Ester y María Angélica son dos docentes de Orán que llegaron a la ciudad para abonar las cuotas de las viviendas que les fueron adjudicadas hace 24 años, en la localidad del norte. Frente a la polémica sobre las casas que se encuentran deshabitadas y van a ser desadjudicadas, las mujeres manifestaron su alegría por esas decisión y aseguraron a El Tribuno que en Orán los mismos vecinos conocen cuáles son las casas que no están ocupadas.
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Ester y María Angélica son dos docentes de Orán que llegaron a la ciudad para abonar las cuotas de las viviendas que les fueron adjudicadas hace 24 años, en la localidad del norte. Frente a la polémica sobre las casas que se encuentran deshabitadas y van a ser desadjudicadas, las mujeres manifestaron su alegría por esas decisión y aseguraron a El Tribuno que en Orán los mismos vecinos conocen cuáles son las casas que no están ocupadas.
"Es común que haya casas que están o alquiladas o no viva nadie. Eso da mucha tristeza porque las podrían estar ocupando personas que realmente las necesitan. Creo que ahí el IPV falla en los controles, porque no puede ser que existan tantas", expresaron las mujeres.
Estas exdocentes, hoy jubiladas, comentaron que los propietarios de las 250 casas que conforman el barrio en el que viven hicieron un acuerdo con el IPV donde ellos ponían un terreno y el organismo se encargaba de realizar la construcción de las viviendas.
"Me acuerdo que en esa época era imposible sacar un crédito hipotecario para construir tu casa. Por suerte pudimos hacer este acuerdo, primero tuvimos que pagar el terreno, después un monto de ingreso que en ese entonces era alto. Hoy las cuotas son muy bajas", expresó Ester.
Las dos jubiladas comentaron que las cuotas que pagan en la actualidad, después de 24 años, son extremadamente reducidas. El monto que tienen que desembolsar mes a mes es de 60 pesos, casi lo que vale un kilo de pan en cualquier panadería de la provincia.
"Hoy es más fácil acceder a un crédito, sin embargo, las casas del IPV deberían ser para los que menos tienen y en un sorteo transparente. No debería ser a dedo, como muchas veces ocurre, hay gente que verdaderamente necesita una vivienda", finalizaron.
En los últimos años el IPV realizó sorteos públicos en distintas localidades para la adjudicación de viviendas. Ahora, con una nueva disposición de la Nación, los organismos de vivienda de las provincias deberán concentrarse en resolver el déficit habitacional de las familias que ganen menos de dos salarios mínimos.
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