Días atrás, la Corte de Justicia de Salta confirmó la quita de una vivienda social, tras una causa que abrió el IPV y que ya tenía sentencia en primera instancia. El organismo había emitido la resolución de desadjudicación en 2012. Seis años después, quedó firme, por la Justicia, la determinación.
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Días atrás, la Corte de Justicia de Salta confirmó la quita de una vivienda social, tras una causa que abrió el IPV y que ya tenía sentencia en primera instancia. El organismo había emitido la resolución de desadjudicación en 2012. Seis años después, quedó firme, por la Justicia, la determinación.
El caso causó revuelo en las redes sociales. Se trata de una vivienda en barrio Los Ceibos que había sido otorgada a una pareja con dos hijos en febrero de 2009.
Pero en 2011, se hicieron dos inspecciones de habitabilidad sin resultado. A ello se sumó la morosidad en el pago de las cuotas. La familia se defendió al responder que las inspecciones se hicieron en horario laboral y cuando los niños estaban en la escuela.
El caso ADP
Otro proceso de desadjudicación que causó revuelo fue el de Patricia Argañaraz, secretaria general de Agremiación Docente Provincial (ADP).
El 5 de enero de este año, el IPV anunció que comenzaba el proceso de desadjudicación de las viviendas otorgadas a Argañaraz y a Ana María Cerezo. Estas unidades están ubicadas en el grupo Construcción 35 Viviendas del barrio Parque General Belgrano.
Desde el organismo informaron que actualmente se presentó un recurso y se está evaluando la situación a los fines de continuar con el procedimiento legal establecido.
Las viviendas otorgadas a las referentes gremiales fueron adjudicadas por medio de un convenio entre el Ministerio de Educación y la ADP, siendo el gremio el que proponía a los beneficiarios, las mismas fueron entregadas bajo el régimen de tenencia precaria en noviembre de 2014.
Justificación
Ante la consulta de los medios acerca de autoadjudicación de la vivienda, aprovechando un convenio entre el gremio, el IPV y el Ministerio de Educación, Argañaraz contestó cuando estalló la polémica: "Pero más vale, eso es verdad. A nosotros nos dieron una cantidad, tenemos más de 10.000 inscriptos en el IPV. No solamente soy yo, son todos los sindicatos. Tengo la ficha en el IPV hace 20 años y nunca tuve la suerte de tener vivienda en ningún lugar de la provincia ni siquiera vivienda propia".
Además, sobre las reformas que estaba haciendo en su vivienda, dijo que sacó un crédito bancario para afrontar los costos.
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