, el denominado sistema único de promoción de las inversiones privadas estará a cargo de la directora ejecutiva Graciela Pinal de Cid.
El mandatario salteño remarcó que se busca generar empleo ante un contexto adverso. "La Argentina no está pasando por un buen momento. O nos quedamos lamentando o encaramos acciones para superar estas instancias", acentuó Urtubey.
A la coyuntura se suma la baja competitividad que tiene la provincia por su lejanía del puerto y por la falta de infraestructura.
El Registro de Comercio, por otra parte, dejará la órbita judicial y pasará a depender de la Inspección de Personas Jurídicas en un plazo de 24 meses.
En el ámbito local se creará un registro industrial, que servirá como una herramienta para contar información sistematizada del sector.
Yarade expuso que se habilitará un régimen de propiedad participada, una articulación entre los sectores público y privado para proyectos de inversión. "La ley prevé la exención de impuestos para este vinculo, que es una herramienta de desarrollo económico, que a futuro, puede servir y un generar un marco interesante", destacó el funcionario.
En el caso de la eximición de los tributos, se prevén cinco años para nuevos emprendimientos y cuatro para ampliaciones de plantas. Se pueden prorrogar cuatro años, por lo que el máximo del beneficio es de nueve años.
Para los beneficiarios del Sistema Único de Promoción de las Inversiones Privadas, se dispondrán de comodatos de hasta 20 años de áreas fiscales o locación a "precio de fomento de bienes del Estado".
En el acto también estuvo la ministra de Ambiente, Producción y Trabajo, Paula Bibini, y el titular de la cartera de Turismo, Juan Lavallén.
Las autoridades, de acuerdo a la nueva normativa, realizarán gestiones de créditos ante entidades públicas o privadas y la tramitación de beneficios nacionales.
La semana pasada, por cierto, Urtubey y otros funcionarios mantuvieron una reunión con el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga.
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