Contadores utilizaban a jubilados como usina de facturas truchas

Una millonaria estafa contra el fisco nacional pergeñada por contadores salteños se está derrumbando y en su caída amenaza arrastrar al menos a cinco grandes empresas de nuestro medio, se informó.

En la mañana de ayer desde la fiscalía federal a cargo de Ricardo Toranzos se solicitó a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) el allanamiento simultáneo de cinco domicilios en el casco céntrico y barrios residenciales de esta capital.

En uno de estos domicilios no solo se secuestró material importatísimo para la causa sino que se detuvo a un contador público nacional de apellido Palópoli, domiciliado en una mansión del barrio Tres Cerritos, sobre calle Los Parrales.

Otros allanamientos se realizaron sobre los domicilios ubicados en calle Tucumán al 700 y pasaje Del Temple al 400, más otros dos en el macrocentro salteño, donde funcionan los estudios contables de dos profesionales en la materia.

De fuentes judiciales se estableció que en los últimos meses, estos contadores, cinco en total, estuvieron empapelando la AFIP con factura pertenecientes o emitidas en una o varias usinas de facturaciones de empresa inexistentes, creadas al fin de emitir servicios fantásticos e intercambio de bienes inexistentes, por montos millonarios, que en solo cinco meses superaron, según una fuente, los 350 millones de pesos.

Estas facturas fueron emitidas desde empresas fantasmas, cuyo titular o el cuit del mismo garantizaban supuestamente la legalidad del emprendimiento y la facturación de sus movimientos económicos financieros que no resistieron el entrecruzamiento de datos de la AFIP.

De la consulta con una alta fuente de la Justicia federal, la misma graficó que estas empresas, que fueron detectadas como inexistentes o "truchas", emitieron facturas por 350 millones de pesos, de las cuales muchas fueron detenidas o impugnadas por la AFIP, pero otras pasaron y dañaron al fisco nacional en más de 90 millones de pesos, hasta ahora, porque -según la fuente- las usinas de facturas pueden ser aún más.

En este contexto, la fuente aseguró que las detenciones podrían aumentar en las próximas horas como así también la publicidad de las empresas que se beneficiaron con la quita de ganancias, por el descuento de estas millonarias facturas.

Es decir, una empresa lograba achicar sus ganancias presentando una facturación abultada sobre bienes y consumos inexistentes y su imposición tributaria se veía menguada en un 20% como mínimo.

Según graficó la fuente, las empresas que compraron estas facturas a la banda de contadores que están siendo investigados oblaron al erario público hasta un 40% menos de sus obligaciones tributarias -en el peor de los casos- y entre un 10 y un 20% en otras empresas no menos dolosas sino menos escandalosas.

No trascendió cuáles eran las comisiones que recibían los contadores que evadían a través de papeles apócrifos las obligaciones tributarias de terceros, pero una fuente de la investigación deslizó que se trataba de una comisión por venta del 5% de la factura que se colocaba en el balance o informe tributario para la homologación de la AFIP.

Jubilados emisores

La nota color del operativo de ayer la dio una alta fuente de la fiscalía federal actuante, al asegurar que 35 personas de escasos o ningún recurso económico viable eran los emisores de facturas de venta por servicios o bienes que superaban largamente todos los haberes que podrían haber cobrado en toda su vida.

"No sabemos cómo esta gente (los jubilados y gente de escasos recursos) se prestó para la maniobra. Suponemos que en algunos casos le robaron los datos; en otros se los compraron por unas monedas y también puede haber casos de complicidad", dijo la fuente.

 Ricardo Toranzos, el fiscal de la causa.

A los pobres no

Para el fiscal federal Ricardo Toranzos, la causa está muy encaminada y al borde del esclarecimiento total. “Allanamos cinco lugares y detuvimos a una persona, un contador. Vamos a ver la situación de otros cuatro profesionales en las próximas horas y la de los responsables de las empresas que participaron en la estafa al erario público”, dijo.
“Que se queden tranquilos los pobres jubilados implicados, no los vamos a allanar. La PSA en sus informes indicó claramente que no tienen bienes ni nada que haga presumir que la maniobra los haya enriquecido”, finalizó el fiscal Toranzos.
 

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