Unos 60 millones de pesos se dispondrán para la aplicación de la nueva ley de promoción y estabilidad fiscal para la generación de empleo, que se reglamentó el lunes.
El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, dijo que la ley establecerá una asignación presupuestaria por ítem y los proyectos serán analizados por la unidad creada para tal fin, que estará a cargo de Graciela Pinal de Cid.
La legislación estipula la creación de un sistema para fomentar las inversiones, la exención de impuestos, el subsidio de tasas en créditos y otros beneficios fiscales y apoyo técnico no solo para pymes sino para todas las empresas, que tendrán estabilidad fiscal por diez años.
Yarade destacó que esta nueva herramienta “muestra una perspectiva de lo que será el desarrollo económico de la Provincia en las distintas áreas, como la industria audiovisual, la ganadería, los hidrocarburos, la minería y la salud, entre otros”.
“Si las finanzas de la Provincia nos permiten, incrementaremos este monto, de manera que podamos destinar entre 10 y 20 millones por ítem”, sostuvo el funcionario, al tiempo que consideró que “hay sectores que son muy interesantes, como, por ejemplo, la innovación en servicios de salud y de energías renovables”.
En el primer caso puntualizó que el Gobierno busca que “los salteños no tengan que ir a Buenos Aires o a otras provincias para hacerse tratamientos específicos que por carencia de equipamiento y tecnología no están disponibles en la provincia”. Quienes quieran invertir en este tipo de servicios no solo tendrán la posibilidad de obtener créditos a través de certificados fiscales sino que, además, podrán devolverlos con cinco años de gracia, sin actualización ni intereses.
El jefe de Gabinete explicó que si bien esto significa solo una proporción de la inversión, que puede llegar hasta el 40%, “se trata de un buen apalancamiento financiero, a lo que se puede agregar también la posibilidad de tener subsidios con tasas hasta de 5 puntos, exenciones en los impuestos provinciales, en los impuestos a los ingresos brutos, en los impuestos a las cooperadoras e impuesto inmobiliario rural”.
Yarade reiteró que la nueva ley de promoción y estabilidad fiscal para la generación del empleo busca fortalecer y consolidar la inversión privada en la provincia, que es la mejor manera de crear puestos de trabajo genuinos para los salteños, haciendo atractiva la radicación de nuevas empresas.
Otro aspecto importante de la ley que resaltó Yarade es la posibilidad de que la Inspección General de Personas Jurídicas absorba el Registro Público de Comercio, pasando de la órbita judicial al Poder Ejecutivo. “Esto le imprimirá dinámica y agilidad a los trámites administrativos de la actividad empresarial. Es una transición interesante, ya que, por ejemplo, la constitución de sociedades, contratos, disoluciones, rúbrica de libros, toda esa dinámica que tiene una empresa quedará dentro del espectro del organismo provincial”, dijo.
Finalmente, el jefe de Gabinete consideró que esta ley “es muy completa, ya que tiende a mostrar un marco de estabilidad y seguridad jurídica, respecto de las cuestiones tributarias para los próximos 10 años”.
inicia sesión o regístrate.
Unos 60 millones de pesos se dispondrán para la aplicación de la nueva ley de promoción y estabilidad fiscal para la generación de empleo, que se reglamentó el lunes.
El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, dijo que la ley establecerá una asignación presupuestaria por ítem y los proyectos serán analizados por la unidad creada para tal fin, que estará a cargo de Graciela Pinal de Cid.
La legislación estipula la creación de un sistema para fomentar las inversiones, la exención de impuestos, el subsidio de tasas en créditos y otros beneficios fiscales y apoyo técnico no solo para pymes sino para todas las empresas, que tendrán estabilidad fiscal por diez años.
Yarade destacó que esta nueva herramienta “muestra una perspectiva de lo que será el desarrollo económico de la Provincia en las distintas áreas, como la industria audiovisual, la ganadería, los hidrocarburos, la minería y la salud, entre otros”.
“Si las finanzas de la Provincia nos permiten, incrementaremos este monto, de manera que podamos destinar entre 10 y 20 millones por ítem”, sostuvo el funcionario, al tiempo que consideró que “hay sectores que son muy interesantes, como, por ejemplo, la innovación en servicios de salud y de energías renovables”.
En el primer caso puntualizó que el Gobierno busca que “los salteños no tengan que ir a Buenos Aires o a otras provincias para hacerse tratamientos específicos que por carencia de equipamiento y tecnología no están disponibles en la provincia”. Quienes quieran invertir en este tipo de servicios no solo tendrán la posibilidad de obtener créditos a través de certificados fiscales sino que, además, podrán devolverlos con cinco años de gracia, sin actualización ni intereses.
El jefe de Gabinete explicó que si bien esto significa solo una proporción de la inversión, que puede llegar hasta el 40%, “se trata de un buen apalancamiento financiero, a lo que se puede agregar también la posibilidad de tener subsidios con tasas hasta de 5 puntos, exenciones en los impuestos provinciales, en los impuestos a los ingresos brutos, en los impuestos a las cooperadoras e impuesto inmobiliario rural”.
Yarade reiteró que la nueva ley de promoción y estabilidad fiscal para la generación del empleo busca fortalecer y consolidar la inversión privada en la provincia, que es la mejor manera de crear puestos de trabajo genuinos para los salteños, haciendo atractiva la radicación de nuevas empresas.
Otro aspecto importante de la ley que resaltó Yarade es la posibilidad de que la Inspección General de Personas Jurídicas absorba el Registro Público de Comercio, pasando de la órbita judicial al Poder Ejecutivo. “Esto le imprimirá dinámica y agilidad a los trámites administrativos de la actividad empresarial. Es una transición interesante, ya que, por ejemplo, la constitución de sociedades, contratos, disoluciones, rúbrica de libros, toda esa dinámica que tiene una empresa quedará dentro del espectro del organismo provincial”, dijo.
Finalmente, el jefe de Gabinete consideró que esta ley “es muy completa, ya que tiende a mostrar un marco de estabilidad y seguridad jurídica, respecto de las cuestiones tributarias para los próximos 10 años”.
“Transparencia para los proyectos”
“Uno de los aspectos importantes en los que estamos trabajando es en la normativa específica para la presentación y tramitación de los proyectos productivos y de servicios”, señaló Graciela Pinal de Cid, directora ejecutiva del Sistema Único de Promoción de las Inversiones Privadas, organismo creado por la recientemente promulgada ley de promoción y estabilidad fiscal para la generación de empleo en la provincia de Salta.
La funcionaria destacó la importancia de determinar estos mecanismos para “garantizar transparencia, de tal modo que las empresas estén seguras que cuando presentan proyectos, todas estén en igualdad de condiciones para ser analizados y reciban, en consecuencia, los beneficios a futuro”.
En el proceso intervendrán todas las áreas del Gobierno provincial que contemplen actividades promovidas para el financiamiento, considerando que a partir de la ley se unifica el fomento de las inversiones. “Es como una ventanilla única para canalizar las promociones de inversiones en la provincia”, definió Pinal de Cid.
Podrán ser beneficiarios quienes realicen inversiones en emprendimientos de actividades industriales, turísticas culturales y de industria audiovisual, ganaderas, servicios de salud humana, generación de energía renovable, mineras, hidrocarburífera, industria del software y tecnología y forestoindustrial. Incluye nuevos emprendimientos y ampliaciones que mejoren o aumenten la producción de bienes y servicios.
La funcionaria recordó que entre las medidas de carácter promocional previstas por la ley se cuenta la exención de algunos de los tributos provinciales existentes o que se creasen, excluidas las tasas retributivas de servicios; certificados de crédito fiscal por un monto de hasta el 40% de las inversiones a realizar, los que podrán ser utilizados para el pago de los Impuestos a las actividades económicas, de sellos e inmobiliario rural.
También se les podrá ceder en comodato, o locar a precio de fomento, bienes públicos.