La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito judicial Tartagal fijó para el próximo 24 de julio próximo el comienzo del juicio contra seis mayores y dos menores imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una niña wichi en la misión aborigen Alto La Sierra, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria.
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La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito judicial Tartagal fijó para el próximo 24 de julio próximo el comienzo del juicio contra seis mayores y dos menores imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una niña wichi en la misión aborigen Alto La Sierra, en jurisdicción del municipio de Santa Victoria.
La menor de 12 años estaba embarazada cuando fue violada por la banda de depravados, el 29 de noviembre de 2015. En la causa están imputados Jorge Gabriel Salas, Sebastián Matías Salvatierra, Pantaleón Javier Mansilla, Luis Fernando Lamas, Omas Alcides Arias, además de tres jóvenes que al momento de los hechos era menores y que están identificados con las iniciales J.M.S., A.L.S. y E.E.M.
El juicio, que se extenderá hasta el 2 de agosto, será presidido por el camarista Anastasio Vásquez Sgardelis, a quien acompañarán los vocales Osvaldo Miguel Chehda y Ricardo Hugo Martoccia. El Ministerio Público estará representado por el fiscal Pablo Cabot y como defensores de los imputados estarán los abogados Marcelo Arancibia, Sarah Esper, Sergio Heredia y Natalia Pagani. En tanto que como querellante intervendrá la defensora de Violencia Familiar y de Género, Andrea Magadán.
Este caso tuvo amplia difusión a nivel provincial y nacional no solo por el accionar de los depravados, sino porque la víctima era una niña con un retraso madurativo y que apenas puede comunicarse. A esto se sumó el hecho de que la jovencita estaba embarazada al momento del ataque sexual y que luego debió ser sometida a un aborto al haberse determinado que el bebé que había gestado presentaba malformación en la parte craneana y que no tenía posibilidades de vida.
Al nivel sanitario y judicial también surgieron una serie de irregularidades. A la niña no se le practicó un hisopeado vaginal en el hospital de Alto La Sierra, donde fue llevada tras el ataque. La recolección del material biológico y la comparación genética hubiese sido clave, se dijo en su momento. El caso también trajo aparejada la remoción del fiscal Armando Cazón, al que se acusó de haber cometido fallas en la investigación, por el que fue sometido a un jury de enjuiciamiento que no prosperó. Por esta situación se hizo cargo el fiscal Pablo Cabot, quien logró reunir los elementos de prueba para llevar a juicio a los ocho imputados, todos ellos residente en Alto La Sierra.